Carlos Flores of the Water Forum (Foro del Agua) denounces severe irregularities in the judicial process confronting Alejandro Henríquez and José Ángel Pérez, two defenders of land and water arrested on May 12 during a peaceful protest by the El Bosque cooperative. Both remain in pretrial detention after the Second Investigative Court resolved to extend the investigative phase by three more months.
Flores asserted that the case has been “politicized from the outset” and that the Prosecutor’s Office has presented no genuine evidence for the charges leveled against the community leaders, such as public disorder and aggressive resistance.
Flores explains that, despite the ample community ties and exculpatory evidence submitted by the defense, the judge has refused to grant alternative measures to detention. He further denounces that the Prosecutor’s Office has not undertaken a single evidence-gathering procedure, despite formal requests from the defense team.
Compounding the legal concerns is the vulnerable situation in which the two detainees find themselves. Since their transfer to La Esperanza prison in Mariona, the defense and family members have encountered restrictions on visits, and both men exhibit deteriorating health.
The defense requested an abbreviated trial three months ago. Under this legal mechanism, the defendants would accept the prosecution’s narrative in exchange for a minimal penalty that could be commuted to community service. Yet the Prosecutor’s Office has issued no response.
The El Bosque cooperative, located in the El Triunfo canton of Santa Tecla, has faced an eviction order for years following a judicial ruling that emerged from litigation with businessman Luis Palomo Urbina. A labor court favored Palomo in its decision and condemned the cooperative to cede part of its lands. Organizations and peasant leaders denounce that Palomo defrauded and dispossessed the cooperative.
Faced with the threat of expulsion, the peasant families mounted mobilizations calling for intervention by President Nayib Bukele. In the wake of those protests, police repression was reported, leading to the arrest of Alejandro Henríquez and José Ángel Pérez.
Although the eviction process was suspended in May following the arrival of the Minister of Housing and a court order, the community remains under police surveillance, the presence of unidentified civilians, and drone activity, which keeps the population in a constant state of fear.
Fiscalía no responde a solicitud de juicio abreviado para Alejandro y José Ángel
Carlos Flores, del Foro del Agua, denuncia graves irregularidades en el proceso judicial que enfrentan Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, dos defensores de la tierra y el agua capturados el pasado 12 de mayo, durante una protesta pacífica de la cooperativa El Bosque. Ambos continúan en prisión preventiva, luego de que el juzgado segundo de instrucción decidiera prorrogar por tres meses más la fase de investigación.
Flores, aseguró que el caso ha sido “politizado desde el inicio” y que la Fiscalía no ha presentado pruebas reales sobre los delitos de los que se acusa a los líderes comunitarios, como desórdenes públicos y resistencia agresiva.
Flores explica que, pese a los abundantes arraigos y pruebas de descargo presentadas por la defensa, la jueza ha rechazado otorgar medidas alternas a la detención. Además, denuncia que la Fiscalía no ha realizado ni una sola diligencia de recolección de pruebas, a pesar de las solicitudes formales del equipo defensor.
A la preocupación jurídica, se suma la situación de vulnerabilidad en las que se encuentran los dos detenidos. Desde su traslado al penal La Esperanza ubicada en Mariona, la defensa y los familiares han enfrentado restricciones para visitarlos, y ambos presentan afectaciones en su salud.
La defensa solicitó hace tres meses un juicio abreviado. En esa figura legal, los procesados aceptarían la versión fiscal a cambio de una pena mínima canjeable por trabajos comunitarios. Sin embargo, la Fiscalía no ha dado respuesta.
La cooperativa El Bosque, ubicada en el cantón El Triunfo de Santa Tecla, enfrenta desde hace años una orden de desalojo, luego de una condena judicial que surgió por un litigio con el empresario Luis Palomo Urbina, a quien un juzgado laboral favoreció con su resolución y condenó a la cooperativa a ceder parte de sus tierras. Organizaciones y líderes campesinos denuncian que Palomo habría estafado y despojado a la cooperativa.
Ante la amenaza de expulsión, las familias campesinas realizaron movilizaciones solicitando la intervención del mandatario Nayib Bukele. Tras esas protestas, se denunció represión policial y se capturó a Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez.
Aunque el proceso de desalojo fue suspendido en mayo tras la llegada de la Ministra de Vivienda y una orden del juzgado, la comunidad continúa bajo vigilancia policial, presencia de civiles desconocidos y uso de drones, lo que mantiene a la población en constante temor.