The actuarial study prepared by the government in conjunction with the International Monetary Fund (IMF) to evaluate the conditions of the current pension system has confirmed the massive deficit resulting from the imbalance between revenue and expenditures.
According to the document, signed by the Superintendencia del Sistema Financiero (Superintendence of the Financial System, SSF), the entire pension system—encompassing both public and private components—faces a net present value deficit of 59% of Gross Domestic Product (GDP) when accounting for contribution revenue and pension expenditures for the 2024-2070 period.
The private system will exhibit the largest deficit, with expenditures rising as more contributors retire. Its net present value deficit is estimated at 45.4% of GDP. Meanwhile, expenditures for the now-abolished public system are expected to decrease until reaching zero in 2050, when the final beneficiaries of that system exit the rolls.
According to economist Rafael Lemus, this actuarial deficit represents slightly over $20 billion if 2024 is used as the base year for calculations. In 2019, a separate SSF report indicated the deficit stood at $17 billion.
Furthermore, the document notes that the Cuenta de Garantía Solidaria (Solidarity Guarantee Account, or CGS)—the source of funding for minimum pensions—will be depleted by 2029 because “evidence suggests that the individual accounts of the majority of 2024 retirees would be exhausted within the next two years,” the report states.
For Patricio Pineda, founder of the Mesa para una Pensión Digna (Roundtable for a Dignified Pension), one of the factors that has strained the CGS was the 30% increase to minimum pensions approved in 2022.
“It is clear that the 30% increase, without a reliable funding source to cover that disbursement, contributes to this deterioration of the CGS,” he stated.
The actuarial deficit could rise even further, as the calculation excludes fiscal liabilities arising from future capital and interest payments on debt.
The document concludes that “it will be necessary to seek modifications to the system and/or additional sources of financing to meet the future commitments of the pension regime.”
Indeed, the findings of this document will serve as the foundation for drafting a pension reform in 2026, which is expected to consider measures such as increasing the retirement age, contribution rates, or required years of service.
Debt
The study also updates data that had remained undisclosed since April 2023, such as the total assets of the pension fund accumulated since 1998, when the administration of the pension system was privatized.
According to the study, these assets amounted to $15.995 billion as of December 31, 2024. Of this total, $11.564 billion (73.02%) is invested in State instruments, specifically Certificados de Financiamiento de Transición (Transition Financing Certificates, CFT) at $9.383 billion and Certificados de Obligación Previsional (Pension Obligation Certificates, COP) at $2.182 billion.
According to the most recent data from the Banco Central de Reserva (Central Reserve Bank, BCR), as of last November, the balance of new debt in COPs had already reached $2.769 billion.
According to Lemus, this fiscal gap stems from the government’s unwillingness to fund public system pensions with its own resources. Instead, it has chosen to transfer that burden to current contributors, utilizing debt issuance to force them to finance that obligation.
As of November, pension debt represents 33% of the country’s total debt. This strains public finances as the government continues to draw funds from contributors to finance pensions for the Instituto Salvadoreño de Pensiones (Salvadoran Pension Institute) and the Seguro Social (Social Security).
The International Monetary Fund (IMF) has called on the Salvadoran government to reduce its reliance on pension funds as part of the commitments to stabilize its finances.
The document also highlights an annualized return of 6.34% and 6.37% for the two Administradoras de Fondos de Pensiones (Pension Fund Administrators, AFPs) managing the funds. However, the study also identifies low coverage rates, which contribute to the pension fund’s negative balance.
According to the study, 1.1 million people made at least one contribution to the private pension system in 2024, compared to the 2.1 million total account holders, representing a contribution rate of 52%. However, only 36% of total account holders between the ages of 20 and 55 contributed for the full 12 months.
As Lemus explained, this is linked to a labor market where informality is prevalent, preventing workers from saving for their pensions.
Estudio actuarial confirma millonario déficit del sistema de pensiones en El Salvador
El estudio actuarial que el gobierno preparó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para evaluar las condiciones del sistema de pensiones actual, confirmó el millonario déficit que se ha creado por el desbalance entre los ingresos y los gastos.
De acuerdo con este documento, firmado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), el sistema previsional en su totalidad (público y privado) tendrá un déficit a valor presente neto de 59% del PIB (producto interno bruto) al tomar en cuenta los ingresos por cotizaciones y los gastos por pensiones para el período 2024-2070.
El que más presentará un déficit será el sistema privado, que aumentará su gasto en la medida que haya más cotizantes que se jubilen. Su déficit a valor presente se estima en 45.4% del PIB.
Mientras que en el sistema público, ya derogado, se espera que su gasto disminuya hasta llegar a cero en 2050, cuando se jubilen los últimos pensionados del sistema.
Según el economista Rafael Lemus, este porcentaje de déficit actuarial representa un poco más de $20,000 millones si se toma 2024 como año base para los cálculos actuariales.
En 2019, otro informe de la SSF indicó que el déficit era de $17,000 millones.
Además, el documento señala que la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), de la que sale el financiamiento para las pensiones mínimas, se agotará en 2029 pues “la evidencia sugiere que la cuenta individual de la mayoría de los jubilados de 2024 se agotaría en los próximos dos años”, indica el documento.
Para Patricio Pineda, fundador de la Mesa para una Pensión Digna, uno de los puntos que ha presionado a la CGS ha sido el aumento del 30% a las pensiones mínimas aprobado en 2022.
“Está claro que el aumento del 30% sin una fuente certera de recursos que financíen ese desembolso viene en ese deterioro a la CGS”, declaró.
El déficit actuarial podría aumentar incluso más, pues el cálculo no incluye las cargas fiscales que se originarán por el pago de capital e intereses de la deuda que surja más adelante.
El documento concluye que “será necesario buscar modificaciones en el sistema y/o fuentes de financiamiento adicionales para cumplir con los compromisos futuros del régimen de pensiones”.
De hecho, la elaboración de este documento será tomado como base para elaborar una reforma de pensiones en 2026 en la que se cree que tendrán que considerarse medidas como el aumento a la edad de jubilación, tasas de cotización o años de trabajo.
Deuda
El estudio, además, actualiza datos que se desconocían desde abril de 2023, como el patrimonio del fondo de pensiones, que se ha acumulado desde 1998, cuando la administración del sistema de pensiones se privatizó.
De acuerdo con el estudio, este patrimonio ascendía hasta el 31 de diciembre de 2024 a $15,995 millones, de los cuales, $11,564 millones están invertidos en instrumentos del Estado (73.02%) ya sea Certificados de Financiamiento de Transición (CFT): $9,383 millones o Certificados de Oblicación Previsional (COP): $2,182 millones.
Según los datos más recientes del Banco Central de Reserva (BCR), hasta noviembre pasado, el saldo de la nueva deuda en COP ya ascendía a $2,769.26 millones.
Según Lemus, este agujero fiscal tiene su origen en que los gobiernos no han querido pagar con sus propios fondos las pensiones del sistema público, y en su lugar han decidido trasladar ese compromiso a los cotizantes actuales, para que a través de la emisión de deuda, sean estos quienes financien ese compromiso.
La deuda de pensiones representa a noviembre de este año el 33% del total de la deuda del país, lo que presiona las finanza en la medida que el gobierno sigue tomando más dinero de los cotizantes para financiar las pensiones del sistema del Instituto Salvadoreño de Pensiones (antes INPEP) y del Seguro Social.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) le ha pedido al Gobierno salvadoreño reducir la dependencia de los fondos de pensiones como parte de los compromisos para ordenar sus finanzas.
Otros de los datos que muestra el documento es una rentabilidad anualizada de 6.34% y 6.37% en las dos AFP que administran los fondos.
No obstante, el estudio también señala una baja cobertura, que incide en un balance negativo del fondo de pensiones.
Según el estudio, para 2024, 1.1 millones de personas hicieron al menos una contribución al sistema de pensiones privado, en comparación con los 2.1 millones de personas que tienen una cuenta, lo que significa una tasa de cotización de 52%.
Sin embargo, sólo el 36% del total de titulares de cuentas de entre 20 y 55 años contribuyeron los 12 meses completos.
Según ha explicado Lemus, esto está relacionado a un mercado laboral en el que predomina la informalidad, lo que no permite a los trabajadores ahorrar para su pensión.