Saúl Méndez
Contributor
The Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) (Salvadoran Journalists Association) has stated that the closure of official information sources is absolute, plunging community radio stations into a critical information vacuum. According to the study “Micrófonos bajo el régimen de excepción” (Microphones Under the State of Exception), 100% of community journalists report having no access to government sources, municipal offices, health and education institutions, or police precincts—severing the most basic link between the state and the public.
The report notes that 15 of the 17 radio stations analyzed continue to file public information requests, some on a frequent basis. Yet the institutional response has been overwhelmingly negative: every single station reports either receiving no useful information or facing outright refusals. According to lead researcher Carlos Amaya, the Public Information Access Law—once regarded as a vital tool for community journalism—has been effectively neutralized, dismantling the public’s mechanisms for holding the government accountable.
The study identifies a mounting pattern of institutional opacity. Fifty percent of the stations reported receiving no response whatsoever to their requests; in 33% of cases, the information was declared information under seal with no clear justification; 13% said they experienced fear after requesting information; and 4% believe information officers lack the necessary training.
The research combined quantitative and qualitative methodologies to provide a comprehensive portrait of community journalism. Through surveys administered to 17 radio stations affiliated with the Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) (Salvadoran Participatory Broadcasting Association), data were collected on infrastructure, staffing, funding, and the political climate’s impact on station operations.
The findings also reveal that 94% of the stations have been affected by the state of exception in force since March 2022, compelling them to alter their journalistic practices to mitigate risk and resort to self-censorship.
“Most of these stations have been forced to censor programming related to national political analysis and complaints about the government’s actions in their communities,” the analysis detailed.
Forty percent of the stations reported scaling back coverage of sensitive topics, while 29% admitted resorting to self-censorship as a protective measure and 20% did so out of fear of retaliation. Eleven percent attributed their constraints directly to the closure of information sources, which hampers verification and the ability to cross-check information.
Fear also pervades coverage of issues linked to human rights or the state of exception: 76% of newsroom staff reported feeling acute fear when addressing these topics, compared to 24% who reported feeling little fear.
“These figures reflect an alarming deterioration of press freedom and the right to information across the territories, disproportionately silencing community voices that have historically sustained critical debates and local organizing processes,” APES explained.
The report also exposes acute financial vulnerability. Ninety-four percent of the stations reported being affected by cuts to USAID funding previously channeled through APES. The reduction has undermined operational sustainability, content production, equipment acquisition, and staff stability. Only one station claimed to have been unaffected.
By November 2025, just four stations retained some form of international cooperation support, while the rest operated under conditions of severe economic precarity.
The study also examined the impact of the Foreign Agents Law. Nine of the 17 stations indicated they had enrolled in the Foreign Agents Registry, while eight had not. Nevertheless, most stated they had received no official confirmation of their registration despite the expiration of established deadlines.
Furthermore, 88% believe the law will affect their work and undermine their sustainability. Among the anticipated effects, 36% estimate it will obstruct access to international funding; 29% fear the legal framework could be weaponized to criminalize community media; 21% believe it could instill fear and fuel self-censorship; and 14% foresee a surge in bureaucratic and legal burdens.
APES urged the Salvadoran state to guarantee the free exercise of community journalism without arbitrary restrictions or intimidation, and to cease any form of administrative or fiscal harassment that curtails the operation of community radio stations.
Diario Co Latino: https://www.diariocolatino.com/radios-comunitarias-enfrentan-bloqueo-informativo-estatal/
Radios comunitarias enfrentan bloqueo informativo estatal
Saúl Méndez
Colaborador
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) aseguró que el cierre de las fuentes oficiales de información es absoluto y ha colocado a las radios comunitarias en una situación crítica de desinformación. Según el estudio «Micrófonos bajo el régimen de excepción», el 100% de periodistas comunitarios reporta no tener acceso a fuentes gubernamentales, alcaldías, instituciones de salud, educación ni delegaciones policiales, lo que debilita el vínculo básico entre el Estado y la ciudadanía.
El informe señala que 15 de las 17 radios analizadas continúan presentando solicitudes de acceso a información pública, algunas de manera frecuente. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido mayoritariamente negativa: la totalidad de las emisoras afirma no haber recibido información útil o haber enfrentado negativas directas. De acuerdo con el investigador principal, Carlos Amaya, la Ley de Acceso a la Información Pública, antes considerada una herramienta clave para el periodismo comunitario, ha sido neutralizada en la práctica, limitando los mecanismos ciudadanos de rendición de cuentas
El estudio identifica un patrón creciente de opacidad institucional. El 50% de las radios reportó no haber recibido respuesta a sus solicitudes; en el 33% de los casos, la información fue declarada reservada sin justificación clara; un 13% manifestó haber sentido temor tras solicitar información y un 4% considera que los oficiales de información carecen de la capacitación necesaria.
La investigación combinó metodologías cuantitativas y cualitativas para ofrecer un panorama integral del periodismo comunitario. A través de encuestas aplicadas a 17 radios afiliadas a la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), se recopilaron datos sobre infraestructura, personal, financiamiento e impactos del contexto político en la operación de las emisoras.
Los resultados también muestran que el 94% de las radios ha sido afectado por el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, lo que ha obligado a modificar el trabajo periodístico para reducir riesgos y han recurrido a prácticas de autocensura.
«La mayoría de estas radios han tenido que censurar programas relacionados al análisis de coyuntura nacional y denuncias relacionadas al trabajo del Gobierno en el territorio», detalló el analisis.
El 40% de las radios reportó reducción en la cobertura de temas sensibles, mientras que el 29% admitió recurrir a la autocensura como mecanismo de protección y un 20% lo hizo por temor a represalias. Un 11% atribuyó sus limitaciones directamente al cierre de fuentes informativas, lo que dificulta la verificación y contraste de información.
El temor también se refleja en la cobertura de temas vinculados a derechos humanos o al régimen de excepción: el 76% de los equipos de prensa aseguró sentir mucho temor al abordarlos, frente a un 24% que reportó sentir poco temor.
«Estas cifras reflejan un deterioro alarmante de la libertad de prensa y del derecho a la información en los territorios, afectando especialmente a las voces comunitarias que históricamente han sostenido debates críticos y procesos organizativos locales», explicó la APES.
El temor también se refleja en la cobertura de temas vinculados a derechos humanos o al régimen de excepción: el 76% de los equipos de prensa aseguró sentir mucho temor al abordarlos, frente a un 24% que reportó sentir poco temor.
El informe también expone una marcada vulnerabilidad financiera. El 94% de las radios reportó afectaciones tras el recorte de fondos provenientes de la USAID, canalizados previamente a través de la APES. Esta reducción impactó la sostenibilidad operativa, la producción de contenidos, la adquisición de equipo y la estabilidad del personal. Solo una emisora afirmó no haber sufrido afectaciones.
Para noviembre de 2025, únicamente cuatro radios mantenían algún tipo de apoyo de cooperación internacional, mientras que el resto operaba en condiciones de alta precariedad económica.
El estudio también analizó el impacto de la Ley de Agentes Extranjeros. Nueve de las 17 radios indicaron haberse inscrito en el Registro de Agentes Extranjeros, mientras que ocho no lo hicieron. No obstante, la mayoría afirmó no haber recibido confirmación oficial de su inscripción pese al vencimiento de los plazos establecidos.
Además, el 88% considera que esta normativa afectará su trabajo y limitará su sostenibilidad. Entre los efectos previstos, el 36% estima que dificultará el acceso a fondos internacionales; el 29% teme que el marco legal pueda utilizarse para criminalizar a medios comunitarios; el 21% considera que podría generar temor y fomentar la autocensura, mientras que el 14% prevé un aumento en la carga burocrática y legal.
La APES instó al Estado salvadoreño a garantizar el libre ejercicio del periodismo comunitario sin restricciones arbitrarias ni intimidaciones, así como a cesar cualquier forma de hostigamiento administrativo o fiscal que limite la operación de las radios comunitarias.
Diario Co Latino: https://www.diariocolatino.com/radios-comunitarias-enfrentan-bloqueo-informativo-estatal/