By Christian Sandoval
Here are five keys to explain its implementation:
1. Why was it approved and why does it continue?
The state of exception was approved on March 27, 2022, by the Legislative Assembly, dominated by the ruling Nuevas Ideas (NI) party, as an extraordinary measure after a weekend with more than 80 homicides.
This murder crisis was the result of the breakdown of a pact between the Bukele government and the gangs, according to investigations by the local news outlet El Faro.
Bukele and his Security Cabinet maintain that the state of exception has allowed them to combat the maras, free territories from the control of these organizations, and significantly reduce homicides in the country, which for years was considered one of the most violent in the world, although El Salvador had been experiencing sustained declines in murders since 2016.
This response to the wave of homicides earned Bukele great popular support and his immediate reelection, despite the Constitution prohibiting a second consecutive term.
2. In effect for four years
Even though the Bukele government claims to have dismantled the gangs’ operations with more than 91,300 arrests of gang members or people linked to these groups, Congress has successively extended the extraordinary measure up to 48 times at the request of the Executive, leading analysts to consider that it has become a mechanism of “social control.”
The state of exception entails both the suspension of rights such as the inviolability of communications and the right to defense for detainees, and extends administrative detention to 15 days.
In addition, laws have been reformed to allow for mass and collective criminal proceedings by gang group, among other legal actions.
3. Reports of violations and deaths in prisons
In the context of this regime, humanitarian organizations tally at least 6,889 reports from victims of human rights violations, with arbitrary detention in 98% of the cases, and police officers linked to 75% of the abuses.
Bukele has admitted that among these mass arrests, which have led the country to have more than 107,000 inmates in its prisons, there are at least 8,000 “innocent” people, but they remain tied to criminal proceedings despite having been granted conditional release.
4. Public support
Close to 85% of the population supports the continuation of the measure, as various surveys have revealed, and a little more than 10% are not in favor of the state of exception continuing.
Furthermore, the state of exception caused Bukele’s approval rating to reach 91.9% at the close of 2025, up from the 85.2% recorded in the middle of that year, according to a poll by the Investigative Unit of the news outlet La Prensa Gráfica (LPG Datos).
According to the publication, this approval is “driven primarily by the improvement in security.”
5. Possible crimes against humanity
A recently released report indicates that, within the framework of this regime, human rights violations have allegedly been committed that “could constitute crimes against humanity.”
The document, presented to the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and the United Nations, was prepared by the International Group of Experts for the Investigation of Human Rights Violations in the Context of the State of Exception in El Salvador (GIPES).
President Bukele criticized the report and, as he said, it “demands that the State of El Salvador release 100% of the gang members captured since the start of the state of exception,” although the report does not call for the release of all detainees, but rather to “establish exceptional mechanisms to release thousands of people detained without evidence.”
Cuatro años de estado de excepción en El Salvador: por qué se aprobó y por qué se mantiene
Por Christian Sandoval
A continuación cinco claves para explicar su aplicación:
1. ¿Por qué se aprobó y por qué se mantiene?
El régimen lo aprobó el 27 de marzo de 2022 la Asamblea Legislativa, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), como medida extraordinaria tras un fin de semana con más de 80 homicidios.
Esta crisis de asesinatos fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.
Bukele y su gabinete de Seguridad aseguran que el régimen de excepción ha permitido combatir a las maras, liberar territorios del dominio de estas organizaciones y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo, aunque El Salvador venía experimentando bajas sostenidas de los asesinatos desde 2016.
Esta respuesta a la ola de homicidios granjeó a Bukele un gran apoyo popular y su reelección inmediata, a pesar de que la Constitución prohibía un segundo mandato consecutivo.
2. En vigencia cuatro años
A pesar de que el Gobierno de Bukele afirma haber desbaratado el funcionamiento de las pandillas con más de 91.300 detenciones de pandilleros o personas ligadas a estas bandas, el Congreso ha venido ampliando la medida extraordinaria sucesivamente hasta 48 veces a petición del Ejecutivo, por lo que analistas consideran que se ha convertido en un mecanismo de «control social».
El régimen de excepción contempla tanto la suspensión de derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa de los detenidos, y amplía la detención administrativa a 15 días.
Además, se han reformado leyes para permitir la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandillas, entre otras acciones legales.
3. Denuncias de violaciones y muertes en cárceles
En el contexto de este régimen, las organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos, con detención arbitraria en el 98 % de los casos, teniendo a los agentes de la Policía vinculados al 75 % de los atropellos.
Bukele ha admitido que en estas detenciones masivas, que han llevado al país a tener más de 107.000 presos en sus cárceles, se encuentran al menos 8.000 «inocentes», pero estos siguen atados a procesos penales a pesar de tener la libertad condicional.
4. Apoyo de la población
Cerca de un 85 % de la población apoya la continuidad de la medida, según lo han revelado diversas encuestas, y un poco más del 10 % no está a favor que el régimen de excepción siga.
Además, el régimen de excepción ha llevado a que la aprobación de Bukele alcanzara al cierre de 2025 el 91,9 %, superior al 85,2 % registrado a mediados de ese año, de acuerdo con una encuesta de la Unidad de Investigación del medio La Prensa Gráfica (LPG Datos).
Según la publicación, esta aprobación es «impulsada principalmente por la mejora en seguridad».
5. Posibles crímenes de lesa humanidad
Un informe divulgado recientemente señala que, en el marco de este régimen, se habrían cometido violaciones a derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad».
El documento, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas, fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).
El presidente Bukele criticó dicho informe y, según dijo, en este «se exige que el Estado de El Salvador libere al 100 % de los pandilleros capturados desde el inicio del régimen de excepción», aunque en el informe no se llama a liberar a la totalidad de los detenidos, sino a «establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas».