By Arlen Cortez
More than a year after the passage of the General Metallic Mining Law in December 2024, social, environmental, and religious organizations stated that information on mining projects in El Salvador remains under seal.
During a public statement on Monday, March 30, marking the ninth anniversary of the 2017 law that banned mining, representatives indicated there is no access to official information on mining activities in the country.
"You can't even find out about the environmental impact studies — since the information is under seal — to say what kind of components are going to be used in a metal extraction process," one of the representatives explained.
The organizations also noted that, because the information is under seal, there is no clarity on whether mining activities are currently underway or what stage potential projects may be in.
"Right now, as I've said, with the information under seal there's nothing, you can't access anything. Neither the Environment Ministry nor any other entity has reported on what activities are being carried out."
In that context, they cited a history of mining exploration in the country prior to the 2017 ban, as well as the recent registration of companies linked to the sector. They also referenced the presence of foreign companies that have acquired properties historically associated with mining operations.
"The most advanced case is the Titán company — it's a U.S. company that already acquired Pacific Rim's former properties in Cabañas, and we have information that several companies have come to the registry to register."
The remarks fall within broader criticisms of the passage of the current legislation, which, they explained, was approved without public debate or technical studies. During the event, the organizations reiterated their demand to repeal the General Metallic Mining Law.
They also raised concerns about potential environmental and health impacts, particularly given the context of water availability in the country and the use of chemical substances in extraction processes.
Información sobre proyectos mineros sigue en reserva, afirmaron organizaciones
Por Arlen Cortez
A más de un año de la aprobación de la Ley General de Minería Metálica, en diciembre de 2024, organizaciones sociales, ambientales y religiosas señalaron que la información sobre proyectos mineros en El Salvador sigue siendo reservada.
Durante un pronunciamiento realizado este lunes 30 de marzo en el marco del noveno aniversario de la ley que prohibió la minería en 2017, representantes indicaron que no existe acceso a información oficial sobre las actividades mineras en el país.
"No se puede saber ni siquiera los estudios de impacto ambiental, como la información está en reserva, para decir qué tipo de componentes se van a utilizar en un proceso de extracción metálica", expuso uno de los representantes.
Las organizaciones también señalaron que, debido a la reserva de información, no hay claridad sobre si actualmente se están ejecutando actividades mineras o en qué etapa se encuentran posibles proyectos.
"En este momento, como he dicho, con la reserva de información ahora no hay nada, no se puede acceder, ni el ministerio de Medio Ambiente, ni ninguna otra entidad ha dado cuenta de cuáles son las actividades que se están desarrollando."
En ese contexto, mencionaron antecedentes de exploración minera en el país previo a la prohibición de 2017, así como el registro reciente de empresas vinculadas al rubro. Además, hicieron referencia a la presencia de compañías extranjeras que han adquirido propiedades históricamente asociadas a operaciones mineras.
"El caso más avanzado es el de la empresa Titán, es una empresa estadounidense que ya adquirió las antiguas propiedades de Pacific Rim en Cabañas y tenemos información que al registro han llegado varias empresas a registrarse."
El señalamiento se enmarca en críticas a la aprobación de la normativa vigente, la cual, según expusieron, fue avalada sin debate público ni estudios técnicos. Durante la actividad, las organizaciones reiteraron su demanda de derogar la Ley General de Minería Metálica.
Asimismo, expusieron preocupaciones sobre posibles impactos ambientales y en la salud, en particular por el contexto de disponibilidad de agua en el país y el uso de sustancias químicas en procesos extractivos.