The Ministry of Health (MINSAL) has placed under seal information related to four procurement processes conducted between July and November 2025, all classified as urgent and carried out through direct contracting. The purchases involve acquiring medications and supplies, as well as services for collecting and disposing of expired or deteriorated medications and laboratory reagents.
The index of information under seal is the periodically published list that each institution maintains of data it deems cannot be released to the Salvadoran public, based on criteria set forth in the Law on Access to Public Information (LAIP).
MINSAL’s most recent update to the index occurred on December 18, 2025. On that day, the institution formalized the inclusion of three procurement processes from November and December. The fourth process, from July, had already been added in a prior update.
MINSAL justified withholding this urgent medication purchase information from the Salvadoran public by citing Article 19, subsection d, of the LAIP. That provision allows information to be kept under seal if it places “the life, safety, or health of any person in evident danger.”
In essence, MINSAL has determined that the lives, safety, or health of Salvadorans will be jeopardized if the public learns which medications were bought on an urgent basis in July and December, how much was paid for them, and which supplier received the award.
This outlet sought comment from Health Minister Francisco Alabí via the institutional email listed on the transparency portal. However, as of this report’s deadline, the ministry had provided no response.
The purchases MINSAL placed under seal include: a batch of medications acquired on July 18; a contract for collection, transport, treatment, and final disposal services for medications, supplies, and laboratory reagents, awarded on November 7; the purchase of medical supplies and sutures on November 10; and another medication purchase on December 11.
In none of the medication or supply purchase cases did the ministry issue any public statement warning of an emergency in the public health system.
Scrutiny
The Dr. Salvador Allende Health Movement (ALAMES El Salvador) has questioned the lack of information on why these urgent medication purchases proceeded via direct contracting and what types of medicines were acquired. These buys stand in stark contrast to 2025 complaints from health worker organizations about medication shortages in public hospitals.
“The disorder fomented by MINSAL invariably triggers shadowy financial maneuvers, with emergency purchases declared to enable discretionary execution devoid of transparent oversight,” the movement stated.
“MINSAL authorities and the Salvadoran government are betting on the collapse of the Integrated National Health System—sparked by the crisis in medications and supplies—so they can swoop in with ‘solutions’ reliant on private service contracts, followed by billing the public for those services,” the movement added in its critique of the country’s health sector.
In addition to ALAMES, the organization Acción Ciudadana (Citizen Action) reviewed MINSAL’s information seal and noted that direct contracting should remain exceptional in public administration.
“The key question is whether MINSAL was authorized—or whether it can justify—these processes under the direct purchase mechanism labeled as urgent. The Public Procurement Law permits this but only exceptionally, not as a general rule, because it involves fewer controls and allows greater discretion in contracting,” the group stated.
Acción Ciudadana further argued that both the urgency designation and the seal should be accompanied by public declarations explaining the rationale behind MINSAL’s decisions.
“Any institution invoking this mechanism must substantiate and justify each process: why it requires that approach. The urgency must be justified, and poor planning cannot serve as an excuse,” the organization emphasized. “This evades oversight, and sealing the information reveals an intent to escape scrutiny of the purchases,” it concluded.
MINSAL pone en reserva compras “urgentes” de medicamentos
El Ministerio de Salud (MINSAL) puso bajo reserva la información relacionada a cuatro procesos de compra realizados entre julio y noviembre de 2025, todos ellos con carácter de urgencia y ejecutados bajo la modalidad de contratación directa. Las compras consisten en la adquisición de medicamentos e insumos, así como servicios de recolección y disposición de medicamentos y de residuos reactivos de laboratorio ya vencidos o deteriorados.
El índice de información reservada es el índice que cada institución publica periódicamente con la lista de información que considera que no puede entregar a la población salvadoreña, a partir de criterios definidos en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
La última actualización de dicho índice por parte del MINSAL ocurrió el 18 de diciembre de 2025. Ese día se oficializó la incorporación de tres procesos de compras ocurridos entre noviembre y diciembre. El cuarto proceso en mención ocurrió en julio y ya se había incorporado al índice en una actualización anterior.
El MINSAL justificó poner fuera del alcance de la población salvadoreña la información sobre la compra urgente de medicamentos basándose en el artículo 19, literal d, de la LAIP. Según este, se puede poner en reserva la información que ponga “en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.
Dado lo anterior, el MINSAL, básicamente, consideró que la vida, la seguridad o la salud de los salvadoreños estará en riesgo si se da a conocer qué medicamentos fueron comprados con carácter de urgencia en julio y en diciembre, cuánto se pagó por ellos y quién fue el proveedor adjudicado.
Este medio gestionó un espacio de consulta con el ministro de Salud, Francisco Alabí, por medio del correo electrónico institucional que tiene asignado en el portal de transparencia. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no había ninguna respuesta de la institución.
Las compras que el MINSAL reservó incluyen: un lote de medicamentos adquirido el 18 de julio; un contrato por servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de medicamentos, insumos y reactivos de laboratorio, contratado el 7 de noviembre; la compra de insumos médicos y suturas, realizada el 10 de noviembre; y otra compra de medicamentos, efectuada el 11 de diciembre.
En ninguno de los casos relacionados con compras de medicamentos o insumos hubo un pronunciamiento de parte del ministerio, en el sentido de advertir públicamente que había alguna emergencia en el sistema de salud público.
Cuestionamiento
El Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende” (ALAMES El Salvador) cuestionó la falta de información sobre por qué motivo se realizaron las compras urgentes de medicamentos por contratación directa y qué tipo de medicinas fueron adquiridas , debido a que estas compras contrastan con las denuncias de desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos que organizaciones de trabajadores de la salud realizaron en 2025.
“El desorden promovido por el MINSAL siempre ocasiona movimientos oscuros de recursos financieros, declarando compras de emergencia para realizarlas de manera discrecional y sin controles transparentes”, señaló el Movimiento.
“Las autoridades del MINSAL y el gobierno salvadoreño le apuestan al fracaso del Sistema Nacional Integrado de Salud ocasionado la crisis de falta de medicamentos e insumos, para salir con ‘las soluciones’ basadas en compra de servicios a privados y posteriormente el cobro por los servicios a la población”, agregó el Movimiento en su cuestionamiento sobre la situación actual del sector salud en el país.
Además de ALAMES, también la organización Acción Ciudadana analizó la reserva de información ordenada por el MINSAL y señaló que las compras por contratación directa deberían ser excepcionales en la administración pública.
“Lo que tenemos que preguntarnos es si el MINSAL estaba habilitado, o si se justifica que haya realizado estos procesos bajo esa figura de compra directa con calificativo de urgencia; la Ley de Compras Públicas establece esto y debe ocuparse de forma excepcional, no es regla general, por que los controles son menores y permite que la contratación sea un poco más discrecional”, indicaron.
Además, Acción Ciudadana indicó que tanto el calificativo de urgencia como la reserva deberían estar acompañadas de declaratorias públicas que expliquen el argumento con el que se justifican las decisiones tomadas por parte del MINSAL.
“Una institución que utilice este mecanismo debe motivar, justificar, en cada proceso a realizar por qué se va a hacer de esa forma. Tiene que justificarse la urgencia, y no se pueden invocar razones como mala planificación”, apuntó la organización. “Se busca evadir un poco los controles, y además el hecho de que la información se ponga bajo reserva deja de manifiesto la intención de que no haya escrutinio sobre las compras”, sentenciaron.