Radio YSUCA Staff
On March 17, 2026, Security Minister Gustavo Villatoro and Defense Minister René Merino Monroy submitted an initiative to the Legislative Assembly to reform the second paragraph of Article 27 of the Constitution, which currently prohibits life sentences.
The proposal would allow life imprisonment for crimes such as homicide, rape, and terrorism. The initiative has already been approved in the full legislature with a waiver of procedural requirements and received a favorable report from the Political Commission, meaning a final vote is expected soon.
Lawmakers also approved reforms to several laws, including the Criminal Code, the Special Law against Acts of Terrorism, the Comprehensive Special Law for a Life Free of Violence for Women, and the Juvenile Criminal Law, with the aim of regulating the application of this sentence.
Among the changes discussed in the commission, there has also been a proposal to apply the sentence to individuals as young as 12, as part of the reforms to the Juvenile Criminal Law.
In July 2024, Human Rights Watch published a report titled “Your Child Does Not Exist Here,” noting that more than 3,000 minors had been detained in El Salvador under the state of exception, a measure that to date has led to more than 90,000 arrests.
On March 19, Villatoro appeared before the Legislative Assembly’s Political Commission and proposed defining the crime of membership in terrorist organizations — such as gangs — at all levels.
The official defended the reforms pushed by the government and said they aim to strengthen public safety. “It will help us differentiate between gangs and criminal organizations,” he stated. He also indicated that the package includes review and reintegration mechanisms, and maintained that it does not represent a change to El Salvador’s justice system.
However, the specialist told YSUCA that the amendment does represent a substantial change in the approach of El Salvador’s criminal justice system. “It breaks with a historic constitutional principle — the prohibition of life sentences — and abandons the rehabilitative purpose of punishment,” he said.
The lawyer also warned that the approval process has been rushed and lacked proper technical debate. He noted that the use of the procedural waiver prevented in-depth committee review, limiting the analysis of a reform of this magnitude.
He also questioned the need for the measure. In his view, existing legislation already provides sufficiently harsh sentences for serious crimes, making a constitutional amendment unnecessary.
The expert further warned of potential legal gaps. Among them, he cited the lack of clarity regarding the retroactive application of the law — prohibited by the Constitution except in certain cases — and possible conflicts with laws such as the Penitentiary Law or the Law on Pardons and Commutations.
Another point he raised was the risk of judicial errors. “In a context of mass detentions, life imprisonment turns any error into an irreversible sentence,” he warned.
Regarding the prison system, he argued that the measure could worsen overcrowding in a country that already has one of the highest incarceration rates in the world.
He also noted that the reform could conflict with international human rights commitments by limiting any real possibility of social reintegration, a principle recognized in various treaties signed by El Salvador.
During the discussion in the Political Commission, Villatoro pointed out that life imprisonment is already applied in countries such as Canada, the United States, Peru, and Chile.
Finally, the lawyer argued that the reform is being pushed in a complex political context and warned that it could set a precedent for expanding the application of this sentence to other crimes in the future, without broad debate or public participation.
Experto en derechos humanos cuestiona reforma para implementar cadena perpetua en El Salvador
Redacción Radio YSUCA
El 17 de marzo de 2026, los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino Monroy, presentaron a la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República, que actualmente prohíbe las penas perpetuas.
La propuesta plantea que la cadena perpetua pueda aplicarse a delitos como homicidio, violación y terrorismo. La iniciativa ya fue aprobada en el pleno legislativo con dispensa de trámite y cuenta con dictamen favorable de la Comisión Política, por lo que se prevé que pase próximamente a votación final.
Además, los diputados avalaron reformas a distintas leyes, entre ellas el Código Penal, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de regular la aplicación de esta pena.
Entre los cambios discutidos en la comisión también se ha planteado que la pena pueda aplicarse a personas desde los 12 años, como parte de las reformas a la Ley Penal Juvenil.
En julio de 2024, Human Rights Watch publicó el informe titulado: “Su hijo no existe aquí” , en el que señaló que más de 3,000 menores de edad fueron detenidos en El Salvador bajo el régimen de excepción, una medida que a la fecha ha permitido más de 90 mil capturas.
El 19 de marzo, Villatoro compareció ante la Comisión Política de la Asamblea y propuso conceptualizar el delito de pertenencia a organizaciones terroristas —como las pandillas— en todos sus niveles.
El funcionario defendió las reformas impulsadas por el Gobierno y aseguró que buscan fortalecer la seguridad pública. “Nos va a ayudar a diferenciar entre bandas y organizaciones criminales”, afirmó. También indicó que el paquete incluye mecanismos de revisión y reinserción, y sostuvo que no implica un cambio en el sistema de justicia salvadoreño.
Sin embargo, el especialista explicó a YSUCA que la enmienda sí representa un cambio sustancial en el enfoque del sistema penal salvadoreño. “Se rompe con un principio histórico de la Constitución, que es la prohibición de las penas perpetuas, y se abandona el fin resocializador de la pena”, señaló.
El abogado advirtió además que el proceso de aprobación ha sido acelerado y sin el debido debate técnico. Según indicó, el uso de la dispensa de trámite impidió un estudio profundo en comisiones, lo que limita el análisis de una reforma de esta magnitud.
Asimismo, cuestionó la necesidad de la medida. A su juicio, la legislación vigente ya contempla penas suficientemente altas para sancionar delitos graves, por lo que no era indispensable modificar la Constitución.
El experto alertó también sobre posibles vacíos legales. Entre ellos, mencionó la falta de claridad sobre la aplicación retroactiva de la norma —prohibida por la Constitución salvo excepciones— y eventuales conflictos con leyes como la Penitenciaria o la de Ocursos de Gracia.
Otro de los puntos señalados es el riesgo de errores judiciales. “En un contexto de detenciones masivas, la cadena perpetua convierte cualquier error en una condena irreversible”, advirtió.
En cuanto al sistema penitenciario, sostuvo que la medida podría agravar el hacinamiento en un país que ya presenta una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo.
También señaló que la reforma podría entrar en conflicto con compromisos internacionales en materia de derechos humanos, al limitar la posibilidad real de reinserción social, principio reconocido en diversos tratados suscritos por El Salvador.
Durante la discusión en la Comisión Política, Villatoro señaló que la cadena perpetua ya se aplica en países como Canadá, Estados Unidos, Perú y Chile.
Finalmente, el abogado consideró que la reforma se impulsa en un contexto político complejo y advirtió que podría sentar un precedente para ampliar, en el futuro, la aplicación de esta pena a otros delitos sin un debate amplio ni participación ciudadana.