On December 5, the Fourth Examining Court of San Salvador authorized an extension of the investigation phase in the criminal proceedings against constitutional lawyer Enrique Anaya, charged by the Attorney General’s Office with money and asset laundering.
The ruling reveals that the assistant prosecutor assigned to the case requested the extension on December 2, citing pending investigative steps deemed essential prior to filing the indictment.
During this phase, the Attorney General’s Office must conduct the relevant inquiry into the allegations against lawyer Enrique Anaya and subsequently request a date for the preliminary hearing, where the court will determine whether the case proceeds to trial or if the charges against the defendant are dismissed.
Initially, this phase was scheduled to conclude on January 4, 2026, with the Attorney General’s Office facing a January 9 deadline to file the indictment against Anaya.
The Court concluded that the extension request was filed within the statutory deadlines. It noted that, because the prosecuting body still has investigative steps to complete and faces a “multiplicity of issues to address arising from the voluminous documentation,” granting the request was warranted.
“The instruction period in the present criminal proceedings is hereby authorized for a new term of six months beyond the original deadline; consequently, the new date for the conclusion of the investigation is established as July 4, 2026, and the deadline for submitting any of the indictments referenced in Art. 355 of the Code of Criminal Procedure is established as July 10, 2026,” the Court ruled.
Anaya, one of the most vocal critics of the Nayib Bukele administration, was arrested at his home on June 7, 2025, and transferred a month later to a penitentiary facility in Santa Ana.
Last week, reports emerged that this same court also extended the investigation and detention phase against lawyer Ruth López, another government critic accused of illicit enrichment.
The State Complies Only Partially
Just over two months have passed since the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) granted precautionary measures in favor of lawyer Enrique Anaya, yet the Salvadoran State has complied with only one.
According to official information, the Salvadoran State has complied only with the measure to end the incommunicado regime that existed between Anaya and his family and lawyers.
The constitutional expert is currently held at the Centro Penitenciario para Personas Privadas de Libertad, Extranjeros y Funcionarios La Occidental (La Occidental Penitentiary Center for Persons Deprived of Liberty, Foreign Nationals, and Public Officials) in Santa Ana.
The IACHR reported on Anaya’s health status on September 22. According to the document, the State notified the Commission on July 29 that the lawyer weighed 82 kilograms. However, the last data held by his defense team, recorded one day after his arrest, indicated 92.5 kilograms.
“Therefore, the petitioners maintain that he has lost nearly 10.5 kilograms in less than two months since being deprived of liberty, and they consider this an indication that the conditions of his detention are inadequate,” the IACHR stated in its brief.
Sources close to the case affirmed that the State has attempted to comply with the measures, noting that Anaya has been visited by his lawyers on two occasions; however, they described these visits as minimal.
Nevertheless, they contend that the measure regarding his health is not being met, as during the visit conducted by the defense, they observed that the lawyer appears visibly deteriorated and underweight.
Moreover, the State has failed to comply with the measure concerning Anaya’s continued detention. Among the measures, the IACHR requested that the State consider granting alternatives to detention. Judicial sources confirmed that, to date, the Court has not scheduled a special hearing to review these measures.
Contempt Exists
Henry Fino, a lawyer and human rights defender, addressed the failure to comply with the IACHR precautionary measures. He stated that the Salvadoran State is demonstrating disobedience and contempt regarding the protection ordered for Anaya.
“The fact that access has been permitted does not imply compliance with the measure; the measure is to guarantee health, and health is safeguarded through various means: access to medications, access to professionals, and access to the minimum favorable conditions necessary to protect health and prevent harm. This is not being fulfilled,” he stated.
He added that one of the current administration’s objectives has been “to render invisible the grave human rights violations, which include the imprisonment of human rights defenders.”
“Enrique’s family and defense counsel must be steadfast in two areas: making his human rights violations visible and highlighting the contempt for the precautionary measure, because the regime wants to render the detention invisible,” Fino concluded.
Juzgado alarga detención de abogado Enrique Anaya
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador autorizó el pasado 5 de diciembre la ampliación de la etapa de investigación del proceso penal en contra del abogado constitucionalista Enrique Anaya, acusado por la Fiscalía por el delito de lavado de dinero y de activos.
La resolución revela que el auxiliar fiscal asignado a este caso solicitó el 2 de diciembre ampliar esta fase debido a que aún existen diligencias pendientes y que son importantes antes de presentar el dictamen de acusación.
En esta fase la Fiscalía debe realizar la investigación pertinente sobre los hechos que le acusan al abogado Enrique Anaya para luego solicitar al juzgado la fecha de audiencia preliminar, en la que decidirán si el caso es enviado a la etapa de juicio o si el imputado es sobreseído de los cargos señalados.
Inicialmente esta fase estaba prevista que finalizara el próximo 4 de enero de 2026 y Fiscalía tenía como fecha límite para presentar el dictamen de acusación en contra de Anaya el 9 de enero.
El Juzgado concluyó que la solicitud de la prórroga planteada por Fiscalía fue presentada dentro de los plazos que establece la ley y mencionó que debido a que faltan diligencias por realizar por parte del ente acusador y debido a la «multiplicidad de puntos a desarrollar a partir de la abundante documentación» era viable acceder a lo solicitado.
«Autorizase el plazo de instrucción en el presente proceso penal por un nuevo período de seis meses al término original, en consecuencia, tiénese como nueva fecha para la finalización de la investigación el día cuatro de julio del año dos mil veintiséis, y para presentar cualquiera de los dictámenes relacionados en el art. 355 CPP, se tiene como fecha límite el día diez de julio del año dos mil veintiséis», resolvió el Juzgado.
Anaya, una de las voces más críticas del Gobierno de Nayib Bukele, fue detenido el pasado 7 de junio de 2025 en su vivienda y un mes más tarde fue enviado a un centro penitenciario ubicado en Santa Ana.
La semana pasada también se conoció que este mismo juzgado amplió la fase de investigación y detención en contra de la abogada Ruth López, también crítica del Gobierno y acusada del delito de enriquecimiento ilícito.
El Estado cumple a medias
Han transcurrido poco más de dos meses desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del abogado Enrique Anaya y el Estado salvadoreño ha cumplido únicamente una de estas.
Según se conoció a través de información oficial, el Estado salvadoreño únicamente ha cumplido con la medida de cesar con la incomunicación que existía entre Anaya y su familia y abogados.
El constitucionalista se encuentra actualmente recluido en el Centro Penitenciario para Personas Privadas de Libertad, Extranjeros y Funcionarios La Occidental, en Santa Ana.
Sobre el estado de salud de Anaya, la CIDH informó el pasado 22 de septiembre. Según el documento, el Estado notificó el 29 de julio pasado que el peso del abogado era de 82 kilogramos. Sin embargo, el último dato que tenían sus defensores un día después de su captura era de 92.5 kilogramos.
“Por tanto, la parte solicitante sostiene que él ha perdido cerca de 10.5 kilogramos en menos de dos meses, desde que se encuentra privado de la libertad; y considera que es un indicio de que las condiciones de su privación de libertad son inadecuadas”, mencionó la CIDH en su escrito.
Fuentes cercanas al caso aseguraron que el Estado ha intentado cumplir con las medidas ya que Anaya ha sido visitado por sus abogados en dos ocasiones, pero que estas visitas han sido mínimas.
Sin embargo, consideran que la medida en cuanto a la situación de salud no se está cumpliendo, ya que durante la visita realizada por la defensa del abogado notaron que se encuentra visiblemente deteriorado y bajo de peso.
Además, otra medida incumplida por el Estado es la detención de Anaya. Dentro de las medidas la CIDH pidió que el Estado incluyera la posibilidad que le otorgaran medidas alternas a la detención. Hasta la fecha, el Juzgado aún no ha programado audiencia especial de revisión de medidas, según confirmaron fuentes judiciales.
Existe desacato
Henry Fino, abogado y defensor de derechos humanos, se refirió sobre el incumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH. Dijo que existe desobediencia y desacato por parte del Estado salvadoreño a la protección que le ordenaron a Anaya.
“El hecho que haya permitido el acceso no significa que está cumpliendo la medida, la medida es garantizar la salud, y se garantiza la salud de diversos medios: acceso a medicamentos, acceso a profesionales, acceso a condiciones favorables mínimas necesarias para proteger la salud y prevenir daños en la misma, no se está cumpliendo”, manifestó.
Añadió que uno de los objetivos del actual Gobierno ha sido “invisibilizar las graves violaciones a derechos humanos que incluyen tener en la cárcel a defensores de derechos humanos”.
“Los familiares y el defensor de Enrique deben ser constantes en dos cosas: visibilizar la violación a los derechos humanos de él y además el desacato a la medida cautelar porque el régimen lo que quiere es invisibilizar la detención”, concluyó Fino.