Amid the ongoing debate over the sustainability of El Salvador’s pension system, a recently published analysis by the firm EMFI contends that the country’s looming electoral year may be driving the delay in amendments to the Pension Law requested by the International Monetary Fund (IMF) under the Extended Fund Facility (EFF) — a financial assistance package of up to $1.4 billion aimed at improving the country’s fiscal standing.
According to the report, potential changes to parameters such as retirement age or the contribution rate workers pay into the system may be the primary factors stalling the reform proposal. “The proximity of the 2027 electoral cycle creates clear incentives to postpone or soften unpopular measures, particularly those that directly affect active workers,” the report states, adding that “the political calendar will decisively shape the pace and scope of pension system reform in 2026.”
But what does this mean for the Pension Law? The same report notes that, as a result, the Executive Branch may first opt for a proposal “that formally satisfies the requirements of the IMF program but prioritizes gradual adjustments and extended transitions,” meaning the most critical and politically sensitive changes could be pushed back to the second half of the next presidential term.
In this regard, the analysis considers this scenario plausible given the “broad legislative control” that would prevent other reforms from stalling and would allow the law to be amended as the Executive sees fit.
EMFI therefore concludes that “the real obstacle, however, will not be the technical design (of the proposal) but rather the political timing. Managing the immediate backlash to the reform during the 2027 electoral cycle will be a delicate balancing act.”
On this point, Patricio Pineda, coordinator of the Mesa de Trabajo para una Pensión Digna (Working Group for a Dignified Pension), concurred with the report’s assessment, agreeing that the delay in presenting the reform is indeed driven by the electoral landscape. However, he also stressed that postponing reform for electoral purposes — or to preserve popularity — “is ill-advised because indebtedness within the pension system continues to climb and short-term unsustainability is worsening.”
Given the above, the British firm’s report suggests that, beyond meeting the Fund’s requirements, the forthcoming reform could, in the short term, “focus on components designed to expand coverage and sustain minimum pensions.”
How Much Is the IMF Willing to Concede?
Along the same lines, economist Rafael Lemus observes that “it is quite clear that for the government, the electoral calculus carries more weight than the actuarial calculus.” He adds, however, that how the reform ultimately unfolds will depend on how much the IMF is willing to concede. In his view, accepting that structural measures be postponed beyond the term of the agreement would be difficult because it would amount to “a sacrifice of technical rigor for political gain” — which would effectively mean the Fund walking away from the program, a scenario the economist deems unlikely.
The analysis also references the actuarial study the government presented at the end of last year, which reveals that in 2024, only 52% of affiliates between the ages of 20 and 55 made at least one contribution during the year, and a mere 36% contributed for all twelve months. Given this reality, EMFI notes that low coverage limits the savings each contributor can accumulate and “shifts mounting pressure onto solidarity mechanisms and, ultimately, onto the State.” This means that even if changes to the retirement age or contribution rate are implemented, the system will continue to face financial strain.
This low level of contributor participation in the system stems from structural problems endemic to the country, chief among them the high degree of informality. According to international organizations, as much as 70% of the entire Salvadoran labor force operates in the informal sector — a reality that shuts them out of the pension system.
According to the EMFI report, pension expenditure reached the equivalent of 5.3% of Gross Domestic Product (GDP) in 2024, while contributions represented only 4% of GDP, producing a deficit of 1.3%. The report warns that if current trends persist, the gap could widen to 4.4% of GDP by 2070, driven in part by population aging and a growing number of beneficiaries.
Even so, and despite the fact that pension reform is among the commitments the government assumed under the IMF program, neither the Executive Branch nor the international body has officially confirmed whether negotiations on the agreement are still ongoing, given that the reform proposal was due on February 10 — a deadline that was not met.
Firma EMFI prevé que Gobierno pospondrá reforma de pensiones para después de elecciones
En medio de la discusión sobre la sostenibilidad del sistema previsional salvadoreño, un análisis publicado recientemente por la firma EMFI sostiene que el hecho de que el país esté ante la antesala de un año electoral podría estar influyendo en el retraso de los cambios a la Ley de Pensiones que solicitó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF), una asistencia financiera de hasta $1,400 millones para que el país mejore su situación fiscal.
De acuerdo con este reporte, los posibles cambios a los parámetros como la edad de jubilación o la tasa de aportaciones que realizan los trabajadores al sistema podrían ser los factores principales que estarían retrasando la presentación de la propuesta de reforma pues, “la cercanía del ciclo electoral de 2027 introduce claros incentivos para posponer o suavizar medidas impopulares, particularmente aquellas que afectan directamente a los trabajadores activos”, señala, y añade que “el calendario político condicionará decisivamente el ritmo y el alcance de la reforma del sistema de pensiones en 2026”.
¿Pero qué significa esto para la Ley de Pensiones? el mismo informe señala que, en consecuencia, el Ejecutivo podría apostar, primero, por una propuesta “que cumpla formalmente con los requisitos del programa del FMI, pero que priorice ajustes graduales y transiciones largas”, lo que significaría que los ajustes más críticos y más sensibles podrían retrasarse hacia la segunda mitad del próximo período presidencial.
En este sentido, el análisis considera esta opción como algo posible debido al “amplio control legislativo”, el cual haría posible que otras reformas no se estanquen y que la ley se vaya modificando según lo solicite el Ejecutivo.
Por ello, EMFI señala que “el verdadero obstáculo, sin embargo, no será el diseño técnico (de la propuesta), sino el momento político. Gestionar la reacción inmediata a la reforma durante el ciclo electoral de 2027 será un delicado acto de equilibrio.»
A propósito de esto, Patricio Pineda, coordinador de la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna, coincidió con la lectura planteada por el informe y consideró que el retraso en la presentación de la reforma responde, de hecho, a esa coyuntura electoral, pero también afirmó que retrasar la reforma por fines electorales, o para no perder la popularidad, “no es conveniente porque el endeudamiento con el sistema previsional sigue al alza y cada vez hay más insostenibilidad en el corto plazo”.
Debido a lo anterior, el informe de la firma inglesa plantea que, además de cumplir con esos requerimientos del Fondo, la próxima reforma podría, en el corto plazo, “centrarse en los componentes destinados a ampliar la cobertura y mantener las pensiones mínimas”.
¿Cuánto está dispuesto a ceder el FMI?
En esa misma línea, el economista Rafael Lemus señala que “es bastante claro que para el gobierno tiene más peso el cálculo electoral que el cálculo actuarial”, pero añade que la forma en la que se lleve a cabo la reforma dependerá de cuánto esté dispuesto a ceder el FMI pues, a su juicio, aceptar que las medidas estructurales se pospongan más allá del periodo del acuerdo sería difícil porque sería “un sacrificio de lo técnico por una ganancia política”, agrega, lo que se traduciría en una renuncia al programa por el lado del Fondo, algo poco probable para el economista.
Por otro lado, el análisis también hace referencia al estudio actuarial que presentó el gobierno a finales del año pasado, y en el que destaca que en 2024 sólo el 52% de los afiliados entre 20 y 55 años realizó al menos una cotización durante el año y apenas el 36% contribuyó durante los doce meses completos. Debido a esta realidad, EMFI señala que la baja cobertura limita la acumulación de ahorro para cada cotizante y “traslada una presión creciente hacia los mecanismos solidarios y, finalmente, hacia el Estado”, lo que se traduce en que, aunque se apliquen cambios a la edad de jubilación o a la tasa de aportación, el sistema seguirá enfrentando problemas financieros.
Ese bajo nivel de participación de cotizantes en el sistema se debe a problemáticas de índole estructural para el país, como lo es el alto grado de informalidad, pues según organismos internacionales, hasta un 70% de toda la fuerza laboral salvadoreña está en el sector informal, algo que no les permite acceder al sistema provisional.
Según el informe de EMFI, el gasto en pensiones alcanzó el equivalente al 5.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, mientras que las contribuciones representaron solo el 4% del PIB, generando un déficit de 1.3%, por lo que apunta que, de mantenerse las tendencias actuales, la brecha podría ampliarse hasta el 4.4% del PIB para el año 2070, algo que estaría impulsado también por el envejecimiento poblacional y el aumento del número de beneficiarios.
Aún así, y aunque la reforma previsional forma parte de los compromisos que asumió el gobierno dentro del programa con el FMI, hasta ahora ni el Ejecutivo ni el organismo internacional han confirmado oficialmente si las negociaciones del acuerdo continúan, ya que la propuesta de la reforma tuvo que haberse presentado el pasado 10 de febrero, algo que no ocurrió.