Last Saturday, the police arrested Roberto Carlos Hernández Castillo, son of community leader Luis Alonso Hernández, who serves as spokesperson for the Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Human Rights and Community Defense Unit, UNIDEHC).
As Hernández recounted to YSUCA, the arrest took place around 6:30 a.m. at his son’s home, located in the CIDECO La Herradura housing development in the department of La Paz. The community leader stated that the arrest was carried out in front of Roberto Carlos’s youngest child.
The Fiscalía General de la República (Attorney General’s Office) has charged him with aggravated property usurpation, but Hernández maintains that the accusation is tied to a years-long legal dispute over the community’s housing titles. He explained that the CIDECO development was built starting in 2002 to benefit families left homeless by the 2001 earthquakes, funded by domestic and international donations alongside government support from that era.
According to the community leader, the Fundación CIDECO (CIDECO Foundation) subsequently took out a loan of nearly one million dollars from a financial institution that had originally participated as a project donor. However, the debt was transferred to the families, who were expected to pay approximately 4,500 dollars per home. Many residents, he contends, were unable to shoulder the payments due to a lack of employment and the broader economic conditions of the time.
Hernández stated that the defaults triggered collection proceedings and eviction threats, with the first eviction attempt occurring in 2014. He asserts that the financial institution is currently listed as the legal owner of the homes, while the CIDECO Foundation retains ownership of the development’s communal areas.
Some of those properties have reportedly already been sold. Roberto Carlos Hernández resides in one of the homes facing eviction proceedings. “That is why my son is being accused of usurpation, but it is a lie,” the community leader declared. In total, some 50 families fear they could lose their homes, he added.
Hernández informed this outlet that his son was taken to a courthouse in Santiago Nonualco on Monday morning. He was ordered to serve 30 days of pretrial detention, the leader indicated. “They promised us decent housing and now they offer us jail,” Hernández said.
Rudy Joya, an attorney and spokesperson for UNIDEHC, argued that applying the charge of aggravated usurpation in this case is legally untenable based on his juridical interpretation, characterizing it as a baseless accusation.
“Families who were once victims defending their rights are now being treated as criminals,” Joya stated.
Via email, YSUCA requested comment from the police regarding this case, as well as from the financial institution identified by the community. This outlet is still awaiting a response. As of press time, the Attorney General’s Office had not publicly disclosed the defendant’s arrest.
“Nos prometieron vivienda digna y ahora nos ofrecen cárcel”, señala líder comunitario ante captura de su hijo
La Policía Nacional Civil capturó el pasado sábado a Roberto Carlos Hernández Castillo, hijo del dirigente comunitario Luis Alonso Hernández, quien funge como vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC).
Según relató Hernández a YSUCA, la detención ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana en la vivienda de su hijo, ubicada en el proyecto habitacional CIDECO La Herradura, en el departamento de La Paz. El dirigente aseguró que la captura se realizó frente al hijo menor de Roberto Carlos.
La Fiscalía General de la República le imputa el delito de usurpación agravada de inmueble, pero Hernández sostiene que la acusación está vinculada al conflicto legal que la comunidad mantiene desde hace años por la propiedad de las viviendas. Explicó que el proyecto CIDECO fue construido a partir de 2002 para beneficiar a familias damnificadas por los terremotos de 2001, con donaciones nacionales e internacionales y respaldo institucional de la época.
De acuerdo con el dirigente, posteriormente la Fundación CIDECO habría adquirido un préstamo cercano al millón de dólares con una entidad financiera que participó como donante del proyecto. Sin embargo, la deuda fue trasladada a las familias, quienes debían pagar aproximadamente 4,500 dólares por vivienda. Muchos residentes —afirma— no pudieron asumir el pago debido a la falta de empleo y la situación económica de ese momento.
Según Hernández, tras el impago comenzaron los procesos de cobro y amenazas de desalojo. El primer intento de desalojo ocurrió en 2014. Actualmente, asegura que la entidad financiera figura como propietaria de las viviendas, mientras que la Fundación CIDECO conserva las áreas sociales del proyecto.
Algunos de esos inmuebles ya habrían sido vendidos. Roberto Carlos Hernández reside en una de las viviendas que enfrentaría proceso de desalojo. “Ese es el motivo por el que mi hijo está siendo acusado de usurpación, pero es una mentira”, manifestó el líder comunitario. En total, hay unas 50 familias preocupadas por que pueden quedarse sin residencia, agregó.
Hernández informó a este medio que este lunes por la mañana llevaron a su hijo a un juzgado de Santiago Nunualco. Le han dado 30 días de detención provisonal, indicó. “Nos prometieron vivienda digna y ahora nos ofrecen la cárcel”, manifestó Hernández.
Rudy Joya, abogado y vocero de UNIDEHC, sostuvo que la aplicación del delito de usurpación agravada en este caso sería improcedente, según su interpretación jurídica, y consideró que se trata de una acusación sin fundamento.
“De pasar a ser víctimas y defender sus derechos, ahora las familias son tratadas como delincuentes”, afirmó Joya.
A través de un correo electrónico, YSUCA solicitó postura a la Policía Nacional Civil sobre este caso, así como a la entidad financiera señalada por la comunidad. Este medio sigue a la espera de respuesta. Hasta el cierre de esta publicación, la Fiscalía no había informado públicamente sobre la captura del imputado.