NEW YORK, March 27, 2026 – The Committee on the Rights of the Child (CRC) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF) express their deep concern over reforms to the Juvenile Criminal Law in El Salvador that allow the imposition of life sentences on persons under the age of 18.
It is essential that El Salvador continue to strengthen its juvenile justice system to ensure accountability for acts committed, protection and access to remedies for victims, while also securing real opportunities for development, learning, and social reintegration.
The imposition of life sentences and excessively long terms of imprisonment on adolescents contravenes the principles enshrined in the Convention on the Rights of the Child. These minimum standards require that adolescents in conflict with the law receive treatment that prioritizes their rehabilitation and reintegration, and that the deprivation of liberty be used only as a measure of last resort and for the shortest possible time.
Detention is not only harmful to adolescents but also highly costly and ineffective at preventing crime. It has negative impacts on the physical and mental health of adolescents and undermines their education and future livelihood opportunities.
We recognize El Salvador’s willingness to comply with the Convention on the Rights of the Child and the progress achieved to date. This commitment provides a solid foundation for deepening dialogue and advancing the implementation of the convention. This can help adolescents in conflict with the law successfully reintegrate into their communities and rebuild their lives after serving their sentences. In this way, they will be able to benefit from the new opportunities the country has to offer.
The Committee on the Rights of the Child and UNICEF call on all competent authorities to ensure that any reform preserves the specialized nature of the juvenile justice system and fully guarantees the rights of all children and adolescents.
Declaración conjunta del Comité de los Derechos del Niño y UNICEF sobre la prisión perpetua para adolescentes en El Salvador
NUEVA YORK, 27 de marzo de 2026 – El Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expresan su profunda preocupación ante las reformas a la Ley Penal Juvenil en El Salvador, las cuales habilitan la imposición de penas de prisión perpetua a personas menores de 18 años.
Es fundamental que El Salvador continúe fortaleciendo su sistema de justicia juvenil para garantizar la determinación de responsabilidad por los actos cometidos, protección y acceso a recursos para las víctimas, al tiempo que asegure oportunidades reales para el desarrollo, el aprendizaje y la reintegración social.
La imposición de penas de prisión perpetua y de medidas de encarcelamiento excesivamente prolongadas a adolescentes contraviene los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos mínimos estándares exigen que los adolescentes en conflicto con la ley reciban un trato que priorice su rehabilitación y reintegración, y que la privación de libertad se utilice únicamente como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible.
La detención no solo es perjudicial para los adolescentes, sino que también altamente costosa e ineficaz para prevenir el delito. Genera impactos negativos en la salud física y mental de los adolescentes, y menoscaba su educación y sus futuras oportunidades de sustento.
Reconocemos la disposición de El Salvador en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y los avances logrados hasta la fecha. Este compromiso constituye una base sólida para profundizar el diálogo y promover la implementación de la convención. Esto puede contribuir a que los adolescentes en conflicto con la ley puedan reintegrarse con éxito a sus comunidades y reconstruir sus vidas tras cumplir sus sanciones. De esta manera, podrán beneficiarse de las nuevas oportunidades que ofrece el país.
El Comité de los Derechos del Niño y UNICEF hacen un llamado a todas las autoridades competentes para que aseguren que cualquier reforma preserve el carácter especializado del sistema de justicia juvenil y garantice plenamente los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.