2025 has been the year of the most sweeping criminalization and politically motivated judicial persecution since the signing of the Peace Accords. Only under the military dictatorships and during the civil war did the country witness anything comparable.
To the cases of the environmental leaders from Cabañas, the veterans of the Alianza El Salvador en Paz (El Salvador in Peace Alliance), and others carried over from previous years, 2025 added those of environmental lawyer Alejandro Henríquez, evangelical pastor and cooperative leader José Ángel Pérez, human rights lawyer Ruth Eleonora López, and constitutional lawyer Enrique Anaya.
This year also saw the arrest of the former president of the Tribunal Supremo Electoral (Supreme Electoral Tribunal), Eugenio Chicas, while human rights defender Fidel Zavala was returned to the same prison where he had witnessed the abuses he had publicly denounced.
This has also been the year of the forced exile of dozens of investigative journalists, human rights defenders, social activists, and critics of the dictatorship, who were compelled to flee the country to evade detention and imprisonment.
In 2025, the brutal state of exception has persisted, justified by the increasingly implausible pretext of public security. It keeps tens of thousands of innocent people detained for nearly four years without the right to defense counsel, without seeing their families, and without a judicial hearing. These individuals now face the threat of mass trials in which innocent civilians will be condemned alongside guilty gang members.
This year also witnessed one of the most disgraceful episodes ever seen in El Salvador: the kidnapping of Venezuelan and Salvadoran migrants held in the infamous Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT, Terrorism Confinement Center), where they were subjected to torture.
2025 has also been the year of the most severe environmental destruction. Following the reversal of the metallic mining ban, the (not so) slow death of the Lempa River, and the contamination of 95 percent of our water sources, diverse ecosystems have been ravaged to make way for urban, tourism, and commercial projects in aquifer recharge zones, protected natural areas, and even disaster-prone regions.
Finca El Espino, Cordillera El Bálsamo, Volcán de San Salvador, Lago de Coatepeque, the coastal zone of La Unión, Lago de Ilopango, and Comunidad San Francisco Angulo stand out among the sites of environmental devastation.
This has also been the year of deepening indebtedness, corruption, and the looting of the public coffers. The Bukele regime has driven external debt beyond 35 billion dollars (over 90 percent of GDP), has seized 80 percent of pension funds, and presided over public corruption estimated at 3 billion dollars, according to the digital newspaper El Faro.
Lack of access to information and accountability are hallmarks of this autocratic regime. The fight against corruption has been twisted into a pretext for persecuting human rights defenders, political opponents, and government critics.
In 2025, the living conditions of the majority of the population also deteriorated. An additional 100,000 families fell into extreme poverty, according to data from the Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (Multipurpose Household Survey) conducted by the government itself. Illiteracy, unemployment, the cost of living, lack of access to housing, and other economic and social ills have all intensified.
This has been the year of brazen and cruel persecution against the poor, clearly evidenced in anti-poor measures such as dispossession and gentrification in the Centro Histórico de San Salvador. 2025 marked the highest level of mass dismissals of public workers. As he lit the Christmas tree, the autocrat ordered the firing of hundreds of employees from the country’s main public hospital.
This year also brought the deportation of thousands of compatriots—an action the government scarcely mentions so as not to displease Donald Trump.
2025 was also the year of the militarization of public education and the privatization of health care through pernicious regulations allowing private participation in the public hospital system.
This has also been the year of authoritarian and dictatorial consolidation, the nullification of due process and judicial independence, disdain for citizens’ rights, and legal insecurity for investors.
In the face of this barbarity and desolation, the only path forward lies in the populace awakening, shedding its fear, becoming adequately informed, reclaiming critical thinking, embracing civic responsibility, and organizing to defend its rights and steer the country toward new democratic paths.
Only then can this regime be compelled to restore the mining ban, halt environmental destruction, enact a progressive tax reform instead of further indebting the nation, and address the problems afflicting the people. And only then can we envision and build a new national project that is truly democratic, equitable, just, inclusive, and sustainable.
* Leonel Herrera, Journalist and Social Activist.
Diario Co Latino: https://www.diariocolatino.com/2025-2/
2025
2025 ha sido el año de la mayor criminalización y persecución judicial por motivos políticos después de la firma de los Acuerdos de Paz. Sólo durante las dictaduras militares y la guera civil hubo situaciones similares.
A los casos de los líderes ambientalistas de Cabañas, los veteranos de la Alianza El Salvador en Paz y otros que venían de años anteriores, en 2025 se sumaron los del abogado ambientalistas Alejandro Henríquez, el pastor evangélico y cooperativista José Ángel Pérez, la abogada de derechos humanos Ruth Eleonora López y el abogado constitucionalistas Enrique Anaya.
Este año también fue detenido el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral Eugenio Chicas y el defensor de derechos humanos Fidel Zavala fue devuelto a la misma cárcel donde presenció los abusos que había denunciado públicamente.
Éste también ha sido el año del exilio forzado de decenas de periodistas de investigación, defensores de derechos humanos, activistas sociales y críticos de la dictadura, quienes debieron salir de país para evitar ser detenidos y encarcelados.
En 2025 también ha continuado el brutal régimen de excepción que, con el argumento cada vez menos creíble de la seguridad pública, mantiene detenidas a decenas de miles de personas inocentes que acumulan casi cuatro de años sin derecho a la defensa, sin ver a sus familiares y sin tener una audiencia judicial. Estas personas hoy enfrentan la amenaza de juicios masivos donde civiles inocentes serán condenadas junto con pandilleros culpables.
Én este año también sucedió uno de los episodios más bochornosos nunca antes visto en El Salvador: el secuestro de migrantes venezolanos y salvadoreños encarcelados en la tristemente célebre prisión del Centro de Confinación del Terrorismo (CECOT), donde fueron torturados.
2025 también ha sido el año de la más grave destrucción ambiental. A la reversión de la prohibición de la minería metálica, la muerte (no tan) lenta del Río Lempa y la contaminación del 95% nuestras fuentes de agua, ha seguido la depredación de diversos ecosistemas donde se realizan proyectos urbanísticos, turísticos y comericales sobre zonas de recarga acuífera, áreas naturales protegidas y hasta en zonas de riesgo de desastres.
Finca El Espino, Cordillera El Bálsamo, Volcán de San Salvador, Lago de Coatepeque, zona costera de La Unión, Lago de Ilopango y Comunidad San Francisco Angulo, destacan entre los lugares de la destrucción ambiental.
Éste también ha sido el año de la profundización del endeudamiento, la corrupción y el saqueo público. El bukelato ha llevado la deuda externa a más de 35 mil millones de dólares (más del 90% del PIB), ha tomado el 80% de los fondos de pensiones y la corrupción pública ronda los 3,000 millones de dólares, según estimaciones del periódico digital El Faro.
La falta de acceso a la información y rendición de cuentas son carácterísticas de este régimen autocrático. La lucha contra la corrupción se ha profano al convertirla en una excusa para perseguir a defensores de derechos humanos, opositores políticos y críticos del gobierno.
El 2025 también se agravaron las condiciones de vida de la mayoría de la población. 100 mil familias más cayeron en extrema pobreza, según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Multiples realizada por el propio gobierno. También ha incrementado el analfabetismo, el desempleo, el costo de la vida, la falta de acceso a la vivienda y otros problemas económicos y sociales.
Éste ha sido el año de la persecución descarada y cruel contra la gente pobre, hecho que se evidencia claramente en procesos aporofóbicos como el despojo y gentrificación en el Centro Histórico de San Salvador. 2025 fue el año de más despidos masivos de trabajadores públicos. Mientras encendía el árbol navideño, el autócrata ordenaba el despido de centenares de empleados del principal hospital público del país.
Este año también tuvimos la deportación de miles de compatriotas, algo que el gobierno ni siquiera menciona para no incomodar a Donal Trump.
2025 también fue el año de la militarización de la educación pública y la privatización de la salud mediante una nefasta normativa que permite la participación privada en el sistema de hospitales públicos.
Éste también ha sido el año de la consolidación autoritaria y dictatorial, anulación del debido proceso y la independencia judicial, el irrespeto a los derechos de la ciudadanía y la inseguridad jurídica para los inversionistas.
Frente a esta barbarie y desolación, la única alternativa es que la población despierte, pierda el miedo, se informe adecuadamente, recupere el sentido crítico, asuma una actitud ciudadana y se organice para defender sus derechos y enrumbar al país por nuevos caminos democráticos.
Sólo así se podrá obligar a este régimen a restablecer la prohibición de la minería, a no seguir destruyendo el medioambiente, a aprobar una reforma fiscal progresiva en vez de seguir endeudando al país y resolver los problemas que afectan a la población. Y sólo así podremos imaginar y contruir un nuevo proyecto de país realmente democrático, equitativo, justo, incluyente y sustentable.
* Leonel Herrera, Periodista y activista social.
Diario Co Latino: https://www.diariocolatino.com/2025-2/