At least 53 journalists have left El Salvador in recent months, the Central American Network of Journalists (RCP) reported at the Parliament of Catalonia, Spain, on November 25. The organization denounced harassment by agents of the National Civil Police (PNC), the Armed Forces of El Salvador (FAES), and attacks on social media by public officials, among other acts.
Angélica Cárcamo, executive director of the RCP, told the Parliament that journalists have been subjected to tailing by officials, escalating to surveillance by police agents at their homes, workplaces, and during other activities. Consequently, many chose to leave the country fearing potential arrest.
“Criminalization against the press, environmentalists, and human rights defenders has been intense. Since the arrest of lawyer Ruth López in May, more than 80 people have left El Salvador in recent months, 53 of them journalists. Many of these individuals, including myself, were forced to leave after enduring police and military surveillance outside our homes or those of our families,” Cárcamo denounced.
LA PRENSA GRÁFICA requested comment from the National Civil Police (PNC), the Armed Forces of El Salvador (FAES), and the Ministry of Public Security and Justice (MSPJ) regarding the RCP’s allegations of surveillance and harassment that drove journalists into exile this year. However, as of press time, no response had been received.
Cárcamo highlighted judicial proceedings against media workers, such as the raid on Mónica Rodríguez’s home in December 2024, though it remains unknown if a formal accusation exists. She also cited the lawsuit against Carolina Amaya for allegedly failing to issue a correction regarding a publication on pollution at Cerro Afate. That case was dismissed because the plaintiff company failed to appear at the hearing, though the reason for their absence is unknown.
Both journalists were forced to flee the country for fear of arrest.
Regarding the raid, Rodríguez stated at the time that police agents provided no explanation for the search, citing that the case was under seal. “We do not know the origin of this situation. We will continue working and denouncing what is happening in our country, but we also condemn what has just happened to us, because this type of search seems unjust,” she declared at the time.
Cárcamo added that the Salvadoran press has seen its right to information undermined, alongside the surveillance of its members and a series of judicial reforms that “operate as a mechanism of legalized repression designed to punish, silence, and dismantle those who exercise their right to criticism and dissent, and those who investigate and disseminate information and analysis of public interest.”
Regarding the exile of journalists, the Association of Journalists of El Salvador (APES) reported in June 2025 that it had documented the departure of 43 media workers, including members of its board of directors.
“These journalists from various media outlets have produced significant work on human rights abuses, transparency, and other issues concerning national affairs. The mass exodus of these colleagues fosters an atmosphere of heightened fear in El Salvador and triggers a humanitarian crisis for many families who worry for these journalists, since many cannot return,” the association stated in a press release.
APES warned that such strategies “follow the same pattern” as those used for the arrest of human rights defenders and critical voices, such as lawyers Ruth López and Enrique Anaya. “APES is committed to providing a detailed report in the coming weeks regarding the threats endured by journalists who have left the country,” it added.
Other Cases
For its part, the human rights organization Cristosal stated on November 21, during a hearing before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), that at least 12 lawyers have left the country fearing arrest. It cited the cases of the head of its Anti-Corruption Unit, Ruth López; constitutional lawyer Enrique Anaya; environmental defender Alejandro Henríquez; and lawyers Rudy Joya and Ivania Cruz, who are now refugees in Spain.
“As a result of these detentions (of lawyers), more than a dozen high-profile lawyers fled El Salvador due to the imminent risk of being arrested,” Cristosal asserted before the international body through its head of Transitional Justice, David Morales.
Meanwhile, the Committee of Relatives of Political Prisoners, Detainees, and Persecuted Persons of El Salvador (COFAPPES) affirmed that as of October 2025, it had documented the capture of 85 individuals—whom it classifies as political prisoners—of whom 35 remain in detention. Furthermore, it reported the departure from the country of 113 people, including human rights defenders, unionists, journalists, and others, as well as 205 individuals affected by “persecution” between 2021 and 2025.
La Red Centroamericana documenta 53 casos de periodistas que debieron irse
Al menos 53 periodistas han dejado El Salvador en los últimos meses, expuso la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) en el Parlamento de Cataluña, España, el pasado 25 de noviembre, donde denunció hostigamiento por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y ataques en redes sociales por funcionarios públicos, entre otros.
Angélica Cárcamo, directora ejecutiva de la Red RCP, dijo ante dicho Parlamento que los periodistas han enfrentado seguimientos de parte de funcionarios, lo que deriva en vigilancia por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) en sus viviendas, lugares de trabajo, actividades y otros, por lo que muchos optaron por dejar al país ante el temor de posibles capturas.
“La criminalización ha sido fuerte contra la prensa, ambientalistas y defensores de derechos humanos. Desde la captura de la abogada Ruth López, en mayo, más de 80 personas han salido de El Salvador en los últimos meses, de ellas 53 son periodistas. Muchas de estas personas, incluyéndome, nos vimos obligadas a salir después de sufrir vigilancia policial y militar frente a nuestras viviendas o la de nuestras familias”, denunció Cárcamo.
LA PRENSA GRÁFICA pidió una versión a la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia (MSPJ), a través de sus respectivos equipos de comunicaciones, acerca de la denuncia de la Red Centroamericana de Periodistas sobre el seguimiento y hostigamiento que provocó el exilio de periodistas este año; pero al cierre de esta nota aún se había recibido respuesta.
Cárcamo hizo énfasis en procesos judiciales en contra de comunicadores, como el allanamiento a la vivienda de Mónica Rodríguez en diciembre de 2024, que hasta el momento se desconoce si hay una acusación formal; y la demanda contra Carolina Amaya por supuestamente no rectificar una publicación sobre la contaminación en el cerro Afate, cuyo proceso fue archivado por falta de comparecencia de la empresa demandante en la audiencia y se desconoce la razón.
Ambas periodistas tuvieron que salir del país por temor a capturas.
Acerca de su allanamiento, Rodríguez expuso en ese momento que los agentes policiales no expresaron las razones del registro, bajo el argumento de una reserva del caso. “Desconocemos cuál es el origen de esta situación. Nosotros vamos a seguir trabajando y denunciando lo que ocurre en nuestro país, pero también denunciamos esto que nos acaba de ocurrir, porque nos parece injusto este tipo de registros”, declaró en aquel entonces.
Cárcamo agregó que la prensa salvadoreña se ha visto afectada en su derecho de información, así como el seguimiento a sus miembros y una serie de reformas judiciales que “operan como un mecanismo de represión legalizada orientada a castigar, silenciar y desarticular a quienes ejercen su derecho a la crítica y disidencia, a quienes investigan y difunden información y análisis de interés público”.
Sobre la situación de exilio de periodistas, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó en junio de 2025 que había documentado la salida del país de 43 comunicadores, entre los que se encuentran miembros de su junta directiva.
“Estos periodistas de distintos medios de comunicación han realizado trabajos relevantes sobre abuso de derechos humanos, transparencia y otros temas del quehacer de El Salvador. La salida masiva de estos colegas deja un clima de más temor en El Salvador y provoca una crisis humanitaria de muchas familias que temen por estos periodistas, ya que muchos de ellos no pueden regresar”, expuso la gremial a través de un comunicado.
La APES advirtió que este tipo de estrategias “cumplen el mismo patrón” de las utilizadas para el arresto de defensores de derechos humanos y voces críticas, como los abogados Ruth López y Enrique Anaya. “La APES está comprometida en dar un informe detallado sobre las amenazas padecidas por los periodistas que han salido del país en las próximas semanas”, agregó.
Otros casos
Por su parte, la organización de derechos humanos Cristosal dijo el 21 de noviembre, durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que al menos 12 abogados han dejado el país ante el temor de capturas. Mencionó los casos de la jefa de su Unidad Anticorrupción, Ruth López; el abogado constitucionalista Enrique Anaya; el defensor de medio ambiente Alejandro Henríquez; y los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, quienes se encuentran refugiados en España.
“A raíz de estas detenciones (de abogados), más de una docena de abogados de alto perfil público abandonaron El Salvador ante el riesgo inminente de ser detenidos”, expuso Cristosal ante el organismo internacional a través de su jefe de Justicia Transicional, David Morales.
En tanto, el Comité de Familiares de Presos, Presas y Perseguidos Políticos de El Salvador (COFAPPES) ha afirmado que hasta octubre de 2025 documentó la captura de 85 personas -a quienes cataloga como presos políticos-, de las cuales 35 se encuentran en detención. Además, informó sobre la salida del país de 113 personas, entre defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y otros, y 205 afectados por “persecución” entre los años 2021 y 2025.