The trade agreement reached between the Government of El Salvador and the United States to eliminate the 10% tariff on Salvadoran exports has already prompted scrutiny from economists, who warn that the immediate fiscal benefit must be assessed against possible repercussions for the nation’s trade policy.
Economist Oscar Cabrera, president of the Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El Salvador (College of Professionals in Economic Sciences of El Salvador, COLPROCE), argued that the negotiation warrants examination not only for its direct economic impact—estimated at $105 million, equivalent to the tariff payments foregone—but also for its consequences on state autonomy to craft commercial, industrial, and productive policies.
After reviewing the agreement’s content, Cabrera said, his foremost question was whether the tariff elimination justified the conditions accepted.
“The first thing I did as I read through the agreement was ask myself whether what the Ministry of Economy negotiated with the U.S. government was truly the best option for El Salvador,” he stated.
He pointed out that the core dilemma pits immediate economic relief against the nation’s capacity to devise its own strategies in key sectors.
“The question is what serves us best: continue paying the $105 million tariff or preserve independence in our trade policy and the formulation of industrial, agricultural, and technological policies,” he asserted.
In Cabrera’s view, the economic gain from scrapping the tariff is direct but circumscribed, whereas the commitments undertaken could yield long-term effects.
“The economic benefit right now is direct, but when you factor it into a broader matrix and compare it to trade autonomy, the outcome does not favor us,” he explained.
The COLPROCE president also warned that the deal does not dispel uncertainty over future U.S. administration decisions. “No one can guarantee that, even after negotiating the removal of this tariff, the Trump administration will not suddenly reimpose tariffs on El Salvador,” he noted, alluding to the risk of unilateral measures.
Another point that caught Cabrera’s attention was that El Salvador would not be the only country in the region to secure such an arrangement. “We were surprised to learn that Guatemala also claimed to be the first country to negotiate this deal; in the end, it appears to be a similar scheme for small, open economies,” he observed.
Will It Attract Investment?
Regarding impacts on foreign direct investment, Cabrera noted that similar arguments had been advanced in past processes without conclusive results. “The same was said when the economy was dollarized and when it was bitcoinized—that foreign direct investment would pour in—and it never materialized,” he maintained.
He also expressed concern over certain sectors’ exclusion from the agreement. Although word has spread about tariff exemptions for specific products, others appear not to be clearly covered. “Sectors like pharmaceuticals are not explicitly included, raising doubts about the deal’s true benefits,” he affirmed.
Cabrera further highlighted potential fallout for trade relations with third countries, particularly China. In his judgment, the agreement could compel El Salvador to align with U.S. tariff decisions against other economies, even when driven by geopolitical motives.
“If the United States decides to wield tariffs as a geopolitical weapon against another economy, we could find ourselves forced to go along,” he cautioned.
The economist recalled that the Salvadoran government’s aim is to reclaim pre-free trade agreement export levels. Nonetheless, from a technical standpoint, he deemed the balance unfavorable. “I understand the government’s interest in returning to those levels, but from an economic analysis, this is a bad deal,” he concluded.
Acuerdo con Estados Unidos que elimina arancel del 10 % abre debate sobre autonomía comercial, señala COLPROCE
El acuerdo comercial alcanzado entre el Gobierno de El Salvador y Estados Unidos para eliminar el arancel del 10 % a las exportaciones salvadoreñas ha generado ya el análisis de economistas, quienes advierten que el beneficio fiscal inmediato debe evaluarse frente a posibles implicaciones en la política comercial del país.
El economista Oscar Cabrera, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El Salvador (COLPROCE), sostuvo que la negociación debe analizarse no solo desde el impacto económico directo —estimado en $105 millones, equivalentes al monto que se dejaría de pagar en concepto de arancel—, sino también desde sus efectos sobre la autonomía del Estado para diseñar políticas comerciales, industriales y productivas.
Cabrera explicó que, tras revisar el contenido del acuerdo, su principal interrogante fue si la eliminación del arancel justificaba las condiciones asumidas.
Lo primero que hice conforme iba leyendo el acuerdo fue preguntarme si lo que se había negociado entre el Ministerio de Economía y el gobierno de Estados Unidos era realmente la mejor opción para El Salvador”, señaló.
Indicó que la disyuntiva central se encuentra entre el alivio económico inmediato y la capacidad del país para definir estrategias propias en áreas clave.
“La pregunta es qué es lo mejor: seguir pagando los 105 millones de dólares del arancel o mantener la independencia en nuestra política comercial y en el diseño de políticas industriales, agropecuarias y tecnológicas”, afirmó.
Desde su análisis, el beneficio económico que representa la eliminación del arancel es directo pero limitado, mientras que los compromisos asumidos podrían tener efectos de largo plazo.
El beneficio económico ahorita es directo, pero cuando uno pone eso en una matriz y lo compara con la autonomía comercial, el resultado no es favorable”, explicó.
El presidente de COLPROCE también advirtió que el acuerdo no elimina la incertidumbre frente a futuras decisiones de la administración estadounidense. “Nadie nos garantiza que, aunque hayamos negociado el retiro de este arancel, la administración Trump no se le ocurra volver a imponer aranceles a El Salvador”, señaló, al referirse a la posibilidad de medidas unilaterales.
Otro aspecto que llamó la atención de Cabrera es que El Salvador no sería el único país en la región en haber negociado un acuerdo de estas características. “Nos sorprendió encontrar que Guatemala también sostenía que era el primer país que había negociado este acuerdo; al final parece un esquema similar para economías pequeñas y abiertas”, indicó.
¿Generará inversión en el país?
En cuanto a los efectos sobre la inversión extranjera directa, Cabrera manifestó que el argumento ya ha sido planteado en procesos anteriores sin resultados concluyentes. “Se dijo lo mismo cuando se dolarizó la economía y cuando se bitcoinizó, que iba a venir inversión extranjera directa y esa inversión no llegó”, sostuvo.
Asimismo, señaló preocupación por la exclusión de algunos sectores dentro del acuerdo. Indicó que, aunque se ha informado sobre la exoneración del arancel para determinados productos, otros no estarían claramente cubiertos. “Hay sectores, como el farmacéutico, que no quedan claramente incluidos, y eso genera dudas sobre los beneficios reales del acuerdo”, afirmó.
Cabrera también mencionó posibles implicaciones en la relación comercial con terceros países, en particular China. A su juicio, el acuerdo podría obligar a El Salvador a acompañar decisiones arancelarias de Estados Unidos frente a otras economías, incluso cuando estas respondan a intereses geopolíticos.
Si Estados Unidos decide usar los aranceles como un arma geopolítica contra otra economía, nosotros podríamos vernos obligados a acompañar esas decisiones”, advirtió.
El economista recordó que el interés del Gobierno salvadoreño apunta a recuperar los niveles previos al tratado de libre comercio. Sin embargo, sostuvo que desde una lectura técnica el balance no resulta favorable. “Entiendo el interés del gobierno de volver a esos niveles, pero desde un análisis económico, para mí esto es un mal negocio”, concluyó.