The Judicial Branch will eliminate 1,045 positions throughout the institution as a result of the budget cut approved by Nuevas Ideas and allied parties, following a constitutional reform that abolished the minimum budget allocation the Branch was historically mandated to receive.
This is specified in the final version of the 2026 General National Budget Law, published this afternoon by the Ministry of Finance on the Fiscal Transparency Portal. The Legislative Assembly approved the budget on December 18, though the Official Gazette (*Diario Oficial*) has yet to publish it.
Prior to the budget approval, on December 16, the ruling bloc passed a constitutional reform eliminating the provision that guaranteed the Judicial Branch no less than 6 percent of the State’s current revenues. Without any debate, the legislature struck the measure and cleared the path for cuts to the Supreme Court of Justice.
Once the reform passed—and even before it took effect—the Legislative Assembly approved a $364 million reduction to the Judicial Branch’s allocation, without specifying where the cuts should occur and without consulting the Supreme Court of Justice.
With the budget document now public, the figures are starkly clear: the Branch will shrink from 11,761 positions to 10,716, after shedding 1,045 employees. The reductions strike hardest among technicians (333 fewer), administrative staff (322 fewer), and service workers (291 fewer), among others.
Consequently, the payroll allocation will drop from $298.8 million to $266.1 million—a $31.7 million cut to the Judicial Branch’s employee compensation.
The budget will also slash funding for fixed-asset investments, which cover public investment projects and infrastructure. The original proposal included 18 infrastructure projects budgeted at $69.5 million; the final version retains just two, allocated $3 million.
To date, the Judicial Branch has issued no public statement on either the constitutional reform or the budget reduction it endured.
Órgano Judicial recortará 1,045 plazas por recorte en presupuesto 2026: esta fue la asignación para remuneraciones
El Órgano Judicial recortará 1,045 plazas en la institución producto del recorte a su presupuesto aprobado por Nuevas Ideas y partidos aliados, tras la reforma a la Constitución para eliminar el presupuesto mínimo que dicho órgano debía recibir cada año.
Así consta en la versión final de la Ley del Presupuesto General de la Nación 2026, compartido esta tarde por el Ministerio de Hacienda en el portal de Transparencia Fiscal. El presupuesto fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 18 de diciembre, pero aún no se ha publicado el Diario Oficial con el mismo.
Previo a la aprobación del presupuesto, el 16 de diciembre, el oficialismo aprobó una reforma a la Constitución para eliminar la disposición que otorgaba al Órgano Judicial un presupuesto no menor al 6 % de los ingresos corrientes del Estado. Sin ninguna discusión de por medio, el Legislativo eliminó lo anterior y dejó abierta la puerta para un recorte en la Corte Suprema de Justicia.
Luego de aprobada la reforma, y sin que la misma hubiera cumplida aún el plazo para entrar en vigencia, la Asamblea aprobó un recorte de $364 millones en la asignación del Órgano Judicial, sin indicar dónde se deberían ejecutar los recortes y sin realizar ninguna consulta con la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, con la publicación del proyecto de presupuesto, las cifras están más claras: el Órgano pasará de tener 11,761 plazas a tener 10,716, luego de un recorte de 1,045 empleados. Entre las actividades donde aparecen los recortes destacan: 333 técnicos menos, 322 empleados administrativos y 291 empleados de servicios, entre otros.
Producto de lo anterior, la asignación para las remuneraciones de los empleados pasará de $298.8 millones a tener $266.1 millones. Se le realizó un recorte de $31.7 millones a las remuneraciones del Órgano Judicial.
Asimismo, habrá un recorte en la asignación para la inversión en activos fijos, que consiste en la ejecución de proyectos de inversión pública o de infraestructura. El presupuesto contenía originalmente 18 proyectos de infraestructura con una asignación de $69.5 millones, y en la versión final quedarán solo dos proyectos de infraestructura, con una asignación de $3 millones.
Hasta la fecha, el Órgano Judicial no se ha pronunciado públicamente por la reforma constitucional, ni por el recorte sufrido en su asignación presupuestaria.