By La Prensa Gráfica
A report by the organization Acción Ciudadana presented this Wednesday warns of a deterioration in electoral integrity ahead of the 2027 elections, pointing to opacity in the management of the electoral process, weakness in institutional controls, and a lack of oversight over political financing. The report corresponds to a monitoring process carried out during the October–December 2025 period.
Among its main findings, the report identifies a lack of transparency in key electoral process decisions, such as the General Election Plan, the extraordinary budget, and the management of the voter registry. This opacity, the organization notes, limits oversight capacity, affects transparency, and increases distrust in the Supreme Electoral Tribunal (TSE) and the electoral process.
The document also warns of limitations in the oversight of political party financing.
“The monitoring identified signs of weakness in the mechanisms that should guarantee control and transparency regarding the origin of resources used in campaigns,” the report states.
Among these weaknesses, the report points to a lack of control in the public information system on donors and in the control and oversight systems for electoral financing. The third finding concerns the composition of temporary electoral bodies, especially the Election Monitoring Boards (JRVs), as a lack of certainty was identified regarding how they will be formed in future elections.
“This raises concerns about transparency and impartiality in the administration of voting. If citizens perceive that these bodies do not function independently and transparently, confidence in the electoral process could be affected,” the organization warns.
In its area-by-area analysis, Acción Ciudadana points to a deterioration in trust toward the TSE, due to recent constitutional reforms, a failure to disclose information, and challenges from opposition parties. Added to this is the reduction of magistrates’ terms and institutional uncertainty — factors that, according to the report, could affect the body’s credibility in the event of close results or electoral disputes.
Among them, the delayed payments to 2024 electoral staff, which could make it harder to hire personnel for 2027, as well as the lack of sanctions against those who failed to serve on Election Monitoring Boards, which opens the door to discretionary replacements.
Additionally, the report points out risks to the voter registry, due to the refusal to disclose key data and the mass expiration of identity documents, which could affect citizen participation.
On the political front, the report highlights threats to cancel parties such as ARENA and the FMLN, which could impact pluralism and generate uncertainty in electoral competition. At the same time, it underscores the lack of accountability regarding party financing, despite the fact that political organizations have received millions in public funds over the past decade, which could compromise the fairness of the elections.
Acción Ciudadana concludes that these factors, accumulated with more than a year to go before the 2027 elections, create a risk scenario for electoral integrity in El Salvador, especially if the deficiencies in transparency, institutional control, and guarantees of fair competition are not corrected.
Proceso electoral 2027 muestra señales de opacidad y debilidad institucional, señala informe de Acción Ciudadana
Por La Prensa Gráfica
Un informe de la organización Acción Ciudadana presentado este miércoles advierte sobre un deterioro en la integridad electoral de cara a los comicios de 2027, señalando opacidad en la gestión del proceso electoral, debilidad en los controles institucionales y falta de control sobre el financiamiento político. El reporte corresponde a un proceso de monitoreo realizado en el periodo octubre-diciembre de 2025.
El informe identifica entre sus principales hallazgos la falta de transparencia en decisiones clave del proceso electoral, como el Plan General de Elecciones, el presupuesto extraordinario y la gestión del registro electoral. Esta opacidad, señala la organización, limita la capacidad de fiscalización, afecta la transparencia e incrementa la desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el proceso electoral.
El documento también advierte limitaciones en la supervisión del financiamiento de partidos políticos.
“El monitoreo identificó señales de debilidad en los mecanismos que deberían garantizar el control y la transparencia en el origen de los recursos utilizados en las campañas”, señala el reporte.
Entre estas debilidades se señala la falta de control en el sistema de información pública sobre donantes y en los sistemas de control y fiscalización del financiamiento electoral. El tercer hallazgo tiene que ver con la integración de los organismos electorales temporales, especialmente las Juntas Receptoras de Votos, ya que se identificó falta de certeza con respecto a cómo se conformarán en futuras elecciones.
“Esto genera preocupaciones sobre la transparencia y la imparcialidad en la administración de la votación. Si la ciudadanía percibe que estos organismos no funcionan de manera independiente y transparente, podría verse afectada la confianza en el proceso electoral”, advierte la organización.
En el análisis por áreas, Acción Ciudadana señala un deterioro en la confianza hacia el TSE, debido a las reformas constitucionales recientes, falta de divulgación de información y cuestionamientos de partidos de oposición. A esto se suma la reducción del período de los magistrados y la incertidumbre institucional, factores que, según el informe, podrían afectar la credibilidad del organismo en caso de resultados ajustados o conflictos electorales.
Entre ellos, el retraso en pagos a personal electoral de 2024, lo que podría dificultar la contratación de recurso humano para 2027, así como la falta de sanciones a quienes no integraron juntas receptoras de votos, lo que abre la puerta a sustituciones discrecionales.
Además, señala riesgos en el registro electoral, debido a la negativa de divulgar datos clave y al vencimiento masivo de documentos de identidad, lo que podría afectar la participación ciudadana.
En el ámbito político, el informe destaca amenazas de cancelación de partidos como ARENA y FMLN, lo que podría impactar el pluralismo y generar incertidumbre en la competencia electoral. Paralelamente, subraya la falta de rendición de cuentas sobre el financiamiento partidario, pese a que las organizaciones políticas han recibido millones en fondos públicos en la última década, lo que podría comprometer la equidad de las elecciones.
Acción Ciudadana concluye que estos factores, acumulados a más de un año de las elecciones de 2027, configuran un escenario de riesgo para la integridad electoral en El Salvador, especialmente si no se corrigen las deficiencias en transparencia, control institucional y garantías de competencia equitativa.