Acción Ciudadana unveiled on Thursday the findings of its “Report on the State of Electoral Integrity in El Salvador, June to September 2025,” which examines 11 indicators concerning the integrity of the electoral process.
The first of these focuses on the Legal Design of the Electoral System and Elections, assessing current regulations and reforms affecting the vote.
“The most salient finding is that, due to electoral reforms driven by the ruling party, elections have lost their ability to balance power and enable alternation,” the organization states.
Moreover, these reforms distort representation and foster inequitable conditions in elections.
In 2023, the Electoral Code was amended to reduce the number of lawmakers in the Legislative Assembly to 60, shifting the allocation formula to one based on highest averages. Additionally, the Special Law for Municipal Restructuring slashed the number of municipalities in the country to 44.
It is worth noting that regarding the diaspora vote—specifically remote internet voting—ballots for lawmakers are assigned to the San Salvador constituency, thereby artificially inflating it.
These constituencies are set to remain in effect for the 2027 elections. In Acción Ciudadana’s view, this “will continue to generate distortions that benefit the ruling party, even if it secures fewer votes at the legislative and municipal levels in 2027.”
However, this year also saw the addition of a constitutional reform enabling indefinite presidential reelection and advancing the presidential vote by two years, paving the way for general elections in 2027.
“The constitutional reform that shortened the presidential term to hold general elections in 2027 aligns with patterns already familiar in authoritarian contexts. We must state it plainly: this could entrench a single-party system,” warns Acción Ciudadana.
Advancing the presidential elections also disrupts the planning of the electoral authority—specifically the Supreme Electoral Tribunal (TSE)—and the funding of the polls, for which budget projections have yet to be disclosed.
Acción Ciudadana also deems it essential to adjust electoral districts based on data from the 2024 Population Census. “Failing to account for the changes implied by the 2024 Census in determining the size of legislative districts could leave some overrepresented, thereby distorting the electoral system,” it explained.
Another constitutional reform eliminated public financing for political parties, leaving them at the mercy of private funding and its attendant interests. Compounding this, most parties—chiefly Nuevas Ideas—do not disclose information regarding their financiers.
“The failure of parties to report their donors and the amounts received undermines the fairness of competition, as it enables the influx of prohibited or illicit funds for campaigns, and in some cases the use of public money or state assets,” the report emphasizes.
The status of political parties and candidacies is another indicator under scrutiny.
“Harassment and persecution of political party representatives impair the right to organize and join a party, while also posing a challenge to electoral security, insofar as it involves police pressure on one of the key contenders in the process. In a specific case, the party VAMOS was left not only without its organization head but also without an experienced representative before the Electoral Oversight Board (JVE), which hampers its ability to audit the TSE,” states another finding.
Las elecciones han perdido su capacidad de balancear el poder, destaca informe
Acción Ciudadana presentó este jueves los hallazgos del «Informe Estado de la integridad electoral en El Salvador, periodo junio a septiembre de 2025», que analiza 11 indicadores relacionados a la integridad del proceso electoral.
El primero de estos se refiere al Diseño legal del sistema electoral y las elecciones, que analiza la normativa vigente y las reformas relacionadas a las elecciones.
«El hallazgo más relevantes es que con la reformas electorales impulsadas por el oficialismo las elecciones han perdido su capacidad de balancear el poder y permitir la alternancia», dice la organización.
Además, esas reformas generan distorsión en la representación y condiciones inequitativas en las elecciones.
En 2023 se reformó el Código Electoral para reducir el número de diputaciones en la Asamblea Legislativa a 60 y se cambió la fórmula de asignación a una de promedios mayores. Además, se emitió la Ley Especial para la Reestructuración Municipal que redujo a 44 la cantidad de municipios en el país.
Cabe mencionar que el voto desde el extranjero, en el caso del voto remoto por Internet, los votos se atribuyen a la circunscripción de San Salvador en el caso de las diputaciones, lo que significa que se infla de manera artificial.
Estas circunscripciones se mantendrían vigentes para las elecciones de 2027, lo que a criterio de Acción Ciudadana «seguirán generando distorsiones, lo que beneficia al partido oficial, incluso si obtuviera menor votación a nivel legislativo y municipal en 2027».
Pero este año también se añade la reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y adelanta las elecciones presidenciales dos años, para que se realicen elecciones generales en 2027.
«La reforma constitucional que redujo el periodo presidencial para realizar elecciones generales en 2027 está a tono con patrones ya conocidos en contexto autoritarios. Hay que decirlo claramente, esto podría consolidar el sistema de partido único», advierte Acción Ciudadana.
Adelantar las elecciones presidenciales también impacta en la planificación de la autoridad electoral, es decir, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el financiamiento de los comicios, cuya proyección presupuestaria aún no se ha dado a conocer.
Acción Ciudadana también considera importante que se adecuen las circunscripciones electorales a los datos del Censo de Población de 2024. «No tomar en cuenta los cambios que el Censo de 2024 conlleva para el establecimiento del tamaño de las circunscripciones legislativas, podría dejar sobrerrepresentadas algunas de ellas, produciendo una distorsión del sistema electoral», expuso.
Otra reforma constitucional fue la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, lo que los deja a merced de financiamiento privado y sus intereses. Aunado a eso, la mayoría de partidos, principalmente Nuevas Ideas, no transparente la información de sus financistas.
«El que los partidos no informen de sus donantes y los montos de dinero recibido, afecta la equidad de la competencia, pues posibilita el ingreso de dinero prohibido y el ilegal para financiar campañas, y en algunos casos el uso de dinero público o los bienes del Estado», destaca el informe.
La situación de los partidos políticos y candidaturas es otro de los indicadores analizados.
«El acoso y persecución a representantes de partidos políticos conlleva afectación al derecho a organizar y ser parte de un partido, además de constituirse en un problema de seguridad electoral, en tanto implica presión policial a uno de los contendientes más relevantes del proceso. El caso puntual, se dejó al partido VAMOS no solo sin su encargada de organización, sino sin un representante con experiencia ante la JVE, lo que también le afecta la hora de fiscalizar al TSE», dice otro de los hallazgos.