Kilmar Abrego García has been released just hours after a judge ordered his immediate discharge from federal custody. The Salvadoran, who was wrongfully deported by the Donald Trump administration in March and returned to the United States in June to face human smuggling charges, had been held in an Immigration and Customs Enforcement (ICE) detention center in Pennsylvania.
Abrego García’s attorney stated that his client plans to return to Maryland, where his family awaits him, according to the Associated Press. Defense counsel Simon Sandoval-Moshenberg indicated that he remains uncertain about what lies ahead but stands ready to defend his client against any future deportation attempts.
Hours earlier, Maryland District Judge Paula Xinis had mandated his immediate release, declaring that “since his unlawful detention in El Salvador, Abrego García has been held anew, also without proper legal authorization.”
Xinis asserted that the absence of a deportation order precludes the United States government from expelling Abrego García again, as the administration intends. “The defendants’ conduct over the past several months belies any claim that his detention primarily aimed at removal, which bolsters the conclusion that Abrego García should not remain detained any longer,” the judge stated.
The Department of Homeland Security (DHS) sharply criticized the judge’s ruling and pledged to appeal the decision, branding it “blatant judicial activism” by a jurist appointed during the presidency of Barack Obama. “This order lacks any valid legal foundation, and we will continue to fight it tooth and nail in the courts,” declared Tricia McLaughlin, the department’s spokesperson.
Attorney Sandoval-Moshenberg acknowledged that “the government still has plenty of tools in its arsenal, many tricks up its sleeve.” “We will be there to fight and ensure a fair trial,” he assured.
Thursday’s ruling marks a victory for Abrego García, who has emerged as a symbol of the administration’s unjust deportations. In March, he was deported alongside more than 200 Venezuelans and several Salvadorans to El Salvador and confined in the Centro de Confinamiento del Terrorismo (Terrorism Confinement Center), a maximum-security prison notorious for human rights violations. A judge is currently investigating claims that Homeland Security Secretary Kristi Noem allegedly permitted the transfer after a court order had been issued to recall the planes that had departed with the migrants.
Abrego García was the first case in the deportation campaign initiated by the Trump administration where officials admitted his expulsion stemmed from an error, as it bypassed the judicial protection he held to remain in the United States. Abrego García worked as a metalworker in Maryland, where he lived with his wife and three children until his arrest on March 12. He entered the United States illegally at age 16, fleeing threats from Salvadoran gangs. A judge denied him asylum in 2019 but granted him protection against deportation to El Salvador due to the risk of reprisals.
The Trump administration has accused him of belonging to the Mara Salvatrucha (MS-13) criminal gang and of participating in a network that smuggled undocumented migrants into the United States. With the exception of three days when he was briefly released, the Salvadoran has been detained since his return to the United States in June. The government sought to deport him to a third country. After considering Uganda and Ghana, the latest option was Liberia. Abrego García had rejected deportation to a list of 20 countries out of fear of persecution and torture. In her most recent hearing last month, Judge Xinis rebuked the government’s attorneys for dismissing the option of Costa Rica, the country the Salvadoran had accepted as a destination and which guaranteed the protection of his rights.
Following his deportation in March, Xinis ordered his return, and the Supreme Court also demanded that his repatriation be facilitated, but the government disregarded these directives. Mounting social and political pressure compelled the administration to bring Abrego García back, yet he was arrested the moment he set foot on United States soil to face human smuggling charges.
The criminal trial, overseen by a Tennessee court, is scheduled to commence in January. The presiding district judge, Waverly Crenshaw, has maintained that the treatment afforded the Salvadoran appears driven not by legal standards but by vindictiveness. The human smuggling accusation rests on a video from a 2022 traffic stop, in which Abrego García is seen driving a vehicle carrying nine other migrants. The Salvadoran has denied the charges. A hearing was slated for this Monday to determine whether the administration initiated the case in retaliation for his challenge to the March deportation, but it was postponed without a new date set.
Kilmar Abrego García queda en libertad después de que una jueza lo ordenara
Kilmar Abrego García ha sido puesto en libertad horas después de que una jueza ordenara su salida inmediata de la custodia federal. El salvadoreño, que fue deportado por error por el Gobierno de Donald Trump en marzo y devuelto a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos por tráfico de personas, se encontraba preso en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) en Pensilvania.
El abogado de Abrego García declaró que su cliente planea regresar a Maryland, donde le espera su familia, según AP. El defensor Simon Sandoval-Moshenberg señaló que no está seguro de lo que vendrá después, pero que está preparado para defender a su cliente contra futuros intentos de deportación.
Unas horas antes, la jueza de distrito de Maryland, Paula Xinis, ordenó su liberación inmediata, señalando que, “desde su detención ilegal en El Salvador, Abrego García ha sido detenido nuevamente, también sin la debida autorización legal”.
Xinis afirmó que la ausencia de una orden de deportación impide que el Gobierno de Estados Unidos expulse de nuevo a Abrego García, como es la intención de la Administración. “La conducta de los demandados durante los últimos meses contradice la afirmación de que su detención tenía como objetivo principal la expulsión, lo que refuerza la conclusión de que Abrego García no debe permanecer detenido por más tiempo”, señaló la jueza.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) criticó duramente la decisión de la jueza y prometió apelar el fallo, al que calificó de “activismo judicial descarado” por parte de una jueza nombrada durante la presidencia de Barack Obama. “Esta orden carece de cualquier base legal válida, y continuaremos luchando con uñas y dientes en los tribunales”, declaró Tricia McLaughlin, la portavoz del Departamento.
El letrado Sandoval-Moshenberg reconoció que “el Gobierno todavía tiene muchas herramientas en su caja, muchos trucos bajo la manga”, dijo. “Estaremos allí para luchar y asegurarnos de que haya un juicio justo”, aseguró.
El fallo de este jueves es una victoria para Abrego García, que se ha convertido en un símbolo de las deportaciones injustas de la Administración. En marzo pasado fue deportado junto con más de 200 venezolanos y algunos salvadoreños a El Salvador y encerrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad conocida por la violación de los derechos humanos. Un juez está investigando el hecho de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, supuestamente permitió el traslado después de que se hubiera emitido una orden judicial para que regresaran los aviones que habían despegado con los migrantes.
Abrego García fue el primer caso de la campaña de deportaciones iniciada por el Gobierno de Trump en el que la Administración reconoció que su expulsión se debió a un error, ya que se saltó la protección judicial que el hombre tenía para permanecer en EE UU. Abrego García trabajaba como obrero metalúrgico en Maryland, donde residía con su mujer y tres hijos hasta que fue detenido el 12 de marzo. Ingresó en Estados Unidos de forma ilegal con 16 años, huyendo de las amenazas de las pandillas salvadoreñas. Un juez le denegó el asilo en 2019, pero le concedió una protección contra la deportación a El Salvador, por el riesgo de sufrir represalias.
La Administración Trump lo ha acusado de pertenecer a la banda criminal MS-13 y de pertenecer a una red que introducía migrantes ilegales en Estados Unidos. Con la excepción de tres días que fue puesto en libertad, el salvadoreño ha estado detenido desde que retornó a Estados Unidos en junio pasado. El Gobierno quería deportarlo a un tercer país. Tras sopesar Uganda y Ghana, la última opción era Liberia. Abrego García había rechazado la deportación a una lista de 20 países por temor a sufrir persecución y tortura. La jueza Xinis, en su última audiencia, celebrada el mes pasado, recriminó a la defensa del Gobierno que hubieran descartado la opción de Costa Rica, el país que el salvadoreño había aceptado como destino y que aseguraba la protección de sus derechos.
Tras su deportación en marzo, Xinis ordenó su regreso y también el Tribunal Supremo pidió que se facilitara su vuelta, pero el Gobierno hizo caso omiso. La presión social y política forzó que la Administración retornara a Abrego García, pero fue detenido nada más pisar territorio estadounidense para enfrentar cargos sobre tráfico de personas.
El juicio del caso penal, que lleva un tribunal de Tennessee, está programado para iniciarse en enero. El juez de distrito que lo instruye, Waverly Crenshaw, ha sostenido que el tratamiento dado al salvadoreño no parece responder a criterios legales sino vengativos. La acusación de tráfico de personas se basa en un vídeo de una parada de tráfico de 2022, en el que Abrego García aparece conduciendo un coche en el que viajaban otros nueve migrantes. El salvadoreño ha negado los cargos. Este lunes estaba prevista una audiencia para determinar si la Administración había iniciado el caso en represalia por haber enfrentado su deportación en marzo, pero fue pospuesta sin una fecha definida.