Accumulated new pension debt since 2023 reached $2,721.7 million last October following the addition of another $45 million to the tally, according to data from the Banco Central de Reserva (Central Reserve Bank).

The government acquires these funds by issuing Certificados de Obligación Previsional (Pension Obligation Certificates, COP), a mechanism in effect since 2023. This mirrors the previous Certificados de Inversión Previsional (Pension Investment Certificates, CIP) system used to borrow $8,394.19 million from workers between 2006 and 2022.

Combined, these debts total $11,115.9 million, representing 32.8% of the total public debt, which stood at $33,805 million as of October.

For 19 years, these savings from private pension system contributors have been used to pay pensions for retirees of the defunct public system, who receive payments through the Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Salvadoran Social Security Institute, ISSS) and the Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (National Public Employees Pension Institute, INPEP)—now the Instituto Salvadoreño de Pensiones (Salvadoran Pension Institute, ISP).

Pension savings remain a financing source for the government, despite an agreement with the International Monetary Fund (IMF) outlining a commitment to reduce reliance on these funds.

Last September, the Instituto Salvadoreño de Pensiones (formerly INPEP), the entity responsible for issuing debt, borrowed $100 million. This was the highest figure requested year-to-date; in previous months, debt placement averaged between $45 million and $87 million. These funds cover both public system pension payments and minimum pension payouts derived from the Cuenta de Garantía Solidaria (Solidarity Guarantee Account, CGS). In October, the borrowed amount dropped to $45 million.

Threats

For the Instituto de Investigaciones Económicas (Economic Research Institute, INVE) at the Universidad de El Salvador Faculty of Economic Sciences, reliance on pension funds constitutes a major fiscal threat within the draft 2026 budget.

“Continued reliance on pension system resources elevates operational and financial risk,” notes the document evaluating the spending plan.

The authors of the analysis associate the first threat with the delivery of benefits to recipients, and the second with the depletion of funds driven by contributor trends within the labor market.

“If the number of contributors does not increase, system resources could be exhausted given previously acquired pension commitments,” the document states.

To date, the government has announced various benefits for pensioners. In December 2022, it announced a 30% increase to the minimum pension. Last month, the Legislative Assembly not only approved the disbursement of the Christmas bonus—typically paid in December—in October, but also authorized this advance as a permanent measure. This means retirees will now receive their bonus between October and December every year.

However, the government is currently working on an actuarial study with the IMF to assess the general state of the pension system. According to economists, this study will serve as the basis for formulating and presenting a pension reform in February 2026, which could, among other points, modify contribution years and retirement age.

This week, both the IMF and the Minister of Finance, Jerson Posada, confirmed to LA PRENSA GRÁFICA that they are still developing this study, which was originally due for official presentation in September.

El Economista: https://www.eleconomista.net/economia/nueva-deuda-de-pensiones-acumula-2721.7-millones-20251204-0001.html

Nueva deuda de pensiones acumula $2,721.7 millones

El saldo de la nueva deuda de pensiones que se acumula desde 2023 alcanzó en octubre anterior un total de $2,721.7 millones, tras agregar $45 millones más a la cuenta, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). 

Este dinero es tomado por el gobierno a través de la emisión de Certificados de Obligación Previsional (COP) que están vigentes desde 2023 y cuyo mecanismo es igual que la emisión de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) con el que se tomó dinero prestado de los trabajadores ($8,394.19 millones) desde 2006 hasta 2022.  

Al unir ambas deudas, estas hacen un total de $11,115.9  millones, lo que representa un 32.8% de la deuda pública total, que a octubre sumó $33,805 millones.

Este dinero, ahorrado por los cotizantes del sistema de pensiones privado, se ha usado desde hace 19 años para el pago de las pensiones de los jubilados del sistema público derogado, que reciben su pensión en el ISSS e INPEP (ahora ISP).    

Los ahorros de pensiones siguen siendo una fuente de financiamiento para el gobierno, pese a que  el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) señala un compromiso por reducir la dependencia de estos fondos. 

En septiembre pasado, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (antes INPEP), que es quien realiza las emisiones de deuda, emitió $100 millones de préstamo, la cifra más alta solicitada en lo que va del año pues en meses anteriores, el promedio de colocación de esta deuda ha sido de entre $45 y $87 millones, que se usa para cubrir tanto el pago de pensiones del sistema público como para financiar los pagos de la pensión mínima derivada de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS). En octubre, el monto prestado se redujo a $45 millones. 

Amenazas

La dependencia de los fondos de pensiones es, para el Instituto de Investigaciones Económicas (INVE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador,  una de las amenazas fiscales dentro del proyecto de presupuesto para 2026. 

“Continuar dependiendo de los recursos del sistema de pensiones eleva el riesgo operativo y financiero”, señala el documento, que evalúa el plan de gastos. 

Para los autores de este análisis, en el primer caso, la amenaza está asociada a la prestación de los beneficios a los beneficiarios; mientras que en el segundo de los casos, por el agotamiento de los fondos, debido al comportamiento de los cotizantes en relación al mercado laboral. 

“Si no aumentan los cotizantes, los recursos del sistema podrían agotarse, dado los compromisos previsionales previamente adquiridos”, señala el documento. 

Hasta ahora el gobierno ha anunciado beneficios para los pensionados en diferentes momentos. En diciembre de 2022 anunció un incremento del 30% para la pensión mínima y el mes anterior, la Asamblea Legislativa no solo aprobó que el aguinaldo, entregado regularmente en diciembre, se desembolsara en octubre, sino que además, avaló que este adelanto sea permanente, es decir que todos los años, los jubilados recibirían su aguinaldo entre octubre y diciembre. 

No obstante, el gobierno trabaja actuamente en un estudio actuarial con el FMI para conocer el estado general del sistema previsional. Este estudio será la base para formular y presentar  una reforma de pensiones, en febrero de 2026 y que, entre otros puntos,  podría modificar años de cotización y de jubilación, según apuntan los economistas. 

Esta semana, tanto el FMI como el ministro de Hacienda, Jerson Posada, confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que siguen elaborando este estudio, que debió presentarse oficialmente en septiembre.

El Economista: https://www.eleconomista.net/economia/nueva-deuda-de-pensiones-acumula-2721.7-millones-20251204-0001.html