The Ministry of Public Works (MOP) will manage the resettlement of 238 families whose homes and land will be impacted by the construction of the Apopa bypass, according to the Involuntary Resettlement Plan (PRI) drafted by the institution this July.
The project involves opening an entirely new highway passing through Ciudad Delgado, Apopa, and Tonacatepeque. According to official project designs, the bypass main alignment will span 4,825 meters and feature four lanes.
Furthermore, the project includes the construction of a 320-meter cable-stayed bridge at the start of the route, a conventional 290-meter bridge over the Las Cañas River, and a cloverleaf interchange at the end of the segment.
“The very nature of opening up this project made avoiding resettlement impossible; however, the best technical engineering efforts have been made to minimize the number of affected families and assets,” states the document commissioned by the World Bank and developed in compliance with the financial institution’s social and environmental policies.
The bank has granted the country two loans totaling $270 million for the *Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador* (Resilient Transport and Infrastructure of El Salvador) project, which entails the construction of the bypass and complementary works.
According to studies conducted for the resettlement plan, three main communities will be affected: San Pablo and Los Elías, located at the start of the route along the Carretera de Oro, where 33 affected homes were identified; and La Muralla, located at the end of the stretch at kilometer 16 of the Troncal del Norte Highway, where 48 affected homes were registered.
The highway alignment also traverses agricultural land, primarily used for subsistence crops such as corn, cassava, squash, and beans.
Resettlement Plan
As detailed in the PRI document, the drafting process began with a census of affected families, including home occupants, business operators, and subsistence farmers who will lose their livelihoods once the land they cultivate is developed.
In total, the census identified 238 families impacted in some way by the project, comprising 628 individuals. According to the study, 24% of these individuals have lived or worked in the area for more than 25 years, 29% for 11 to 25 years, and 47% for one to 10 years.
The State’s response to these impacts will depend on the nature of the damage and the legal status of the property: whether the land had infrastructure, whether the impact is partial or total, and whether the individual is an owner (holds title), an occupant (does not hold title), or a tenant (renter).
Property owners, for example, will be eligible for financial compensation or relocation to a new home built by the State. Occupants without title will not be eligible for indemnification but will qualify for resettlement. Tenants, meanwhile, are set to receive compensation equivalent to three months of rent along with relocation assistance. Even employees of affected businesses may be eligible for financial compensation for lost jobs.
The text also details that the methodology for calculating compensation costs was based on the replacement value of the properties.
“For affected land plots, current market value has been considered; for affected constructions/buildings, the new replacement value has been used—that is, what it would cost the owner at this moment to replace their home or structure,” the report indicates.
Furthermore, the MOP notes that the selection of relocation sites for families participating in the resettlement program was conducted with the consent of the families themselves, prioritizing locations near their current communities.
The handling of compensation measures for this project, built in partnership with the World Bank, differs from how the Government has managed other projects with similar impacts, such as the *Aeropuerto del Pacífico* (Pacific Airport). In that case, families reported a lack of communication, unfair compensation, and uncertain resettlement promises.
In total, the implementation cost of the resettlement plan for the Apopa bypass construction will be $13.9 million, covering the acquisition of 80 plots of land, the construction of two housing developments, and support measures.
Reasentarán a 238 familias para construir baipás de Apopa
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) gestionará el reasentamiento de 238 familias cuyas viviendas y terrenos se verán afectadas por la construcción del bypass de Apopa, según detalla el Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) elaborado por la institución en julio de este año.
La obra consiste en la apertura de una carretera totalmente nueva que pasa por Ciudad Delgado, Apopa, y Tonacatepeque. Según los diseños oficiales del proyecto, el bypass tendrá cuatro carriles y una longitud total de 4,825 metros en su pista principal.
Además, incluye la construcción de un puente tipo atirantado de 320 metros al inicio de la obra, un puente convencional de 290 metros de longitud sobre el rio Las Cañas y un intercambiador tipo Trébol en el final del tramo.
“La misma naturaleza de apertura del proyecto no ha permitido evitar el reasentamiento, pero sí se han realizado los mejores esfuerzos técnicos de ingeniería para minimizar los casos de familias y/o bienes afectados”, señala el documento realizado a solicitud del Banco Mundial y desarrollado con conforme a las políticas socioambientales de la entidad financiera.
El banco ha otorgado al país dos préstamos por un monto conjunto de $270 millones para el proyecto denominado “Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador”, que implica la construcción del bypass y obras complementarias.
Según los estudios realizados para el plan de reasentamiento, las principales comunidades afectadas son tres: las comunidades San Pablo y Los Elías, ubicadas al inicio del tramo, sobre la Carretera de Oro, donde se identificaron 33 viviendas afectadas; así como la comunidad La Muralla, ubicada al final del tramo, en el kilómetro 16 de la carretera Troncal del Norte, donde se registraron 48 viviendas afectadas.
El recorrido de la carretera, además, atraviesa terrenos agrícolas, mayormente de cultivos de cereales de subsistencia, como maíz, yuca, ayote, frijol).
Plan de reasentamiento
De acuerdo con lo detallado en el documento del PRI, el proceso de elaboración del plan inició con un censo de familias afectadas, entre quienes se encuentran ocupantes de viviendas , ocupantes de negocios y agricultores de subsistencia que perderán sus medios de vida al ser intervenidos los terrenos donde cultivan.
En total, el censo identificó 238 familias impactadas de alguna manera por el proyecto y las cuales están integradas por un total de 628 personas. Según el estudio, el 24% de las personas vive o trabaja en el lugar desde hace más de 25 años, el 29% lo ha hecho entre 11 a 25 años y el 47% entre 1 a 10 años.
La respuesta del Estado al impacto ocasionado dependerá del tipo de afectación y el estatus legal sobre la propiedad: si el inmueble tenía infraestructura o no, si será afectado totalmente o parcialmente y si la persona es propietaria (cuenta con papeles a su nombre), ocupante (no cuenta con papeles a su nombre) o inquilina (renta).
Las personas propietarias, por ejemplo, podrán optar a compensación económica o reubicación en una nueva vivienda construida por el Estado. En tanto, las personas ocupantes no tendrán opción de indemnización, pero sí de reasentamiento. Los inquilinos, por otro lado, recibirían una compensación de tres meses de alquiler y apoyo para reubicarse. Incluso quienes laboren en los negocios afectados podrían optar a una compensación económica por sus trabajos perdidos.
El texto también detalla que la metodología para calcular el costo de las compensaciones se hizo tomando como base el valor de reposición de los inmuebles.
“En el caso de los predios afectados se ha considerado el valor actual de mercado y para las construcciones/edificaciones afectadas se ha tomado el valor de reposicion nuevo, es decir lo que le costará en este momento al propietario reponer su vivienda o estructura”, indica el informe.
Además, el MOP señala que la selección de los lugares de reubicación de las familias que formarán parte del programa de reasentamiento se realizó con el aval de las mismas familias, priorizando lugares cercanos a las comunidades actuales.
El tratamiento de las acciones de compensación en el caso del proyecto construido junto al Banco Mundial difiere de la manera en la que el Gobierno ha atendido otros proyectos con impactos similares, como el Aeropuerto del Pacífico, donde familias han denunciado falta de comunicación, indemnizaciones injustas y promesas de reasentamiento inciertas.
En total, el costo de la implementación del plan de reasentamiento para la construción del bypass de Apopa será de $13.9 millones, incluyendo la compra de 80 terrenos, la construcción de dos urbanizaciones y acciones de acompañamiento.