Environmental lawyer Alejandro Henríquez and José Ángel Pérez, the religious leader of the Iglesia Cristiana Elim (Elim Christian Church), regained their freedom this Wednesday after being held at the Centro Penitenciario La Esperanza (La Esperanza Penitentiary), commonly known as Mariona. Both must undergo medical treatment for impairments to their physical and emotional health, as confirmed by their defense attorney, Oswaldo Feusier.
The attorney detailed that during their incarceration, the defendants experienced various ailments, including headaches, migraines, insomnia, anxiety, and stress. In Pérez’s case, hearing impairments were also reported. Examinations conducted by Medicina Legal (Institute of Legal Medicine) ruled out any severe damage, the attorney noted.
The lawyer also pointed out that Henríquez and Pérez contracted a dermatological condition during their time in the facility, which will now be addressed in their newfound liberty.
A scientific study recently published in the public health journal The Lancet warned that tuberculosis cases in El Salvador could surge by up to 112 percent over the next decade, driven by prison overcrowding stemming from the state of exception.
Feusier noted that, fortunately, the environmental advocates did not contract this illness during their detention.
The two environmental defenders were released after the Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla (Second Examining Magistrate’s Court of Santa Tecla) approved an abbreviated procedure, through which they admitted to the charges brought by the Attorney General’s Office in exchange for immediate freedom.
Upon leaving the court, Alejandro Henríquez described the ordeal as “harsh,” though he affirmed that in their final days of detention they received medical care at the penitentiary.
The Attorney General’s Office had accused them of public disorder and aggressive resistance to arrest, in connection with a peaceful protest aimed at preventing evictions in the El Bosque cooperative in the department of La Libertad. Last July, Amnesty International declared Henríquez, Pérez, and Ruth López “prisoners of conscience,” a designation not used in El Salvador since the civil war period.
Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez recibirán tratamiento médico, luego de salir de prisión
El abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el líder religioso de la Iglesia Cristiana Elim, José Ángel Pérez, recuperaron este miércoles su libertad, tras permanecer detenidos en el Centro Penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona. Ambos deberán seguir tratamiento médico por afectaciones a su salud física y emocional, según confirmó su abogado defensor, Oswaldo Feusier.
El defensor detalló que durante su reclusión los procesados presentaron diversos malestares, entre ellos dolores de cabeza, cefalea, insomnio, ansiedad y tensión. En el caso de Pérez, también se reportaron afectaciones en el sentido del oído. Exámenes practicados por Medicina Legal descartaron daños de gravedad, indicó el defensor.
El abogado también señaló que Henríquez y Pérez adquirieron una afección dermatológica durante su permanencia en el penal, la cual será tratada ahora que se encuentran en libertad.
En un estudio científico publicado recientemente en la revista especializada en salud pública The Lancet advirtió que los casos de tuberculosis en El Salvador podrían incrementarse hasta en un 112 % durante la próxima década, como consecuencia del hacinamiento carcelario derivado del régimen de excepción.
Feusier indicó que afortunadamente los ambientalistas no contrajeron esta enfermedad durante su detención.
Los dos defensores ambientales quedaron en libertad luego de que el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla avalara un procedimiento abreviado, mediante el cual aceptaron los delitos imputados por la Fiscalía a cambio de recuperar su libertad de forma inmediata.
Al salir del juzgado, Alejandro Henríquez calificó el proceso como “duro”, aunque aseguró que en los últimos días de su detención recibieron atención médica en el centro penal.
La Fiscalía los acusaba de los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva al arresto, en el marco de una protesta pacífica realizada para evitar desalojos en la cooperativa El Bosque, en el departamento de La Libertad. En julio pasado, Amnistía Internacional declaró a Henríquez, Pérez y a Ruth López como “presos de conciencia”, una categoría que no se utilizaba en El Salvador desde el periodo de la guerra civil.