The tribunal opened the hearing on January 27 against 163 individuals arrested under the state of exception, the Attorney General’s Office reported on its X account.
In this case, prosecutors accuse alleged gang members linked to the Liberty program of the Teclas Locos clique of the Mara Salvatrucha (MS-13). The indictment against the 163 defendants was filed in December 2025 before the Second Court Against Organized Crime.
Additionally, according to information released by the Attorney General’s Office, the defendants face charges of terrorist organization membership, illicit association, and drug possession.
This Tuesday, dozens of relatives of detainees were seen outside the Judicial Center Against Organized Crime, awaiting the outcome of the hearing.
Among them was María Ángela Ramos, mother of Erick and Carlos Ramos. She arrived at the judicial center in Soyapango after a public defender notified her of the hearing against her sons.
María recounted that her sons were arrested under the state of exception in April 2023, and since then her family has been unable to obtain significant information about them. They know only the prisons holding them.
Carlos is confined at the San Francisco Gotera Prison in the eastern part of the country. His brother Erick, who suffers from a mental illness, has been held at the Ilopango Prison since his arrest.
Belated Notification
However, judicial sources connected to the case criticized the manner in which defense lawyers, prosecutors, and witnesses were summoned. They assert that the Court notified them of the hearing too late.
“They themselves admit they do not know what they are going to do and gave five days to respond. It is a grave human rights violation; the entire process is rigged to convict these people,” said one source close to the case.
María recounted that her son Carlos was arrested in the early morning hours; he made a living as a rideshare driver through a digital platform. On the day of the arrest, police officers arrived at his home and asked him to accompany them. He has not returned home since April 2023.
Carlos and Erick are defended by the same lawyer from the Procuraduría General de la República (Public Defender’s Office). Furthermore, as El Diario de Hoy verified, this same professional represents another 149 defendants in these proceedings.
These hearings are taking place after the Legislative Assembly approved reforms to the Law Against Organized Crime that allow an entire criminal structure to be prosecuted en masse in a single case file.
Mass Trials Questioned
A group of relatives of detainees belonging to the Movimiento de Víctimas del Régimen (Regime Victims Movement) also gathered outside the Judicial Center Against Organized Crime to denounce the mass trials under the state of exception.
Samuel Ramírez, a spokesperson for the organization, questioned the fact that authorities use these mass hearings to convict individuals who have not committed crimes.
“We are alarmed that innocent people are lumped together with individuals linked to gangs or actual criminals in this country. The Attorney General’s Office had more than three years to prove the crime, and now they want to convict them based on gang affiliation tied to territory. We do not believe that is right either—it is arbitrary,” Ramírez stated.
Tribunal desarrolla audiencias masivas del régimen de excepción
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador instaló este 27 de enero la cuarta audiencia única abierta en contra de 163 capturados bajo el régimen de excepción, según informó la Fiscalía en su cuenta de X.
La Fiscalía acusa en este caso a supuestos pandilleros vinculados al programa Libertad de la clica Teclas Locos de la Mara Salvatrucha (MS-13). El dictamen de acusación en contra de los 163 procesados fue presentado en diciembre de 2025 ante el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado.
Además, según la información divulgada por la Fiscalía estos son acusados por organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas y posesión y tenencia de drogas.
Este martes, en las afueras del Centro Judicial contra el Crimen se observaba a decenas de familiares de privados de libertad, quienes esperaban el resultado de esta audiencia.
Entre ellos se encontraba María Ángela Ramos, madre de Erick y Carlos Ramos. La mujer llegó hasta este centro judicial, ubicado en Soyapango, luego de que la abogada pública les notificó sobre el desarrollo de esta audiencia en contra de sus hijos.
María relató que sus hijos fueron capturados bajo el régimen de excepción en abril de 2023 y desde esa fecha su familia no ha podido tener mayor información sobre ellos. Solamente conocen los centros penitenciarios en los que se encuentran.
Carlos se encuentra en el Centro Penal de San Francisco Gotera, al oriente del país. Su hermano Erick, quien padece una enfermedad mental, ha estado recluido en el Centro Penal de Ilopango desde que fue capturado.
Notificación tardía
Sin embargo, fuentes judiciales vinculadas al caso cuestionaron la manera en la que fueron citados los abogados, fiscales y testigos del proceso. Aseguran que el Tribunal les notificó tardíamente sobre esta audiencia.
“Ellos mismos admiten que no saben qué van hacer y dieron cinco días para responder. Es un gran violación de derechos humanos, todo el proceso está hecho para condenar a esa gente”, dijo una de las fuentes de este caso.
María narró que su hijo Carlos fue capturado en horas de la madrugada y que él se dedicaba a hacer viajes a través de una plataforma digital. El día de la captura, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a su vivienda y le pidieron que los acompañara. Desde abril de 2023 ya no regresó a su casa.
A Carlos y a Erick los defiende una misma abogada de la Procuraduría General de la República (PGR). Además, según verificó El Diario de Hoy, esta misma profesional ejerce la defensa de otros 149 imputados en este proceso.
Estas audiencias se desarrollan luego que la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley contra el Crimen Organizado que permite procesar de forma masiva a una estructura en un solo expediente.
Cuestionan juicios masivos
Un grupo de familiares de privados de libertad que pertenecen al Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) se concentraron también afuera del Centro Judicial contra el Crimen Organizado para denunciar los juicios masivos durante el régimen de excepción.
Samuel Ramirez, vocero de esta organización, cuestionó que a través de estas audiencias masivas las autoridades condenen también a personas que no cometieron delitos.
“Nos preocupa esa agrupación de personas inocentes con personas vinculadas a pandillas o verdaderos criminales en este país. La fiscalía tuvo más de tres años para comprobar el delito y ahora quieren condenarlos a través de vinculación de las pandillas a través de un territorio, eso tampoco creemos que sea lo correcto, eso es arbitrario”, mencionó Ramírez.