By Laura Jordán — March 26, 2026 6:50 PM GMT-6
The Attorney General’s Office (FGR) and the Forensic Medicine Institute (IML) say they have no records of autopsies performed on detainees who have died during the state of exception, according to responses both institutions provided to public information requests filed by this outlet.
LA PRENSA GRÁFICA sent an information request to the Attorney General’s Office on March 3, 2026. In its response, the office said it had no records of “requests made to the Forensic Medicine Institute for forensic autopsies on inmates who died in prisons, penal farms, or holding cells” during the period from March 27, 2022, to February 28, 2026.
The same request asked for a report on autopsies ordered by the Attorney General’s Office that are linked to proceedings before the Organized Crime Courts, but the office’s Document Management and Statistics Unit said these are “nonexistent.”
“The statistical information as requested in the petition has not been generated, and therefore no documents containing the specific information requested exist,” the FGR stated, citing criteria from the Institute for Access to Public Information (IAIP) establishing that nonexistence applies when a document has not been produced and that “institutions are not obligated to create new records to respond to requests.”
But its response contradicts the Forensic Medicine Institute (IML), to which the same request was also sent on February 3 of this year.
The institute, which is attached to the judiciary, declared itself “without jurisdiction” and said the information should be requested directly from the Attorney General’s Office, because “forensic autopsies are part of investigative records held by the Attorney General’s Office and the individuals involved typically have ongoing judicial proceedings.”
It added that its role is “to support the administration of justice through expert forensic opinions and scientific analyses to determine causes of death,” and said it does not perform autopsies inside hospitals, prisons, penal farms, or holding cells.
Questions over deaths under the state of exception
On March 13, 2026, the Group of Experts for the Investigation of Human Rights Violations under the State of Exception in El Salvador (GIPES) presented a report to the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) documenting at least 470 deaths of people in state custody during the state of exception and warning of possible crimes against humanity.
The experts said the Salvadoran state could be investigated for these and other acts constituting “serious human rights violations.”
The government, however, has repeatedly denied that the state of exception violates human rights. The most recent such statements came from the Salvadoran state’s representative before the IACHR, Deputy Foreign Minister Adriana Mira, when the GIPES report was presented. On that occasion, she declined to respond to the report’s findings but defended the state of exception, presenting it as an “essential” measure for the country’s security and justice.
In February, during an interview on the Tribuna EFE program at Casa Américas in Madrid, Vice President Félix Ulloa also rejected claims that deaths of detainees reported by civil society organizations and media outlets in recent years are linked to conditions resulting from the state of exception.
This outlet has also documented cases of detainees who died in prison in which family members and human rights NGOs identified signs of violence on the bodies, including fractures, wounds from sharp objects, bruising, and other injuries.
On March 26, 2026, the Legislative Assembly approved the 49th extension of the state of exception, meaning the measure has now been in effect for more than four years. Authorities have reported the arrest of 91,650 suspected gang members and a historic reduction in homicides.
Sin registro de autopsias a privados de libertad fallecidos en régimen de excepción
Por Laura Jordán — 26 DE MARZO DE 2026 18:50 HS – GMT-6
La Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Medicina Legal (IML) aseguran no contar con registros de autopsias realizadas a personas privadas de libertad que han fallecido durante la implementación del régimen de excepción, según las respuestas que ambas instituciones brindaron a solicitudes de acceso a la información públicas realizadas por este medio.
LA PRENSA GRÁFICA envió una petición de información a la Fiscalía el 3 de marzo de 2026. En su respuesta indicó que no posee en sus registros “solicitudes realizadas a Medicina Legal para la práctica de autopsias forenses en reos fallecidos en centros penales, granjas penitenciarias y bartolinas”, durante el periodo del 27 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2026.
En la misma solicitud se pidió un informe sobre las autopsias requeridas por Fiscalía y que estén vinculadas con procesos en los Tribunales contra el Crimen Organizado, pero la Unidad de Administración Documental y Estadística de la entidad indicó que estas son “inexistentes”.
“No se encuentra generada la información estadística conforme se ha requerido en la solicitud y por lo tanto no existen documentos que contengan la información específica solicitada”, fundamentó la FGR y citó criterios del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que establecen que la inexistencia aplica cuando un documento no ha sido producido y que “las instituciones no están obligadas a elaborar nuevos registros para responder a solicitudes”.
Pero su respuesta contradice al Instituto de Medicina Legal (IML), al cual se envió la misma solicitud también el 3 de febrero de este año.
La institución adscrita al Órgano Judicial se declaró “incompetente” y señaló que la información debe ser solicitada directamente a la Fiscalía, porque “las autopsias forenses forman parte de registros investigados por la Fiscalía y las personas involucradas suelen tener procesos judiciales en curso”.
Añadió que su función es “colaborar con la administración de justicia mediante dictámenes periciales forenses y análisis científicos para determinar causas de muerte” e indicó que no realiza autopsias dentro de hospitales, centros penales, granjas penitenciarias ni bartolinas.
Cuestionamientos por muertes en régimen
El 13 de marzo de 2026, el Grupo de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que documenta al menos 470 muertes de personas bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción y advierte posibles crímenes de lesa humanidad.
Los expertos señalaron que el Estado salvadoreño podría ser investigado por estos y otros hechos de “graves violaciones a derechos humanos”.
Sin embargo, el Gobierno ha negado en repetidas ocasiones que el régimen sea violatorio de los derechos humanos. Las declaraciones más recientes corresponden a la participación de la representante del Estado salvadoreño ante la CIDH, la viceministra de Relaciones Exteriores Adriana Mira, cuando fue presentado el informe del GIPES. En esa ocasión se abstuvo de responder a los señalamientos del estudio, pero defendió al régimen presentándolo como una medida “esencial” para la seguridad y justicia en el país.
En febrero pasado, durante una entrevista del programa Tribuna EFE de Casa Américas, en Madrid, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, también rechazó que los fallecimientos de personas privadas de libertad, reportados por organizaciones civiles y medios en los últimos años, estén vinculados con las condiciones derivadas del régimen de excepción.
Este medio también ha documentado casos de personas privadas de libertad fallecidas en prisión, en los que familiares y oenegés de derechos humanos han identificado indicios de violencia en los cuerpos, como fracturas, heridas con objetos cortopunzantes, hematomas, entre otros.
Este 26 de marzo de 2026 la Asamblea Legislativa aprobó la prórroga número 49 del régimen y con esto la medida ya lleva vigente más de cuatro años. Las autoridades han reportado la captura de 91,650 presuntos pandilleros y una reducción histórica de homicidios.