This week marks the expiration of the deadline set by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) for the Salvadoran State to address its failure to comply with the precautionary measures issued in favor of constitutional lawyer Enrique Anaya, who remains incarcerated while criminal proceedings against him are extended.
The Fourth Investigative Court of San Salvador approved a six-month extension of the pre-trial investigation phase in the case, in which Anaya faces charges of money and asset laundering. The initial investigation period was set to expire on January 4, 2026, but the Prosecutor’s Office requested an extension, arguing that the prior six months proved insufficient to complete the inquiry.
With this extension, Anaya must remain in prison for an additional six months. To date, the Prosecutor’s Office has provided no update on the status of the asset seizure conducted on the day of his arrest, nor on the unsealing of confiscated documents. According to sources close to the case, the specific storage location of these documents remains unknown, an oversight they deem negligent.
Concurrently, the Salvadoran State has failed to fulfill the measures mandated by the IACHR. Although the commission requested regular visits to verify the lawyer’s condition, only two attorneys have been permitted to see him on two occasions, and a family member has visited him just once. Anaya’s health has deteriorated: he has lost nearly 30 pounds, and his gastrointestinal condition has worsened without appropriate treatment.
The Institute of Legal Medicine has a medical evaluation pending. As part of the Habeas Corpus proceedings, the Supreme Court of Justice conducted a review that documented his health condition.
Due to the State’s continued noncompliance, a formal report was submitted to the IACHR, which granted a 30-day window for a response. That deadline expires this week; should the State persist in disregarding the measures, the case could escalate to the Inter-American Court of Human Rights and potentially the International Criminal Court.
Enrique Anaya remains confined at the Santa Ana Penitentiary Center, known as La Occidental.
Esta semana vence nuevo plazo para que Estado responda a CIDH por caso Enrique Anaya, mientas extienden investigación
Esta semana vence el plazo otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado salvadoreño responda por el incumplimiento de las medidas cautelares emitidas a favor del abogado constitucionalista Enrique Anaya, quien permanece en prisión mientras amplían el proceso penal en su contra.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador aprobó ampliar por seis meses adicionales el plazo de instrucción en el caso, en el que Anaya enfrenta una acusación por lavado de dinero y activos. El periodo inicial de investigación vencía el 4 de enero de 2026, pero la Fiscalía pidió extenderlo con el argumento de que los seis meses anteriores eran insuficientes para completar la indagación.
Con esta ampliación, Anaya deberá permanecer otros seis meses en prisión. Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado sobre el estatus del secuestro de bienes realizado el mismo día de la captura, ni sobre el desembalaje de los documentos incautados. Según personas cercanas al caso, incluso se desconoce en qué bodega fueron almacenados los documentos, lo que consideran un acto de negligencia.
En paralelo, el Estado salvadoreño no ha cumplido con las medidas ordenadas por la CIDH. Aunque el organismo solicitó visitas regulares para verificar el estado del abogado, únicamente dos abogados han podido verlo en dos ocasiones, y un familiar lo ha visto una sola vez. La salud de Anaya se ha deteriorado: ha perdido cerca de 30 libras y su enfermedad gastrointestinal se ha agravado sin recibir el tratamiento adecuado.
Medicina Legal tiene pendiente una evaluación médica. Como parte del proceso de Hábeas Corpus, la Corte Suprema de Justicia realizó una revisión que dejó documentado su estado de salud.
Debido al incumplimiento continuo del Estado, se remitió un informe formal a la CIDH, que otorgó un plazo de 30 días para recibir una respuesta. El plazo termina esta semana, y si el Estado continúa sin acatar las medidas, el caso podría escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso, a la Corte Penal Internacional.
Enrique Anaya permanece recluido en el Centro Penitenciario de Santa Ana, conocido como La Occidental.