For nearly two months, residents of the San Francisco Angulo community in the Tecoluca district—part of the San Vicente Sur municipality—have guarded the access road to Lomas de Angulo. It was there, in October of last year, that a company began clearing and grading work for a new landfill.
Community members maintain that since November 24, 2025, they have blocked all heavy machinery from entering the site in an effort to halt construction of the waste dump.
However, residents of San Francisco Angulo and surrounding communities claim that local police have warned them they could face prosecution for three separate crimes because of their actions.
César Cañas, a community leader in Tecoluca and council member for the San Vicente Sur municipal government, said that on January 5, residents went to the local police station to request a police presence at the construction site.
But the police response, according to Cañas, “was disconnected from reality.” “They said the community was committing three crimes: illicit association, public disorder, and obstruction of free transit,” he said.
“So their position, instead of supporting the community, shows they are aligned with this project—or with the Executive’s decision, you could say,” he added.
Frank Omar Parada, spokesperson for the Bloque de Resistencia Popular (Popular Resistance Bloc), which has supported the San Francisco Angulo residents in their fight against the landfill, described the community’s efforts and questioned the role of the police.
“We see a very complicated situation regarding the role the police have been playing in these cases, where there is a conflict between community interests and corporate interests,” he said.
The spokesperson for the Popular Resistance Bloc (BRP) said residents have been securing the access point for several weeks and have not allowed heavy machinery to pass. He also noted that representatives of one of the companies involved in the landfill project recently warned they would bring private security guards to the area.
The Mexican-owned company is working alongside the Asociación de Municipios de los Nonualcos (Association of Nonualcos Municipalities) and the Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (National Solid Waste Authority, ANDRES)—a public agency created in December 2024—to build the Tecoluca landfill.
“Facing the company’s threat to bring in private security groups to pressure the community, they went to the police to report the threat. The police response was that they were just waiting for arrest warrants to come to the community and create an atmosphere of repression,” Omar said.
El Diario de Hoy sent an email to Cyeemsal requesting the company’s response to these claims, but received no reply before publication.
“Defending Their Community”
César Cañas and Frank Omar agree that the residents are simply defending their territory against the potential contamination a landfill would cause.
The BRP spokesperson insisted the residents are not committing any crime—least of all illicit association, the charge typically used to prosecute gang members. “They are not organizing to commit illegal acts. What the community is doing is organizing to defend their home, to uphold a court ruling, and to enforce environmental law,” he said.
Cañas added that community leaders reject the accusations as baseless and noted that the illicit association statute applies to very different circumstances. “In fact, the Constitution protects peaceful, unarmed protest. The community is acting in legitimate defense of life, of the families here, and of the environment. They are not committing any crime,” he concluded.
Habitantes temen ser acusados de delitos por impedir construcción de relleno sanitario
Desde hace casi dos meses, pobladores de la comunidad San Francisco Angulo, en el distrito Tecoluca, municipio de San Vicente Sur, vigilan la calle de acceso a Lomas de Angulo, donde en octubre del año pasado una empresa inició trabajos de limpieza y terracería para la construcción de un nuevo relleno sanitario en la zona.
Los habitantes de este sector sostienen que desde el 24 de noviembre de 2025 no han permitido el ingreso de más maquinaria pesada, con el propósito de impedir que se continúe con la construcción de este vertedero de basura.
Sin embargo, los pobladores de San Francisco Angulo y comunidades aledañas afirman que autoridades policiales de la zona les advirtieron que podrían ser procesados por tres delitos por las acciones que realizan.
César Cañas, líder comunal de Tecoluca y concejal de la alcaldía de San Vicente Sur, aseguró que el pasado 5 de enero se presentaron a la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Tecoluca para pedir acompañamiento en la zona de la construcción.
Pero la respuesta de las autoridades policiales, según manifestó Cañas, «fue alejada de la realidad». «Dijeron que la comunidad estaba cometiendo tres delitos, estaba cometiendo asociaciones ilícitas, desórdenes públicos e irrupción de libre tránsito», mencionó.
«Entonces, la postura de ellos en lugar de respaldar a la comunidad, pues se ve de que hay un alineamiento con este proyecto o con la decisión del Ejecutivo se podría decir», añadió.
Por su parte, Frank Omar Parada, vocero del Bloque de Resistencia Popular (BRP), que ha dado acompañamiento a los habitantes de San Francisco Angulo en su lucha contra el relleno sanitario, explicó la labor que hacen los pobladores de estas comunidades y cuestionó el papel de la PNC.
«Nosotros vemos una situación bastante complicada respecto al papel que ha estado jugando la PNC en este tipo de situaciones, en donde hay una confrontación entre los intereses de la comunidad y los intereses empresariales», comentó.
El vocero del BRP dijo que los habitantes tienen varias semanas de dar seguridad al acceso y no permiten el paso de maquinaria pesada. Y manifestó que recientemente representantes de una empresa que participa junto a otros sectores en la construcción del relleno advirtieron que llevarían vigilantes privados a la zona.
La empresa de dueños mexicanos es la que junto a la Asociación de Municipios de los Nonualcos y la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), un ente público creado en diciembre de 2024, proyecta construir este relleno en Tecoluca.
«Frente a la amenaza de la empresa de llevar a grupos de seguridad privada para ejercer algún tipo de presión sobre la comunidad, ellos fueron a la PNC a poner aviso sobre la amenaza que habían hecho los empresarios y la respuesta de la policía fue que ellos solo estaban esperando la orden de captura para llegar a la comunidad y generar un ambiente de represión», expresó Omar.
El Diario de Hoy envió un correo electrónico a Cyeemsal para conocer la postura de la empresa ante estos señalamientos; pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta.
«Defienden su comunidad»
César Cañas y Frank Omar coinciden en que lo único que hacen los habitantes de esta comunidad es defender el territorio ante la posible contaminación que genere un relleno sanitario.
El vocero del BRP aseguró que los pobladores no están cometiendo ningún ilícito y mucho menos el delito de asociaciones ilícitas (con el que se procesa a pandillas). «No se están organizando para cometer actos ilícitos, lo que está haciendo la comunidad es organizándose para defender su comunidad, para defender una resolución judicial y para defender la ley de medio ambiente», apuntó.
Por su parte, Cañas dijo que la postura de los líderes y de la comunidad es que estos señalamientos son falsos y que el delito de agrupaciones se refiere a otras situaciones. «De hecho, la Constitución avala la manifestación pacífica sin armas, y la comunidad pues está en legítima defensa de la vida, de las familias de acá y del medio ambiente, en ningún momento se está incurriendo en delitos», concluyó.