The reports will be included in Thursday’s plenary session, according to Assembly President Ernesto Castro.

In addition to the constitutional reform, the Penal Code, the Juvenile Penal Law, the Special Law against Acts of Terrorism, and the Special Law for a Life Free of Violence for Women (LEIV) will be reformed.

The proposed reform to the Penal Code was modified at the proposal of Nuevas Ideas lawmaker Caleb Navarro, so that the penalty for accomplices to the specified crimes would be the same as for the perpetrators.

Initially, the proposal stated that for accomplices to the specified crimes, sentences would be set “from half the term up to the term established for the first review of the life imprisonment sentence,” which could have ranged from 15 to 40 years.

This is because mandatory review of the life sentence is included once 25 years have been served for crimes committed by minors; 30 years if it was a single crime; 35 if there were concurrent offenses; and 40 years when a specific aggravating factor or qualified extreme gravity applies.

ARENA lawmaker Marcela Villatoro asked why the same sentence would be imposed “as if both had the same level of involvement” and what would happen when the accomplice acted under coercion or threat.

Navarro responded with the definitions of accomplice established in the Penal Code, noting that the modification refers to the “necessary accomplice,” without whose collaboration the crime would not have been committed.

“Anyone who helped and whose help was indispensable to committing the crime has to receive the same sentence,” he stated.

He explained it would not apply in cases where the collaboration did not have such an effect, using as an example gang collaborators who “tipped off” when police arrived and who can benefit from the rehabilitation program. “They go to prison, they get detained, but not under the proposal being put forward,” Navarro said.

The lawmakers agreed to incorporate the “necessary accomplice” language into the text, but there was no support for ARENA’s proposal to add a clause excluding those who meet the conditions of Articles 153 and 154, regarding coercion and threats, respectively.

Another Nuevas Ideas proposal is for the reform to take effect 30 days after its publication in the Official Gazette, as requested by the Supreme Court of Justice (CSJ).

Defending the reform

The constitutional reform agreement was approved on March 17 at the request of the government, which presented the proposed reforms to secondary laws. In the days that followed, the Commission received the ministers of Public Security and Defense, Gustavo Villatoro and René Francis Merino; Attorney General Rodolfo Delgado; and CSJ justices Alejandro Quinteros and Fernando Marroquín Galo so they could give their assessments of the reforms.

“They expressed, from their own perspective as state officials, that the ratification of constitutional reform agreement number 6 and the criminal reforms under review are consistent with the legal framework,” Castro said.

They also noted that the reforms “reinforce fundamental principles” enshrined in the Constitution and that they “are in harmony” with the country’s commitments established in international treaties on crimes against humanity and related offenses.

“From which it could be concluded that the proposals under review do not disrupt or contradict other bodies of law and that they contribute to the government’s efforts to combat crime,” he said.

The head of the legislature criticized the judicial system for handing down lesser sentences for serious crimes such as rape.

“A person who commits that type of crime has no right to walk the streets again,” he said.

Nuevas Ideas lawmaker Raúl Chamagua said he saw comments from organizations calling the reforms “punitive populism” and that “with that jargon they use, they do it to stir up morbid curiosity.” During his remarks, he also questioned the Vamos caucus for voting against the constitutional reform.

For his part, Francisco Lira of ARENA said on X that although he supports life imprisonment, “the underlying problem is something else” and that “with this, the government continues manipulating public opinion to avoid being held accountable for reports pointing to violations of the rights of innocent people, as well as the constant weakening of democracy and freedoms in our country.”

He believes there is no substantive reform of the judicial system.

“In reality, sentences in El Salvador already reached up to 60 years before this reform, and in some cases sentences have been stacked, adding up to more than 200 years, so logically this already amounted to a life sentence,” he said.

El Diario de Hoy: https://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacionales/aplicacion-de-cadena-perpetua-tambien-sera-para-los-complices-necesarios/67279/2026/

Aplicación de cadena perpetua también será para los «cómplices necesarios»

Los dictámenes se incluirán en la sesión plenaria de este jueves, según adelantó el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.

Además de la reforma constitucional, se reformarán el Código Penal, a la Ley Penal Juvenil, a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y a la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

El proyecto de reforma al Código Penal tuvo una modificación a propuesta del diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, para que la pena para los cómplices de los delitos señalados sea la misma que para los autores.

Inicialmente, el proyecto decía que para los cómplices de los delitos señalados las penas se establecerán «desde la mitad del plazo hasta el plazo previsto para la primera revisión de la pena de prisión perpetua», que podrían haber sido desde los 15 hasta los 40 años.

Esto porque se incluye la revisión obligatoria de la pena perpetua una vez cumplidos 25 años, para delitos cometidos por menores de edad; 30 años, si fuere un solo delito; 35, si hubiese concurso de delitos; y 40 años, cuando concurra una agravante específica o extrema gravedad cualificada.

La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, consultó el motivo por el cual se definiría la misma pena «como si ambos tuvieran el mismo nivel de actuación» y qué pasaría cuando dicho cómplice actuó bajo coacción o amenaza.

Navarro respondió con las definiciones de cómplice que establece el Código Penal y que en la modificación se refiere al «cómplice necesario», sin cuya colaboración el delito no habría sido cometido.

«Aquel que ayudó y que su ayuda fue imprescindible para cometer el delito tiene que recibir la misma pena», expuso.

No aplicaría en casos donde la colaboración no tuvo tal efecto y usó como ejemplo a colaboradores de las pandillas que «avisaban» cuando llegaba la Policía y que puede beneficiarse del programa de rehabilitación. «Va preso, va detenido, pero no va bajo la propuesta que se está haciendo», expresó Navarro.

Los legisladores coincidieron en incorporar a la redacción lo de «cómplice necesario», pero no hubo respaldo a a la propuesta de ARENA de agregar un inciso para que se excluya a quienes cumplan con las condiciones de de los artículos 153 y 154, sobre coacción y amenazas, respectivamente.

Otra propuesta de Nuevas Ideas es que la reforma entre en vigencia hasta 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, tal como lo pidió la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Defienden reforma

El acuerdo de reforma constitucional se aprobó el 17 de marzo a petición del gobierno y presentó las propuestas de reformas a leyes secundarias. La Comisión recibió los días posteriores a los ministros de Seguridad Pública y de la Defensa, Gustavo Villatoro y René Francis Merino; al fiscal General, Rodolfo Delgado; y a los magistrados de la CSJ, Alejandro Quinteros y Fernando Marroquín Galo para que dieran sus valoraciones sobre las reformas.

«Expresaron, desde su propia óptica como funcionarios del Estado, que la ratificación del acuerdo de reforma constitucional número 6 y de las reformas penales en estudio se encuentran en concordancia con el ordenamiento jurídico», dijo Castro.

También señalan que «refuerzan principios fundamentales» consagrados en la Constitución y que «están en armonía» con los compromisos de país establecidos en los tratados internacionales sobre crímenes de lesa humanidad y delitos conexos.

«Por lo cual, se pudo concluir que los proyectos en estudio no tienen irrupción o contradicción con otros cuerpos normativos y los cuales contribuyen a los esfuerzos del gobierno para combatir la criminalidad», expresó.

El presidente del Órgano Legislativo criticó que el sistema judicial otorgue penas menores a delitos graves, como la violación.

«Una persona que cometa ese tipo de delitos no tiene derecho de volver a salir a la calle», comentó.

El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, dijo que vio comentarios de organizaciones que llaman «populismo punitivo» a las reformas y que «con esa jerga que ellos manejan lo hacen para generar esa morbosidad». Y en su intervención cuestionó a la fracción de Vamos que votó contra de la reforma constitucional.

Por su parte, Francisco Lira, de ARENA, dijo en X que aunque está a favor de la pena perpetua «el problema de fondo es otro» y que «con esto, el Gobierno sigue manipulando la opinión pública para evitar rendir cuentas sobre los informes que señalan vulneraciones a derechos de personas inocentes, así como el constante debilitamiento de la democracia y las libertades en nuestro país».

Considera que no hay una reforma de fondo al sistema judicial.

«En realidad, las penas en El Salvador ya alcanzaban hasta 60 años antes de esta reforma y en algunos casos se han acumulado penas, que suman hasta más de 200 años, por lo que lógicamente esto ya representaba una pena de por vida», dijo.

El Diario de Hoy: https://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacionales/aplicacion-de-cadena-perpetua-tambien-sera-para-los-complices-necesarios/67279/2026/