Lawyers Ruth Eleonora López and Salvador Enrique Anaya, both government critics arrested in 2025, have been denied all contact with their families and defense attorneys, according to sources close to each of them.
The organization Cristosal reported last Thursday that “Ruth continues to be held incommunicado,” when asked whether she had received visits from her lawyer or any family member.
López was arrested on May 18, 2025, initially accused of embezzlement and formally charged with illicit enrichment. Following her arrest, a court ordered six months of pre-trial detention, and the pre-trial investigation period against her was later extended.
Amnesty International designated her a prisoner of conscience, arguing that her detention was based solely on the peaceful expression of her ideas and her human rights advocacy, with no evidence of violence.
Meanwhile, a source close to attorney Enrique Anaya also asserted that he has had no contact with his legal counsel or his family. “He is completely incommunicado; the government is failing to comply with the measures of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR),” an associate said.
In September 2025, the IACHR granted precautionary measures in favor of both lawyers. It determined that López went from being “the subject of monitoring and surveillance by state agents, to being detained and subsequently transferred to the Centro Penitenciario para Mujeres, Granja de Izalco.” The international organization issued “an urgent call” to the Salvadoran State demanding “the immediate cessation of the prolonged state of incommunicado detention” and emphasized that there are no grounds to justify this measure.
Anaya was arrested on June 7, 2025, on money laundering charges. He was initially held in the holding cells of the División de Tránsito de San Salvador and was reportedly transferred in July to Penitenciaría La Occidental in Santa Ana, where he remains in pre-trial detention.
Ruth López y Enrique Anaya no tienen comunicación con sus familiares y abogados según allegados
Los abogados Ruth Eleonora López y Salvador Enrique Anaya, ambos críticos del gobierno detenidos en 2025, no tienen comunicación ni con sus familiares ni con sus propios abogados defensores, según fuentes allegadas a cada uno.
La organización Cristosal informó el jueves pasado que «Ruth continúa en situación de incomunicación», ante la pregunta si ha tenido visitas de su abogado o de algún familiar.
López fue detenida el 18 de mayo de 2025 acusada inicialmente del delito de peculado y formalmente por enriquecimiento ilícito. Tras su detención, un juzgado dictó detención provisional por seis meses y más tarde se amplió el plazo de instrucción en su contra.
Fue declarada por Amnistía Internacional como persona prisionera de conciencia, argumentando que su detención se basó en la expresión pacífica de sus ideas y en su labor de derechos humanos, sin indicios de violencia.
Mientras, una fuente allegada al abogado Enrique Anaya también aseveró que el jurista no ha tenido comunicación con su abogado o con su familia. «Totalmente incomunicado, el gobierno no cumple las medidas de la CIDH», dijo un allegado.
En septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de ambos abogados. Determinó que López pasó de ser «objeto de seguimiento y vigilancia de agentes estatales, a ser detenida y posteriormente trasladada al Centro Penitenciario para Mujeres, Granja de Izalco». La organización internacional hizo «un llamado urgente» al Estado salvadoreño para “el cese inmediato de la situación de incomunicación prolongada” y subrayó que no existen elementos que justifiquen esta medida.
Anaya fue capturado el 7 de junio de 2025 acusado de lavado de dinero, inicialmente estuvo en las bartolinas de la División de Tránsito de San Salvador y en julio habría sido trasladado a Penitenciaría La Occidental en Santa Ana, donde se mantiene en prisión provisional.