This Thursday marked the expiration of the extraordinary deadline the Salvadoran State requested from the IACHR to provide information on the whereabouts of Élmer Antonio Escobar González, a Salvadoran national deported from the United States to El Salvador in March of this year.
On November 18, the IACHR sent a letter to the Ministry of Foreign Affairs granting a seven-day window for the government to respond to the request for precautionary measures in favor of Escobar.
“Specify the detention center where he is being held, his current health status, the conditions of his confinement, and the possibilities for family visits and access to trusted attorneys,” were among the IACHR’s demands.
By November 25, El Salvador had not provided any information on the matter, prompting it to request a two-day extension from the IACHR to comply with the demands.
“Regarding this matter, the State requests that the Commission grant a supplementary period of two days in order to conclude the process of gathering and organizing the information to be presented,” reads part of the document drafted by the Permanent Mission of El Salvador to the Organization of American States (OAS) in Washington, D.C., on November 24.
Since March, his family and attorney have had no confirmation of his whereabouts or health status, beyond images released by the Salvadoran government in which relatives managed to catch a brief glimpse of Escobar González.
Due to the scarcity of information, Escobar’s defense team filed a complaint with the IACHR, urging the body to demand details from the Salvadoran government regarding the detainee.
Case Background
Élmer Antonio Escobar González lived in the United States under the protection of Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA); however, he lost that temporary status, faced a deportation order as of March 20, and was subsequently repatriated to El Salvador.
Élmer faced a rape charge in the U.S., but a judge ordered his release; he was not convicted of any serious crime, only alcohol abuse.
His family sought leads on his whereabouts and reportedly learned he was being held at Guantanamo Bay, a maximum-security U.S. prison. However, by late March, there was no record of Escobar in the U.S. prison system.
Weeks later, the family learned of the prisoner transfer agreement signed between the White House and the Salvadoran government. Relatives immediately inquired about Élmer at the Attorney General’s Office (Fiscalía General de la República, FGR) and the General Directorate of Penal Centers (Dirección General de Centros Penales, DGCP).
In addition, his attorney filed a habeas corpus petition with the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice (Corte Suprema de Justicia, CSJ) last August, but in October, the magistrates ruled that the request needed to be better substantiated.
For its part, the DGCP responded on September 25 that, “according to the Penitentiary Information System (Sistema de Información Penitenciaria, SIPE), the aforementioned individual, based on the provided name, has no prison records.”
Élmer Escobar had emigrated to the United States 20 years earlier. There, with his wife, he built a family with two children and worked at a restaurant for about a decade. His immediate family remains in the United States, while an aunt residing in El Salvador has taken charge of the search.
Estado pidió prórroga para informar sobre paradero de deportado
Este jueves se cumplió el plazo extraordinario solicitado por el Estado salvadoreño a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dar información sobre el paradero de Élmer Antonio Escobar González, un salvadoreño deportado por Estados Unidos a El Salvador en marzo de este año.
La CIDH envió un escrito a Cancillería, el pasado 18 de noviembre, en el que brindaba un plazo de siete días para que se pronunciara sobre la petición de medidas cautelares a favor de Escobar.
“Detallar en qué centro de detención se encuentra recluido, su estado actual de salud y cuáles son las condiciones de detención del propuesto beneficiario, así como las posibilidades de que tengan visitas familiares y abogados de confianza”, fueron parte de las peticiones de la CIDH.
Para el 25 de noviembre, El Salvador no había dado información al respecto por lo que remitió una solicitud de dos días adicionales a la CIDH para cumplir con lo demandado.
“Sobre el particular, el Estado solicita a esa Comisión conceder un plazo complementario de dos días, a fin de concluir el proceso de recopilación y sistematización de la información a ser presentada”, expresa parte del documento redactado por la Misión Permanente de El Salvador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington D.C., el 24 de noviembre.
Desde marzo, su familia y su abogada no han tenido certeza de su paradero ni de su estado de salud, más allá de las imágenes publicadas por el Gobierno salvadoreño en las que brevemente se puede ver a Escobar González y que parientes han logrado observar.
Debido a la escasa información, la defensa de Escobar interpuso la denuncia ante la CIDH para que ésta solicitase al Gobierno salvadoreño dar información acerca del detenido.
Sobre el caso
Élmer Antonio Escobar González residía en Estados Unidos bajo el amparo de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés); sin embargo, perdió ese status temporal, tenía una orden de deportación desde el 20 de marzo y posteriormente fue repatriado a El Salvador.
Élmer enfrentó un cargo por violación en EE.UU., pero un juez le declaró la libertad y no fue sentenciado por ningún delito grave, solamente por abuso de alcohol.
Su familia buscó referencias de su paradero y, según comentaron, se enteraron que estaba privado de libertad en Guantanamo Bay, una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos, pero para finales de marzo ya no había información de Escobar en sistema penitenciario del país norteamericano.
Semanas después, la familia se enteró del convenio de envío de reos suscrito entre la Casa Blanca y el gobierno salvadoreño. Inmediatamente los parientes buscaron información de Élmer en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
Además, su abogada interpuso un hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en agosto pasado, pero en octubre los magistrados respondieron que se debía argumentar mejor la petición.
Por su lado, el 25 de septiembre la DGCP contestó que “según consta en el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE), la persona antes mencionada según nombre proporcionado, no posee registros penitenciarios”.
Élmer Escobar había emigrado a Estados Unidos 20 años atrás. Allí junto a su esposa había formado una familia con dos hijos y trabajó en un restaurante durante unos 10 años. Su familia permanece en el país norteamericano y en El Salvador reside una tía quien se ha encargado de su búsqueda.