Obviously, it is total. A second question, linked to the first, is whether the use of brutal, relentless, and inhumane force is the only way to achieve it. Again, the obvious answer is yes. The self-evidence of these responses hinges on one’s conception of security and insecurity.

The turf war for the capital’s center between street vendors and security forces safeguarding major private sector investments lays bare a profound crisis of survival. Granting workers an additional half-month’s salary underscores vital precarity. The measure offers short-term relief and falls woefully short. It excludes the informal sector and the unemployed, who form the bulk of the labor force.

Desperate struggles for survival under harsh conditions render both criminal activity and punitive responses—even vigilante justice—alluring, no matter how arbitrary. Affluent minorities, insulated from the anguish of hunger, demand ruthless crackdowns. Yet, much to their dismay, this does not guarantee their security. Criminals adapt. The evolution of the gang phenomenon proves it. Violence, once unleashed, reproduces itself.

The security of the Bukele model is highly partial. Official homicide statistics omit forms of violence such as femicides, disappearances, abuses of power, sexual assaults, and corruption. Those in charge of security brand gang members and dissidents alike as “terrorists,” while treating the corrupt with deference. By this logic, corruption diverges from criminality, though the two remain intertwined. The state of exception linguistically conflates genuine criminals with informal workers, the unemployed, and political adversaries to justify repression in the name of “public safety.”

The scope of Bukele’s security is also narrowly circumscribed. It safeguards neither life, human dignity, nor access to livelihoods, all imperiled by unemployment, hunger, disease, poverty, and environmental crisis. “Public safety,” strictly speaking, encompasses personal, communal, food, health, gender, economic, political, and environmental dimensions. The flooding of a housing complex—approved despite its location in a high-risk environmental zone—exposes yet another limitation of security under the Bukele regime.

In practice, the State is a determining factor in the organization, management, and reproduction of violence, as well as the expansion of criminality—distinct from that of gangs, but criminality nonetheless. Initially, it deployed the army and militarized police to expel gang members from public spaces. That mission accomplished, rather than standing them down, it assigned them a new charge as old as the Salvadoran State itself: to uphold and defend the dictatorship of the day.

The State has always wielded public violence with remarkable permissiveness, even by Latin American standards. In the first half of the twentieth century, the army propped up the agro-export oligarchy. In the second, it subdued social and political opposition with mounting brutality, even organizing and directing death squads. The army’s mandate has never been to defend the republic but to defend capital—first liberal, now neoliberal—while advancing the institutional and personal interests of its top brass. These violent pursuits have never been condemned; instead, they masquerade as “national security.”

It is no surprise, then, that social violence registered high rates even before the emergence of gangs. The homicide rate was already elevated before the civil war. In rural areas, deadly clashes among men wielding machetes—an accepted defensive weapon—were common. In marginalized urban zones, where a ferocious struggle for survival raged, violence was a daily occurrence. In other words, gangs merely embody a society structurally steeped in violence.

The Bukele model disregards the fact that violence is integral to the State’s very configuration. It ignores that Bukele himself is a product of that violence. State and capital use violence to preserve an order that privileges their interests. Simultaneously, this primal violence reproduces itself in other violences.

Force is necessary in certain situations and must always be exercised with restraint, yet it cannot resolve crises of human and environmental survival. It is true that no State is powerless against criminals, as Bukele likes to repeat, but if they proliferate, it is because the State fails to fulfill its primary obligation to safeguard the common good. The State is doubly complicit: for not guaranteeing public safety and for tolerating the criminality of its own.

There is, therefore, an explanation for the phenomenon of violence. It is another matter entirely to prefer gazing at the sky rather than seeking that explanation, analyzing it, and rethinking social policy.

* Rodolfo Cardenal, director of the Monseñor Romero Center.

UCA: https://noticias.uca.edu.sv/articulos/cuan-segura-es-la-seguridad-del-modelo-bukele

¿Cuán segura es la seguridad del modelo Bukele?

Obviamente, es total. Una segunda cuestión vinculada a la anterior es si el uso de la fuerza brutal, implacable e inhumana es la única forma de conseguirla. De nuevo, la respuesta obvia es afirmativa. La obviedad de estas respuestas depende de cómo se entiendan la seguridad y la inseguridad.

La disputa por el espacio del centro de la capital entre la informalidad y las fuerzas de seguridad que protegen las grandes inversiones del sector revela una profunda crisis de sobrevivencia. La concesión de una quincena de salario adicional a los trabajadores confirma la precariedad vital. El beneficio es cortoplacista e insuficiente. No incluye la informalidad ni el desempleo, que constituyen la mayor parte de la fuerza laboral.

El apremio por sobrevivir en condiciones adversas hace atractivas tanto la actividad criminal como la respuesta punitiva, incluso justiciera, sin importar cuán arbitraria pueda ser. Las minorías acomodadas, ajenas a las angustias del no tener qué comer, piden mano dura despiadada. Pero, muy a su pesar, esta no garantiza su seguridad. Los criminales se adaptan. La evolución del fenómeno de las pandillas así lo muestra. La violencia, una vez desatada, se reproduce.

La seguridad del modelo de Bukele es muy parcial. La estadística oficial de los homicidios no incluye formas de violencia como los feminicidios y las desapariciones, el abuso de poder y las violaciones, y la corrupción. Los responsables de la seguridad etiquetan como “terroristas” a los pandilleros y a los descontentos, mientras que a los corruptos los tratan con consideración. Según esto, la corrupción es diferente de la criminalidad, pero las dos están vinculadas. El régimen de excepción asimila lingüísticamente a los verdaderos delincuentes con los informales, los desempleados y los adversarios políticos para justificar la represión en nombre de “la seguridad ciudadana”.

El alcance de la seguridad de Bukele es también muy limitado. No protege la vida, la dignidad humana y el acceso a los medios de subsistencia, a pesar de estar amenazados por el desempleo, el hambre, las enfermedades, la pobreza y la crisis ambiental. La “seguridad ciudadana”, en sentido estricto, comprende las dimensiones personal, comunitaria, alimentaria, sanitaria, de género, económica, política y ambiental. La inundación de un complejo de viviendas, autorizado pese encontrarse en una zona de alto riesgo ambiental, es otra muestra de las limitaciones de la seguridad del régimen de Bukele.

En la práctica, el Estado es un factor determinante de la organización, la gestión y la reproducción de la violencia y de la expansión de la criminalidad, diferente a la de las pandillas, pero criminalidad, a fin de cuentas. En un primer momento, utilizó al ejército y a la policía militarizada para expulsar a los pandilleros de los espacios públicos. Concluida esa tarea, en vez de replegarlos, les asignó otra misión, una tan antigua como el mismo Estado salvadoreño: sostener y defender la dictadura de turno.

El Estado siempre ha hecho uso de la violencia pública con permisividad notable, incluso para los estándares latinoamericanos. En la primera mitad del siglo XX, el ejército sostuvo a la oligarquía agroexportadora. En la segunda, controló a la oposición social y política de forma cada vez más violenta, incluso organizando y dirigiendo grupos de exterminio. La tarea del ejército no ha sido defender la república, sino el capital, primero liberal y ahora neoliberal, y de paso, promover los intereses institucionales y personales de su cúpula. Estas actividades violentas nunca han sido condenadas, sino presentadas como “seguridad nacional”.

No es extraño, entonces, que, aun antes del surgimiento de las pandillas, la violencia social mostrara tasas elevadas. Incluso la tasa de homicidios era alta antes de la guerra civil. En la zona rural, el conflicto violento entre hombres armados con corvos, un arma defensiva aceptada, era común. En las zonas urbanas marginadas, donde se libraba una lucha feroz por la sobrevivencia, la violencia era cotidiana. Dicho de otra forma, las pandillas no son más que la expresión de una sociedad estructuralmente violenta.

El modelo de Bukele desconoce que la violencia forma parte de la configuración del Estado. Ignora que él mismo es producto de esa violencia. El Estado y el capital utilizan la violencia para conservar un orden que privilegia sus intereses. Simultáneamente, esta violencia primera se reproduce en otras violencias.

La fuerza es necesaria en algunas situaciones y siempre ejercida de forma comedida, pero no puede solucionar las crisis de sobrevivencia humana y ambiental. Es cierto, no hay Estado que no pueda con los criminales, como repite Bukele, pero si estos proliferan es porque aquel no cumple con su obligación primaria de velar por el bien común. El Estado es cómplice por partida doble: por no garantizar la seguridad ciudadana y por tolerar la criminalidad de los suyos.

Existe, pues, explicación del fenómeno de la violencia. Otra cosa es que, en lugar de buscarla, analizarla y repensar las políticas sociales, se prefiera mirar al cielo.

 * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

UCA: https://noticias.uca.edu.sv/articulos/cuan-segura-es-la-seguridad-del-modelo-bukele