Approximately 1,300 detained persons died in El Salvador’s prisons between March 2022 and December 2025—the period during which the state of exception has remained in effect. Of that figure, 470 cases are documented in detail, revealing that some of the deceased were evangelical pastors, union leaders, and even infants who died under circumstances suggesting torture, mistreatment, or denial of medical care. These are the findings of the most recent report from Legal Humanitarian Aid (SJH), published on January 28, 2026.
According to the report, what proves most alarming about the documented death toll is not merely the volume of cases in under three years, but the profile of the victims. The Legal Humanitarian Aid analysis reveals that 94% of the deceased had no gang affiliation, yet authorities classified them as “collaborators” without substantive evidence. In most of these cases, individuals were arbitrarily detained to fill arrest quotas that the Nayib Bukele administration imposed on police officers as part of its purported war against gangs through the state of exception.
CECOT: Punitive Prison or Negotiated Refuge?
The report exposes a contradiction between government publicity and what actually occurs within the Salvadoran prison system. While Bukele showcases the Terrorism Confinement Center (CECOT) to the world as the symbol of his “iron fist” and his “model,” mortality statistics suggest a different reality. CECOT, which according to the official version was designed to house the criminal elite and gang members, registers a minimal mortality rate, with only four known cases. It is in this prison where the historic leaders of Mara Salvatrucha (MS-13) and Barrio 18 are held. By contrast, common prisons such as Izalco and Mariona have become *de facto* extermination camps, concentrating 40.9% and 18.9% of deaths respectively.
The document suggests this disparity is no accident, but rather may constitute part of a non-aggression pact between the government and criminal structures—one that guarantees better living conditions to gang leaders and members at CECOT, while the innocent civilian population, crammed into other facilities, suffers the worst consequences of prison policy.
“Pulmonary Edema”: The Euphemism for Torture
The victims of this Bukele policy have faces and names, shattering the narrative that “only criminals fall.” Among the deceased are evangelical pastors, union leaders, farmers, and merchants—many detained on anonymous tips without evidence or for having records unrelated to gangs.
The most harrowing aspect of the report is its documentation of deaths among the absolutely innocent. During the state of exception, at least four infants have died due to the inhumane conditions their mothers endure in prison. Cases such as that of baby Génesis, who died at 17 months after contracting pneumonia at Izalco prison, or the baby of Dina Hernández, who died during childbirth after a high-risk pregnancy that authorities ignored, expose the systematic violation of the rights of children and women.
Oblivion and Impunity
The tragedy for these individuals in prisons or from causes directly related to the state of exception does not end with their death. The Salvadoran state has resorted to burying bodies in mass graves without notifying families, prolonging their anguish and uncertainty.
Entire families have continued bringing care packages to their relatives, unaware that authorities had buried them months earlier—as occurred in cases such as that of Rafael López Castellón.
Based on all these findings and documented cases, Legal Humanitarian Aid demands an end to the state of exception, which has lost its reason for being. The organization also calls for investigations into violent deaths and for authorities to treat them as homicides. Furthermore, it demands an end to impunity and justice for all innocent Salvadorans who were arbitrarily detained despite their innocence and subsequently died under a pattern of torture and denial of medical care.
Gato Encerrado: https://gatoencerrado.news/2026/01/29/socorro-juridico-documento-470-muertes-de-privados-de-libertad-bajo-el-regimen-de-excepcion/
Socorro Jurídico documentó 470 muertes de privados de libertad bajo el régimen de excepción entre 2022 y 2025
Aproximadamente 1300 personas privadas de libertad fallecieron en los centros penales de El Salvador entre marzo de 2022 y diciembre de 2025, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción. De esa cifra, 470 casos cuentan con un registro documentado, en el que se puede observar que algunas de esas personas eran pastores evangélicos, sindicalistas y hasta bebés que murieron bajo circunstancias en las que se infiere torturas y malos tratos o negación de atención médica. Así lo señala el informe más reciente de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), publicado este 28 de enero de 2026.
Según el informe, lo más alarmante de la cifra de muertes documentadas no es solo el volumen de casos en menos de tres años, sino también el perfil de las víctimas. El análisis de Socorro Jurídico revela que el 94 % de las personas fallecidas no pertenecían a pandillas, pero eran clasificadas por las autoridades como “colaboradores” sin pruebas sustanciales. En la mayoría de esos casos, las personas fueron detenidas arbitrariamente como parte de las cuotas de arrestos que el Gobierno de Nayib Bukele exigía a los policías, como parte de su supuesta guerra contra las pandillas a través del régimen de excepción.
CECOT: ¿Cárcel de castigo o refugio negociado?
El informe plantea una contradicción entre la publicidad gubernamental y lo que realmente sucede en el sistema carcelario salvadoreño. Mientras Bukele exhibe ante el mundo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) como el símbolo de su “mano dura” y de su “modelo”, las estadísticas de mortalidad sugieren una realidad distinta. El CECOT, que según la versión oficial fue diseñado para albergar a la élite criminal y a los pandilleros, registra una tasa de mortalidad mínima, con apenas cuatro casos conocidos. Es en esta prisión donde están recluidos los cabecillas históricos de la MS-13 y el Barrio 18. En contraste, prisiones comunes y conocidas como el penal de Izalco y Mariona se han convertido en una especie de campos de exterminio, concentrando el 40.9 % y el 18.9% de las muertes respectivamente.
El documento sugiere que esta disparidad no es accidental, sino que podría ser parte del pacto de no agresión entre el gobierno y las estructuras criminales, donde se garantizan mejores condiciones de vida a los cabecillas y pandilleros en el CECOT, mientras que la población civil inocente, hacinada en otros recintos, sufre las peores consecuencias de la política carcelaria.
“Edema pulmonar”: El eufemismo de la tortura
Las víctimas de esta política de Bukele tienen rostro y nombre, desmintiendo la narrativa de que “solo caen criminales”. Entre los fallecidos se encuentran pastores evangélicos, líderes sindicales, agricultores y comerciantes, muchos de ellos detenidos por denuncias anónimas y sin pruebas o por tener antecedentes no vinculados a pandillas.
El aspecto más desgarrador del informe es el señalamiento sobre la muerte de personas con inocencia absoluta. Durante la vigencia del régimen de excepción han fallecido, al menos, cuatro bebés debido a las condiciones infrahumanas que sufren sus madres en prisión. Casos como el de la niña Génesis, quien murió a los 17 meses tras adquirir neumonía en el penal de Izalco, o el bebé de Dina Hernández, fallecido durante el parto tras un embarazo de alto riesgo ignorado por las autoridades, exponen la violación sistemática de los derechos de la niñez y las mujeres.
El olvido e impunidad
La tragedia de estas personas en centros penales o por causas relacionadas directamente con el régimen de excepción no termina con su muerte. El Estado salvadoreño ha recurrido a la práctica de enterrar cuerpos en fosas comunes sin notificar a los familiares, prolongando el dolor y la incertidumbre.
Familias enteras han seguido llevando paquetes de insumos a sus parientes, desconociendo que estos ya habían sido enterrados meses atrás por las autoridades, como ocurrió en casos como el de Rafael López Castellón.
Por todos estos hallazgos y casos documentados, Socorro Jurídico pide el cese del régimen de excepción que ha perdido su razón de ser. Asimismo, solicita la investigación de las muertes violentas y las considere como homicidios. Además, exige el fin de la impunidad y justicia para todos los salvadoreños inocentes que fueron capturados arbitrariamente, siendo inocentes, y luego fallecieron bajo un patrón de torturas y negación de atención médica.
Gato Encerrado: https://gatoencerrado.news/2026/01/29/socorro-juridico-documento-470-muertes-de-privados-de-libertad-bajo-el-regimen-de-excepcion/