On Tuesday, December 23, hundreds of employees at the Hospital Nacional Rosales were notified of their separation from the institution, regardless of their length of service, work area, or specialty. The news, however, had been looming since the Executive Branch presented the draft Budget Law last September; the institution no longer appeared in the text, having been replaced by the new Red Nacional de Hospitales (National Hospital Network). Authorities, therefore, had nearly three months to communicate their plans, but that is not their style.
Prior to the budget presentation, two well-known public events took place: the construction of the new Hospital Nacional Rosales building, which began in 2019 and concluded in 2025, and the approval of the Law Creating the National Hospital Network. This legislation explicitly states that the Rosales is part of its assets, as will gradually be the case for the rest of the Ministerio de Salud (Ministry of Health) hospitals.
Reconstruction plans for the facility were announced in late 2016, when the administration at the time signed a loan contract for the Integrated Health Program Phase II with the Inter-American Development Bank (IDB). The aim was to build two hospitals: a general one for northern San Salvador and a high-complexity, tertiary-level specialty hospital—namely, the Rosales. The latter, after numerous setbacks, was eventually built by the Dirección de Obras Municipales (Municipal Works Directorate), financed by the nation’s general fund.
At some point, the current government ceased viewing this project merely as the construction of new facilities for the dilapidated Rosales and instead undertook a reorganization of the country’s public hospital system administration. To the surprise of few, it has opted for centralization, just as it has in other sectors such as the execution of municipal works, solid waste collection, and market management.
In all previous instances, changes were made without consultation and without regard for those directly affected. This is typically followed by a pompous launch of the new institutions, after which an opaque administrative scheme is adopted, lacking both access to information and accountability.
It will come as no surprise if, following the abrupt closure of the current Hospital Rosales, the launch of the new facility follows. In the days to come, we can expect a flood of images but little to no information regarding the institution’s performance. This is not mere speculation, as it has been a pattern with institutions created by the current administration. And not only with new institutions: since 2021, the country’s existing national hospitals ceased publishing their quarterly reports on discharges and deaths. Nor is there official information regarding medication shortages or wait times for specialty consultations.
The only information currently available is that the Red Nacional de Hospitales will have a budget of $177 million and a total of 3,229 employees in 2026. The dismissed employees might fill some positions in the new entity, but that decision will rest with the new authorities.
Of the total budget, $43.3 million is allocated for direction and administration, while $133.7 million is designated for medical management. It remains unclear whether these funds are solely for the new Rosales or if they also include the hospital in the northern zone.
The Hospital Rosales episode lays bare, once again, the current administration’s propensity for centralizing the management of public affairs, its persistent opacity regarding information, and the scant engagement of both local experts and those directly affected by its decisions. Far from an isolated event, this is a recurring practice that erodes public deliberation and compromises the quality of policymaking.
El Rosales, o sobre opacidad y centralización
El martes 23 de diciembre, cientos de empleados del Hospital Nacional Rosales fueron notificados de que serían separados de la institución, sin importar el tiempo de servicio, área de trabajo o especialidad. La noticia, sin embargo, era algo que se veía venir desde que el Ejecutivo presentó el anteproyecto de Ley de Presupuesto en septiembre pasado, en el cual ya no figuraba esa institución, pero sí la nueva Red Nacional de Hospitales. Las autoridades, por lo tanto, tuvieron casi tres meses para informar cuáles eran sus planes al respecto, pero ese no es su estilo.
Antes de la presentación del presupuesto ocurrieron, además, dos hechos públicos y notorios: la construcción del nuevo edificio del Hospital Nacional Rosales, que comenzó en 2019 y culminó en 2025, y la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales. Esta normativa dice explícitamente que el Rosales es parte de su patrimonio, y así lo será de manera gradual el resto de hospitales del Ministerio de Salud.
Los planes de reconstrucción del nosocomio fueron anunciados a finales de 2016, cuando el gobierno de turno firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo el contrato de préstamo del Programa Integrado de Salud Fase II, con el que se pretendía construir dos hospitales: uno general para la zona norte de San Salvador y otro de especialidades, de alta complejidad de tercer nivel, es decir, el Rosales. Este último, luego de muchas peripecias, pasó a ser construido por la Dirección de Obras Municipales (DOM), con financiamiento del fondo general de la Nación.
El gobierno actual, en algún momento, dejó de ver este proyecto como la mera construcción de nuevas instalaciones para el vetusto Rosales y emprendió una reorganización de la administración del sistema hospitalario público del país. Para sorpresa de pocos, ha optado por la centralización, tal y como lo ha hecho con otros rubros, como la ejecución de obras municipales, la recolección de desechos sólidos o la administración de mercados.
En todos los casos anteriores, los cambios han sido inconsultos y sin tomar en cuenta a los afectados de manera directa. Luego ha venido un pomposo lanzamiento de las nuevas instituciones y, posteriormente, se adopta un esquema de administración opaco, sin acceso a información ni rendición de cuentas.
No será una sorpresa que, luego del intempestivo cierre del actual Hospital Rosales venga el lanzamiento del nuevo nosocomio. En los días subsiguientes podemos esperar muchas imágenes, pero poca o nula información sobre el desempeño de la institución. Esto no es una mera especulación ya que este ha sido un patrón en las instituciones creadas por el gobierno actual. Y no solo en instituciones nuevas: desde 2021, los mismos hospitales nacionales del país dejaron de publicar sus informes trimestrales sobre egresos y muertes. Tampoco hay información oficial sobre el desabastecimiento de medicamentos ni sobre los tiempos de espera para consultas de especialidad.
La única información disponible hasta el momento es que la Red Nacional de Hospitales tendrá en 2026 un presupuesto de 177 millones de dólares y un total de tres mil 229 empleados. Los empleados cesados podrían ocupar algunas de las nuevas plazas en la nueva entidad, pero eso será una decisión de las nuevas autoridades.
Del total presupuestario, $43.3 millones de dólares están destinados a dirección y administración y $133.7 millones a gestión médica. No está claro si ese dinero será solo para el nuevo Rosales o si incluye, además, al hospital de la zona norte.
El episodio del Hospital Rosales expone, una vez más, la inclinación del gobierno actual a concentrar la gestión de los asuntos públicos, la persistente opacidad en el manejo de la información y el escaso involucramiento tanto de expertos locales como de las personas directamente afectadas por sus decisiones. Más que un hecho aislado, se trata de una práctica reiterada que debilita la deliberación pública y compromete la calidad de las políticas.