On January 21, roughly one hundred workers fired from the Rosales National Hospital gathered outside the Legislative Assembly to demand their severance pay after being terminated on December 23, 2025.
A delegation of the dismissed workers entered the legislative building and attempted to file a formal petition requesting that their legally mandated severance payments be processed.
The former Rosales employees were received by lawmakers from the VAMOS parliamentary group, who pledged to support the grievances raised by the hundreds of dismissed workers.
“We have sought out the necessary authorities to secure severance pay for all former hospital workers, but since we have received no response, today we have made a formal request to the lawmaker (Claudia Ortiz) for her support,” said Antonio Ortiz, the workers’ spokesperson.
The lawmaker held a meeting with the delegation that entered the Legislative Assembly and expressed dismay that no institution has responded to their situation to date.
“We believe labor rights are being violated, and furthermore, the manner in which these position eliminations were carried out failed to respect due process,” said the VAMOS lawmaker.
“This is a call to the relevant authorities: these more than 1,700 people cannot be left in limbo. I also want to emphasize the harm done to the public’s right to health on the day of the hospital’s dismantling, as well as in the days before and after,” the lawmaker added.
First Death
The group of dismissed workers also mourned the death of one of the terminated Rosales employees, who passed away after suffering from depression. She had been assigned to the medical center’s clinical laboratory.
She was 43 years old and died from complications of another illness after experiencing episodes of depression following her dismissal last December. She had worked at the hospital for 22 years.
“This colleague began working at the hospital in the telephone department, studied at night, and was able to complete her degree as a licensed clinical laboratory technician. She is the first among us to have passed away amid this crisis we are facing,” said the spokesperson for the dismissed workers.
He also reported that they have identified approximately 27 people with chronic illnesses who are facing additional hardships. “They have been unable to buy their medications due to lack of money. We demand that at least they receive their severance pay immediately—their lives are at stake,” Ortiz said.
“There are colleagues with hematological diseases, colleagues with chronic kidney failure, with heart conditions, and the situation is growing dire. We are approximately 1,800 employees whose positions were eliminated, and now we demand to be compensated in accordance with the law,” he added.
Despedidos del Rosales exigen indemnización ante la Asamblea Legislativa
Un centenar de trabajadores despedidos del hospital Nacional Rosales se concentraron este 21 de enero afuera de la Asamblea Legislativa para exigir que les cumplan el pago de indemnización, luego de ser cesados el pasado 23 de diciembre de 2025.
Una representación de los despedidos ingresó a las instalaciones legislativas e intentó presentar una pieza de correspondencia en la que piden se gestione el pago que les corresponde en concepto de indemnización.
Los empleados del anterior Rosales fueron recibidos por diputadas del grupo parlamentario de VAMOS, quienes prometieron que darán acompañamiento a las denuncias expresadas por los cientos de trabajadores despedidos.
“Hemos buscado a las instancias necesarias para que nos puedan indemnizar a todos los trabajadores del exhospital, pero en vista que no encontramos respuesta este día le hemos hecho la petición formal a la diputada (Claudia Ortiz) para que nos pueda acompañar”, mencionó Antonio Ortiz, vocero de los trabajadores.
La legisladora sostuvo una reunión con la comitiva que ingresó a la Asamblea Legislativa y lamentó que ninguna institución les haya respondido hasta la fecha sobre la problemática.
“Consideramos que se están dando vulneraciones a derechos laborales y también la forma en la cual se hicieron estas supresiones ha sido una manera que no ha respetado el debido proceso”, dijo la diputada de VAMOS.
“Es un llamado a las diferentes instancias a que estas más de 1,700 personas no pueden quedar en el aire, y además quiero hacer un énfasis de las afectaciones que ese día y los días posteriores y previos al desmantelamiento del hospital Rosales también se violentaron derechos a la salud de la población”, añadió la legisladora.
Primera muerte
El bloque de trabajadores despedidos también lamentó que una de las cesadas del Rosales falleció luego de enfrentar un cuadro de depresión. Ella estaba destacada en el área de laboratorio clínico del centro médico.
Tenía 43 años y falleció luego de complicaciones por otra enfermedad, tras enfrentar etapas de depresión por su despido en diciembre pasado. Laboró durante 22 años en el hospital.
“Esta compañera inició a laborar en el hospital en el área de telefonía, estudiaba en las noches y pudo culminar su carrera de licenciada en laboratorio clínico y es la primera persona que tenemos que ha partido de este mundo bajo este problema que tenemos”, manifestó el vocero de los despedidos.
Además, expresó que han contabilizado aproximadamente 27 personas con enfermedades crónicas que están enfrentando otros problemas. “No han podido comprar sus medicamentos debido a la falta de dinero y nosotros exigimos que se les pueda indemnizar aunque sea a ellos, urge porque está en riesgo la vida de ellos”, mencionó Ortiz.
“Hay compañeras con enfermedades hematológicas, compañeras con enfermedades de insuficiencia renal crónica, con problemas cardíacos y se está complicando la situación. Somos alrededor de 1,800 empleados que fuimos suprimidos y ahora exigimos que se nos indemnice conforme a la ley”, añadió.