El Salvador is experiencing a “decline” in transparency and civic freedoms, according to the 2025 Corruption Perceptions Index (CPI) report released this Tuesday, February 10, by Transparency International (TI).
The CPI ranks 182 countries and territories based on perceived levels of public-sector corruption on a scale from zero (highly corrupt) to 100 (very clean).
El Salvador scored 32, two points higher than its 2024 CPI rating. The report notes that “restrictions imposed on civil society organizations limit the scrutiny and independent oversight of government actions.”
El Salvador ranks 120th out of 182 countries evaluated by TI. In the 2024 edition, it stood at 130th.
The country’s score has not come anywhere near the halfway mark in over a decade. Its highest rating was in 2014, at 39 points, and it has declined steadily in the years since. By 2020, it had dropped to 36 points and to 34 in 2021. The lowest score came in 2024, when it received 30 points.
Numerous organizations have rejected the passage of the Foreign Agents Law (Ley de Agentes Extranjeros), warning that “it is a tool for authoritarian control over organizations and individuals, as it opens the door to discretionary sanctions, imposes a punitive tax, and provides a framework for state surveillance, censorship, and punishment.”
“Countries such as El Salvador (32) and Ecuador (33) are experiencing a decline in transparency and civic freedoms,” TI states in its report.
It further notes that “laws restricting NGO access to funding and obstructing their operations, coupled with intimidation and hostility toward independent media, have curtailed citizen oversight and the capacity to hold government accountable.”
Recently, Human Rights Watch (HRW) warned in its World Report 2026 that the government of President Nayib Bukele “continued to dismantle” checks on executive power and “escalated repression” against human rights defenders, critics, and journalists.
The Role of Civil Society
“Civil society as a whole, when engaging with social or political issues, offers an alternative perspective—a complementary lens on political, social, and economic phenomena and events. And naturally, these diverse perspectives are aimed at improving conditions across all spheres,” commented Acción Ciudadana.
On matters of corruption, civil society plays a pivotal role because, as neither a political party nor part of the government, it possesses “greater independence of judgment” to evaluate, for example, compliance with the law and to demand accountability.
“Without question, civil society’s role in combating corruption is vital because it is an actor capable of pressing political power to be transparent, honest, and accountable,” the organization added.
Experts point out that civil society is targeted precisely because of its technical work across various fields and its capacity to demand accountability.
“When someone like Ruth López—an internationally recognized anti-corruption defender—is imprisoned, the message to the public is unmistakable: speaking out carries a price. Restricting civil society does not reduce corruption; it reduces oversight of power,” said Jonathan Sisco, an anti-corruption expert.
Yet he emphasizes that something “has not vanished”: the conviction held by many “that transparency and integrity are worth fighting for. Transparency was never a gift bestowed by those in power; it has always been a conquest won by society.”
Since its creation in 1995, Transparency International’s Corruption Perceptions Index has become the world’s leading indicator of public-sector corruption.
The index scores 182 countries and territories worldwide based on perceptions of public-sector corruption, drawing on data from 13 external sources, including the World Bank, the World Economic Forum, private consulting and risk-assessment firms, think tanks, and others. The scores reflect the perspectives of experts and business leaders, not the general public.
El Salvador con leve mejora en Índice de Corrupción, pero experimenta «declive» en transparencia
El Salvador experimenta un «declive» en la transparencia y en las libertades cívicas, según reveló este martes 10 de febrero el informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional (TI).
El IPC clasifica a 182 países y territorios en función de sus niveles de percepción de la corrupción en el sector público con una escala de cero (mucha corrupción) a 100 (muy baja corrupción).
En el caso de El Salvador, la puntuación fue de 32, dos puntos más que el IPC de 2024. El informe señala que las «restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio y la supervisión independiente de las acciones del gobierno».
El Salvador se ubica en la posición 120 de 182 países evaluados por TI. En la edición de 2024 estaba en la posición130.
La calificación del país no ha llegado ni cerca de la mitad del puntaje en más de diez años. La calificación más alta la obtuvo en 2014, con 39 puntos, y desde entonces fue en descenso en los años siguientes. Para 2020 fue de 36 puntos y 34 en 2021. La más baja fue en 2024 cuando obtuvo 30 puntos.
Diversas organizaciones han rechazado la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y han señalado que «es una herramienta para el control autoritario de organizaciones y personas, pues, abre la puerta a la imposición de sanciones discrecionales, establece un impuesto punitivo y es un marco para la vigilancia estatal, la censura y el castigo».
«Países como El Salvador (32) y Ecuador (33) están experimentando un declive en la transparencia y en las libertades cívicas», apunta TI en su informe.
Además, señala que «las leyes que limitan el acceso de las ONG a fondos y obstruyen sus operaciones, junto con la intimidación y hostilidad hacia los medios de comunicación independientes, han reducido la supervisión ciudadana y la capacidad de exigir responsabilidades al gobierno».
Recientemente, la organización Human Rights Watch (HRW) alertó en su informe global 2026 que el Gobierno del presidente Nayib Bukele «continuó eliminando» los controles al poder Ejecutivo y «aumentó la represión» contra defensores de derechos humanos, críticos y periodistas.
Rol de sociedad civil
«La sociedad civil en general, ante los diferentes temas sociales o políticos, ofrece una visión alternativa, una visión complementaria de los fenómenos o hechos políticos, sociales y económicos. Y obviamente, esas diferentes visiones van orientadas a mejorar los diferentes ámbitos», comentó Acción Ciudadana.
En temas de corrupción la sociedad civil juega un rol importante, porque al no ser ni partido político ni ser parte del gobierno, «tienen una mayor independencia de criterio» para evaluar, por ejemplo, el cumplimiento de las leyes y exigir rendición de cuentas.
«Sin duda, el rol de la sociedad civil en temas de combate a la corrupción es importante porque es un actor que puede incidir en que el poder político sea transparente, en que sea honesto y rinda cuentas», agregó.
Expertos señalan que se ataca a la sociedad civil por su labor técnica en diferentes ámbitos y su capacidad de exigir rendición de cuentas.
«Cuando se encarcela a personas como Ruth López, una defensora reconocida a nivel internacional por su trabajo anticorrupción, el mensaje es claro para la ciudadanía: denunciar tiene un costo. Restringir a la sociedad civil no reduce la corrupción; reduce la vigilancia sobre el poder», comentó Jonathan Sisco, experto en anticorrupción.
Pero destaca que hay algo que «no ha desaparecido» y es la convicción de muchas personas «de que la transparencia y la decencia valen la pena. La transparencia nunca fue un regalo desde el poder, sino una conquista desde la sociedad».
Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional se ha convertido en el principal indicador mundial de la corrupción en el sector público.
El índice asigna una puntuación a 182 países y territorios de todo el mundo en función de las percepciones de corrupción en el sector público, utilizando datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, grupos de expertos y otros. Las puntuaciones reflejan las perspectivas de expertos y empresarios, no del público.