The tax-rate cut approved by the Legislative Assembly on whisky, gin, and liquors could dent revenue from the levy on the sale of alcoholic beverages — and, with it, the share the government transfers from that collection to the Solidarity Fund for Health (Fosalud).
That was the assessment of opposition lawmakers, who noted that the Fosalud budget is governed by the fund’s founding law, which stipulates that it must receive 35 percent of the revenue collected from three taxes: the tax on tobacco products, the tax on firearms control and regulation, and the tax on the production and sale of alcohol and alcoholic beverages.
This last tax was amended during this week’s plenary session by Nuevas Ideas, PCN, and PDC, which voted to reduce the levy on whisky, gin, and liquors — flavored spirits — lowering the rate from $0.16 per percentage of alcohol by volume per liter to between $0.05 and $0.09 per the same measure.
The ruling bloc fast-tracked the proposal, approving it with a waiver of procedural requirements, offering no explanation or justification for why it was necessary. The bill states only that its aim is to align rates in order to comply with international trade commitments.
In 2025, the budget approved for Fosalud amounted to $78.9 million. Through November, according to figures recorded on the Fiscal Transparency portal, the fund had accrued $65.3 million. Of this latter amount, $61.5 million came from special contributions to the fund, as per the budget execution report for the second half of the year.
That $61.5 million figure is the one that could shrink as a result of the cut to the alcoholic-beverage tax, the lawmakers noted.
Impact
Lawmaker Marcela Villatoro weighed the potential drop in revenue from the tax in question and stated that the impact is unmistakable.
“Reducing [the tax on] alcoholic beverages means reducing revenue that goes to benefit a program that has existed for 22 years and has served to help thousands of Salvadorans,” she said.
The lack of discussion during the measure’s approval precluded any debate over its impact and its side effects, including the effect on the percentage transferred to Fosalud.
This outlet requested a consultation with the Ministry of Health via the email address assigned to Minister Francisco Alabi on the institution’s transparency portal, so that he could clarify whether the reform was approved with the ministry’s knowledge and how it plans to address its consequences.
A separate inquiry was submitted to the Ministry of Finance through its communications staff, seeking to learn whether the ministry had an estimate of how much the tax’s revenue could decline.
However, as of the close of this report, neither government institution had provided a response.
Nor was there a response from the Nuevas Ideas caucus. Although a consultation was requested through its press chief at the Legislative Assembly, he stated that no lawmakers were on the premises and that he would arrange a response over the course of the day.
That “official silence” on the matter drew criticism from Claudia Ortiz (Vamos), who argued that the impact on the Fosalud budget should have been weighed before the reform was approved.
“All of this should have been analyzed in committee. Fosalud has emerged as a concern — we have seen it on social media and among analysts asking how this will affect Fosalud, which has been a public service that has stepped up on emergency issues,” she said.
In 2024, the Ministry of Finance reported $164.5 million in revenue from taxes on alcoholic products, beer, cigarettes, and firearms; in 2025, total collection from all of these reached $165.3 million.
Although there was an $800,000 increase across the three taxes, revenue fell short of the $176.6 million expected by year’s end, representing a deficit of $11.3 million.
Advierten que recorte en impuesto a bebidas alcohólicas podría afectar presupuesto de Fosalud
El recorte aprobado por la Asamblea Legislativa a la tasa del impuesto que se cobra al whisky, gin, ginebra y licores, podría tener un impacto en la recaudación de la contribución por la comercialización de bebidas alcohólicas, y en el porcentaje que el gobierno transfiere de dicho cobro al Fondo Solidario para la Salud (Fosalud).
Así lo consideraron diputadas de oposición, quienes señalaron que el presupuesto de Fosalud está regulado en la ley de creación de dicho fondo, la cual indica que este debe recibir el 35 % de lo que se recaude en concepto de tres impuestos: el de productos de tabaco, el de control y regulación de armas de fuego, y el relacionado a la producción y comercialización de alcohol y bebidas alcohólicas.
Este último impuesto fue reformado en la plenaria de esta semana por Nuevas Ideas, PCN y PDC, que votaron por reducir el cobro del whisky, gin, ginebra y licores -bebidas espirituosas saborizadas-, por lo que se pasará de cobrar $0.16 -por porcentaje de volumen de alcohol por litro-, a cobrar entre $0.05 y $0.09 por esa misma medida.
La propuesta fue aprobada con dispensa de trámite por el oficialismo, sin explicación de la misma o justificación del por qué era necesaria. La iniciativa de ley únicamente señala que el objetivo es equiparar las tasas para cumplir con compromisos comerciales internacionales.
En el año 2025, el presupuesto aprobado a Fosalud fue de $78.9 millones. Hasta noviembre, según cifras consignadas en el portal de Transparencia Fiscal, el fondo había devengado $65.3 millones. De estos últimos, $61.5 millones fueron recaudados a través de las contribuciones especiales para el fondo, según el informe de ejecución presupuestaria del segundo semestre del año.
Esa cifra de $61.5 millones es la que podría disminuir con el recorte hecho en el impuesto a cobrar a las bebidas alcohólicas, señalaron legisladoras.
Impacto
La diputada Marcela Villatoro valoró el posible descenso en la recaudación del impuesto mencionado y aseguró que es claro que habrá un impacto.
“Al momento de hacer una disminución en las bebidas alcohólicas se disminuyen ingresos que van para el beneficio de este programa que ya tiene 22 años de existencia y que ha servido para ayudar a miles de salvadoreños”, apuntó.
La falta de discusión en la aprobación de la medida impidió que hubiera un debate sobre el impacto de la misma, y sus efectos secundarios, incluido el del porcentaje que se transfiere a Fosalud.
Este medio gestionó un espacio de consulta con el Ministerio de Salud, a través del correo electrónico asignado al ministro Francisco Alabi en el portal de transparencia de la institución, para que este pudiera explicar si la reforma se aprobó con conocimiento del ministerio y cómo se afrontará el mismo.
Asimismo, se gestionó una consulta con el Ministerio de Hacienda a través de su personal de comunicaciones, para conocer si dicha cartera de Estado tenía un estimado de cuánto podría bajar la recaudación de dicho impuesto.
Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, ninguna de las dos instituciones de gobierno había dado una respuesta.
Tampoco hubo respuesta de parte de la bancada de Nuevas Ideas. Si bien se gestionó un espacio de consulta con su jefe de prensa en la Asamblea, este aseguró que ningún diputado se encontraba en el lugar y que gestionaría una respuesta en el transcurso del día.
Ese “silencio oficial” sobre el tema fue cuestionado por Claudia Ortiz (Vamos), quien señaló que el impacto en el presupuesto de Fosalud debió haberse considerado al aprobar la reforma.
“Todo esto se tuvo que haber analizado en una comisión. Lo de Fosalud ha surgido como una preocupación, lo hemos visto en redes y analistas, que preguntan cómo impactará esto en Fosalud, que ha sido un servicio público que ha resuelto en temas de emergencia”, apuntó.
En 2024, Hacienda reportó $164.5 millones en recaudación de impuesto a productos alcohólicos, cerveza, cigarrillo y armas; mientras, en 2025, la recaudación de todo esto fue de $165.3 millones.
Si bien hubo un incremento de $800 mil en los tres impuestos, la recaudación fue menor a los $176.6 millones que se esperaban recibir al cierre del año, lo que representa un déficit de $11.3 millones.