“Public spending on Security, Defense, and the Prison System has experienced an unprecedented increase,” said the International Group of Independent Experts for the Investigation of Human Rights Violations (GIPES) in the context of the report in which the Salvadoran State is accused of committing possible crimes against humanity during the state of exception.
The experts reached that conclusion after analyzing the different violations committed during the measure and the investment the government has made in security over the last six years.
They state that the budget for these areas in 2019 totaled $557 million, and six years later, in 2025, it had reached $1.047 billion, representing a 95% increase.
GIPES indicates that the largest increase occurred in the prison system, whose budget rose from $56 million to $140 million, representing a 150% increase.
Likewise, the budget of the Ministry of Security doubled, rising from $310 million to $617 million, while that of National Defense grew from $191 million to $309 million, a 62% increase.
The increase in security spending is placing growing pressure on public finances in a context of low economic growth and high external debt.
They note that these resources have been allocated to projects such as the Terrorism Confinement Center (CECOT), the purchase of tactical equipment, salary increases, and the logistical costs of police officers and soldiers.
According to a payment notice for the construction rights of CECOT from the Office of Planning and Land Management (Oplagest) of the Tecoluca mayor’s office, the government budgeted $135 million to build the maximum-security prison.
The only data the government has disclosed about this prison are its location and capacity, but details such as the transfer criteria and who is imprisoned there remain unknown.
La Prensa Gráfica: https://www.laprensagrafica.com/amp/elsalvador/advierten-un-modelo-de-seguridad-fiscalmente-insostenible-en-el-salvador-20260320-0071.html
Advierten un modelo de seguridad fiscalmente insostenible en El Salvador
“El gasto público en Seguridad, Defensa y el Sistema Penitenciario ha experimentado un aumento sin precedentes”, expuso el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones a Derechos Humanos (GIPES), en el contexto del informe donde el Estado salvadoreño es acusado de cometer posibles crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción.
Los expertos llegaron a esa conclusión tras un análisis de las diferentes vulneraciones cometidas durante la medida y la inversión que el Gobierno ha hecho en Seguridad en los últimos seis años.
Exponen que el presupuesto para estas áreas en 2019 era un total de $557 millones y seis años después, en 2025, alcanzó los $1,047 millones, lo que representa un incremento del 95 %.
El GIPES indica que el mayor aumento se produjo en Centros Penales, cuyo presupuesto pasó de $56 millones a $140 millones, representado en un 150 % más.
Asimismo, el presupuesto del Ministerio de Seguridad se duplicó, pasando de $310 millones a $617 millones, mientras el de Defensa Nacional creció de $191 millones a $309 millones, un incremento del 62 %.
El incremento del gasto en Seguridad está ejerciendo una creciente presión sobre las finanzas públicas, en un contexto de bajo crecimiento económico y alto endeudamiento externo.
Señalan que estos recursos se han destinado a obras como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la compra de equipos tácticos, el aumento de salarios y el gasto logístico de policías y soldados.
De acuerdo con una notificación de pago por los derechos de construcción del CECOT, de la Oficina de Planificación y Gestión del Territorio (Oplagest) de la Alcaldía de Tecoluca, el Gobierno presupuestó $135 millones para construir la cárcel de máxima seguridad.
Los únicos datos sobre esta cárcel que el Gobierno ha divulgado son la ubicación y su capacidad, pero se desconocen datos como los criterios de traslado y quiénes están presos en el lugar.
La Prensa Gráfica: https://www.laprensagrafica.com/amp/elsalvador/advierten-un-modelo-de-seguridad-fiscalmente-insostenible-en-el-salvador-20260320-0071.html