The institutions comprising the expanded security cabinet convened a press conference last Monday to present the 2025 security report.

At the event, officials leading the Ministry of Security, the Attorney General’s Office, and the Armed Forces unveiled their figures on crimes, arrests, and seizures.

Despite the presence of journalists from various media outlets, no questions were fielded. Social media users, however, flooded cyberspace with pointed interrogations directed at the officials.

The Attorney General’s Office made three posts about the event on its official Facebook page, drawing more than 300 comments.

Among the cases cited was the embezzlement at the Santa Victoria Savings and Credit Cooperative (COSAVI de R.L.), one of the largest financial fraud scandals in the country’s recent history. The entity allegedly extended loans to municipalities aligned with Nuevas Ideas and made donations to the party.

In May 2024, the Attorney General’s Office exposed the $35 million fraud against the cooperative’s savers and announced that 32 individuals were implicated.

COSAVI’s general manager, Manuel Coto Barrientos, emerged as the primary suspect. After four months on the run, he was arrested in Honduras in September 2024.

However, Coto died that same month in a helicopter crash while being transported under police custody from Honduras to San Salvador—an incident that also claimed the life of Police Director Mauricio Arriaza Chicas.

Social media users also hammered the security authorities over the release of Élmer Canales Rivera from the Zacatecoluca maximum-security prison.

Canales Rivera, alias “Crook,” ranks among the historic leaders of the Mara Salvatrucha (MS-13) high command. He walked free despite convictions for homicide and extortion, and despite being sought by U.S. justice on terrorism and drug-trafficking charges.

In November 2023, the U.S. Department of Justice revealed that Canales Rivera’s prison exit in El Salvador involved an escort by high-level Salvadoran officials, lodging in a luxury apartment, and provision of a firearm.

“CANALES-RIVERA was escorted from prison by high-level Salvadoran government officials, lodged in a luxury apartment and other locations, provided with a firearm, and then driven to the Guatemala border, where arrangements were made with a human smuggler to illegally smuggle CANALES-RIVERA into Guatemala,” the document states.

After fleeing, Crook evaded capture for two years until his arrest on November 9, 2023, upon arrival at Houston’s George Bush Intercontinental Airport in Texas—after being tracked to Mexico. Salvadoran authorities have maintained silence on the case amid the accusations.

The disappearance of Carlos Santos Abarca stands as another case fueling questions aimed at government officials.

Twenty-two-year-old Carlos Abarca vanished on January 1, 2022, after heading out for a run near Colonia Monserrat in the municipality of San Salvador.

The last time Salvadoran officials addressed the case was May 16, 2023, when Security Minister Gustavo Villatoro stated in a televised interview that the young man’s disappearance bore no ties to criminal activity.

“In this case, we are working on it, but it relates to very specific circumstances involving the victim, and we have reports of sightings in the early days,” the minister said.

The missing youth’s mother has pursued a relentless search since the day he vanished, while authorities have failed to locate him.

Regarding the prolonged state of exception, officials reported that from its onset on March 27, 2022, through December 2025, authorities have detained 90,844 alleged gang members and collaborators.

Of these, 83,993 face charges and remain imprisoned, while the rest are free under alternatives to pretrial detention.

Social media users, however, contend that some individuals languish in prison arbitrarily and demand expedited handling of their cases.

Users further criticized the authorities for failing to disclose the number of deaths inside prisons.

According to Legal Humanitarian Aid data as of December 29, 2025, 473 people had died in prisons since the state of exception began.

Users also demanded to know when officials accused of corruption—among them Carolina Recinos, Pablo Anliker, and current Penal Centers Director Osiris Luna—will face investigation. They further questioned the probe into the death of former presidential adviser Alejandro Muyshondt while in prison.

Infodemia: https://infodemia.com.sv/las-preguntas-que-el-gabinete-de-seguridad-sigue-sin-responder

Las preguntas que el Gabinete de Seguridad sigue sin responder

En la actividad los funcionarios que dirigen el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía y la Fuerza Armada presentaron sus cifras relacionadas a delitos, capturas e incautaciones. 

A pesar de la presencia de periodistas de diversos medios de comunicación, no hubo espacio para preguntas. Sin embargo, los usuarios de redes sociales aprovecharon el ciberespacio para hacer una serie de cuestionamientos a los funcionarios. 

La Fiscalía realizó en su página oficial de Facebook tres publicaciones sobre la actividad en la que recibió más de 300 comentarios. 

Uno de los casos mencionados es el desfalco de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI de R.L.), uno de los escándalos de fraude financiero más grandes en la historia reciente del país. Dicha entidad habría dado préstamos a alcaldías de Nuevas Ideas y hecho donativos a este partido. 

En mayo de 2024, la Fiscalía General reveló el fraude financiero de 35 millones de dólares de los ahorrantes de la cooperativa e informó que 32 personas estaban involucradas. 

El gerente general de Cosavi, Manuel Coto Barrientos, fue señalado como el principal implicado y tras permanecer prófugo durante cuatro meses, fue capturado en Honduras en septiembre de 2024. 

Sin embargo, Coto falleció ese mismo mes en un accidente de helicóptero mientras era trasladado bajo custodia policial desde Honduras hacia San Salvador, percance en el que también murió el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas.

La liberación de Élmer Canales Rivera de la cárcel de máxima seguridad de  Zacatecoluca es otro de los cuestionamientos de los usuarios de redes sociales hicieron a las autoridades de seguridad. 

Canales Rivera, alias Crook, es uno de los cabecillas de la cúpula histórica de la Mara Salvatrucha MS-13 y fue liberado de la prisión pese a estar condenado por homicidio y extorsión. Además era requerido por la justicia de Estados Unidos bajo cargos de terrorismo y narcotráfico.

En noviembre de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que para su salida de prisión en El Salvador Canales Rivera fue escoltado por funcionarios salvadoreños de alto nivel, alojado en un apartamento de lujo y provisto de un arma de fuego. 

“CANALES-RIVERA fue escoltado desde una prisión por funcionarios de alto nivel del gobierno salvadoreño, alojado en un apartamento de lujo y otros lugares, provisto de un arma de fuego, y luego conducido a la frontera con Guatemala, donde se hicieron arreglos con un traficante de personas para contrabandear ilegalmente CANALES-RIVERA a Guatemala”, señala el documento.

Luego de la huida, el Crook permaneció dos años prófugo, pero el 9 de noviembre de 2023, fue arrestado a su llegada al Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston. Texas, tras ser localizado en México. Las autoridades salvadoreñas han guardado silencio sobre este caso, pese a los señalamientos.

La desaparición de Carlos Santos Abarca es otro de los casos que genera interrogantes dirigidas a los funcionarios del Gobierno. 

Carlos Abarca, de 22 años de edad, está desaparecido desde el 1 de enero de 2022, cuando salió a correr en los alrededores de la Colonia Monserrat, en el municipio de San Salvador.

La última vez que los funcionarios salvadoreños se refirieron a ese caso fue el 16 de mayo de 2023, cuando el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en una entrevista televisiva que la desaparición del joven no estaba relacionada a una actividad criminal. 

“En este caso se está trabajando, pero está relacionado a situaciones muy particulares de la víctima y tenemos reportes de lugares de donde se había visto en los primeros días”, expresó el ministro.

La madre del joven desaparecido mantiene una búsqueda constante desde el día que su hijo desapareció, mientras las autoridades no han podido dar con su paradero.

En cuanto al prolongado estado de régimen de excepción, las autoridades informaron que desde que inició el 27 de marzo de 2022 hasta diciembre de 2025 han sido detenidas 90 mil 844 presuntos pandilleros y colaboradores de las pandillas. 

De estos, 83 mil 993 imputados se encuentran en prisión, mientras el resto se encuentra en libertad con medidas alternas a la detención provisional. 

Sin embargo, los usuarios de redes sociales aseguran que algunas de las personas se encuentran en prisión presuntamente de forma arbitraria y piden que se agilicen esos casos. 

Por otra parte, criticaron que las autoridades no informaron sobre el número de personas que han muerto dentro de cárceles. 

Según datos del Socorro Jurídico Humanitario hasta el 29 de diciembre de 2025 contabilizaban 473 personas muertas dentro de las cárceles desde el inicio del régimen de excepción.

Asimismo los usuarios cuestionaron de cuando investigarán a funcionarios actuales señalados de presuntamente participar en actos de corrupción, entre ellos Carolina Recinos, Pablo Anliker y el actual director de Centros Penales, Osiris Luna. Por otra parte, cuestionaron sobre la investigación en torno a  la muerte del exasesor presidencial Alejandro Mushondt, mientras se encontraba en prisión. 

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