Team WOLA
Since its implementation in March 2022, the regime has led to the mass detention of more than 91,000 people, many of them without warrants or sufficient evidence, in a context of serious violations of due process. Both national and international organizations have documented consistent patterns of arbitrary detentions, enforced disappearances, torture, and cruel treatment, as well as the use of collective judicial proceedings that make an effective individual defense impossible.
WOLA warns that El Salvador’s justice system is in a critical state. Legal reforms have allowed people to remain incarcerated for years without trial, while prosecutors and public defenders face unsustainable caseloads, eroding any guarantee of impartial justice. This institutional deterioration has eliminated democratic checks and balances and consolidated punitive power without effective oversight.
Particularly alarming is the rising number of deaths in state custody. Recent reports estimate at least 482 deaths in prisons during the state of exception, many of them under violent circumstances or due to lack of medical care. This reflects a humanitarian crisis within the prison system. These deaths–the vast majority of which have not been investigated–demonstrate the state’s inability, or unwillingness, to guarantee the right to life of those in its custody.
Likewise, WOLA condemns the climate of repression against critical voices, including journalists, human rights defenders, and civil society organizations, who have faced judicial persecution, detentions, and forced exile. This restrictive environment severely limits civic space and undermines the basic principles of a democratic society.
In this context, WOLA rejects the constitutional reforms promoted by the government of President Nayib Bukele, including those that allow indefinite reelection and introduce life imprisonment. These measures dangerously concentrate power and deepen the erosion of the constitutional order, further weakening the essential checks and balances of a democracy.
The institutionalization of a security model based on extreme punishment, without judicial safeguards or independent oversight, poses a serious threat to human rights and the rule of law and sets an alarming precedent in the region.
Finally, WOLA underscores the United States’ crucial role in this situation. Given the growing security cooperation between the two governments, it is imperative that the U.S. Congress exercise rigorous oversight over any agreements with El Salvador or assistance provided to it. Such oversight must ensure that cooperation does not–directly or indirectly–contribute to human rights violations and that it is conditional on respect for international standards, accountability, and the restoration of the rule of law.
WOLA urgently calls on the international community to demand an end to the state of exception, the restoration of constitutional guarantees, and the adoption of security policies that fully respect human rights.
Cuatro años de continuas violaciones a los derechos humanos en El Salvador y la erosión de la democracia
[POR] Equipo de WOLA
Desde su implementación en marzo de 2022, el régimen ha llevado a la detención masiva de más de 91,000 personas, muchas de ellas sin órdenes de captura o pruebas suficientes, en un contexto de graves violaciones al debido proceso. Tanto organizaciones nacionales como internacionales han documentado patrones consistentes de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles, así como el uso de procesos judiciales colectivos que imposibilitan una defensa individual efectiva.
WOLA advierte que el sistema de justicia de El Salvador se encuentra en un estado crítico. Las reformas legales han permitido que las personas permanezcan encarceladas durante años sin juicio, mientras que los fiscales y defensores públicos enfrentan cargas de trabajo insostenibles, lo que erosiona cualquier garantía de una justicia imparcial. Este deterioro institucional ha eliminado los pesos y contrapesos democráticos y ha consolidado el poder punitivo sin una supervisión efectiva.
Es particularmente alarmante el creciente número de muertes bajo custodia del Estado. Informes recientes estiman al menos 482 muertes en las prisiones durante el régimen de excepción, muchas de ellas en circunstancias violentas o debido a la falta de atención médica. Esto refleja una crisis humanitaria dentro del sistema penitenciario. Estas muertes —cuya gran mayoría no ha sido investigada— demuestran la incapacidad, o la falta de voluntad, del Estado para garantizar el derecho a la vida de quienes se encuentran bajo su custodia.
Asimismo, WOLA condena el clima de represión contra las voces críticas, incluyendo a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, quienes han enfrentado persecución judicial, detenciones y exilio forzado. Este entorno restrictivo limita severamente el espacio cívico y socava los principios básicos de una sociedad democrática.
En este contexto, WOLA rechaza las reformas constitucionales promovidas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, incluidas aquellas que permiten la reelección indefinida e introducen la cadena perpetua. Estas medidas concentran peligrosamente el poder y profundizan la erosión del orden constitucional, debilitando aún más los pesos y contrapesos esenciales de una democracia.
La institucionalización de un modelo de seguridad basado en el castigo extremo, sin garantías judiciales ni supervisión independiente, representa una grave amenaza para los derechos humanos y el Estado de derecho, y sienta un precedente alarmante en la región.
Finalmente, WOLA subraya el papel crucial de los Estados Unidos en esta situación. Dada la creciente cooperación en materia de seguridad entre ambos gobiernos, es imperativo que el Congreso de los Estados Unidos ejerza una supervisión rigurosa sobre cualquier acuerdo con El Salvador o asistencia que se le brinde. Dicha supervisión debe garantizar que la cooperación no contribuya —directa o indirectamente— a violaciones de derechos humanos, y que esté condicionada al respeto de los estándares internacionales, la rendición de cuentas y la restauración del Estado de derecho.
WOLA hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que exija el fin del régimen de excepción, la restauración de las garantías constitucionales y la adopción de políticas de seguridad que respeten plenamente los derechos humanos.