The scant admission of appeals related to detentions over the past three years by the Corte Suprema de Justicia (Supreme Court of Justice, CSJ) underscores that this mechanism has effectively been suspended, according to Úrsula Indacochea, director of the Judicial Independence Program at the Fundación para el Debido Proceso (Due Process of Law Foundation, DPLF). Indacochea analyzed the role of the Sala de lo Constitucional (Constitutional Chamber) regarding habeas corpus petitions filed during the state of exception in El Salvador.
When queried about the admission of only 158 petitions out of a total of 7,730 received by that chamber, the attorney asserted that this merely confirms “that habeas corpus remains suspended de facto.”
“It is a safeguard that, under international law, cannot be suspended even under a state of exception; but because in El Salvador they do not want to enact a law openly suspending it, they suspend it de facto,” she added.
In 2024, DPLF published a report on the performance of the Constitutional Chamber during the first year of the state of exception, a measure that began in March 2022 in response to a violent weekend that left 87 people murdered.
On that occasion, one key finding was that between 2022 and 2023, the Constitutional Chamber received 6,415 habeas corpus petitions and, during the same period, admitted for processing only 1.6% of the incoming caseload.
A tally of published statistics on habeas corpus petitions submitted to the chamber from April 2022 to September 2025 reveals that merely 2% of these appeals were admitted over 42 months, meaning the chamber rejected 98 out of every 100 appeals, according to data available on the Órgano Judicial (Judicial Branch) transparency portal.
The magistrates of the chamber contend that petitions tied to events in the context of the state of exception have driven the increased workload at that CSJ division, and they acknowledge that this situation “has hindered the expeditious resolution of this constitutional oversight mechanism.”
Indacochea contends that this should not excuse delays in adjudicating these proceedings. “That is no excuse because, moreover, habeas corpus cases take precedence. If you have a backlog of other matters, you must prioritize the habeas petitions,” she stated.
She added that this might have been a plausible rationale in the first year, but not in the second or even the third. “Just as the state bears the duty to safeguard liberty, it also holds an obligation to adapt its institutions—hiring more judges, more assistants, establishing specialized chambers to evaluate and resolve these habeas corpus cases,” she affirmed.
Furthermore, she described as “astonishing” the number of favorable rulings during this period. According to a count by El Diario de Hoy, of the 158 admitted petitions, only 44 resulted in a favorable outcome for the petitioners.
“In El Salvador, the majority of petitions filed (between 2022 and 2023) were either dismissed on procedural grounds or required the petitioner to provide a series of unreasonable demands within very short deadlines, only to be rejected for noncompliance. Thus, those that cleared those two hurdles allowed for a substantive decision; yet even then, the subset of meritorious cases was smaller still. To tell me that there are now just 44 favorable rulings is astonishing,” she commented.
DPLF señala que trámite de recursos por detenciones se ha suspendido “de facto”
La poca admisión de recursos por detenciones en los últimos tres años por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revela que este mecanismo prácticamente ha sido suspendido, valora la directora del programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Úrsula Indacochea, quien analizó el papel de la Sala de lo Constitucional con respecto a las demandas de hábeas corpus presentadas durante el régimen de excepción en El Salvador.
Al ser consultada sobre la admisión de únicamente 158 demandas de un total de 7,730 que recibió la referida Sala, la abogada mencionó que esto solamente confirma “que el hábeas corpus sigue suspendido de facto”.
“Es una garantía que ni siquiera en Estado de excepción se puede suspender, según el derecho intencional; pero como en El Salvador no quieren emitir una ley que diga que se suspende, entonces lo suspenden de facto”, añadió.
En 2024, DPLF presentó un informe sobre la actuación de la Sala de lo Constitucional durante el primer año del régimen de excepción, una medida que inició en marzo de 2022 en reacción a un fin de semana violento que dejó 87 asesinatos.
En esa ocasión, uno de los hallazgos fue que entre 2022 y 2023, la Sala de lo Constitucional recibió 6,415 demandas de hábeas Corpus y, en el mismo período, admitió a trámite únicamente el 1.6% de la carga ingresada.
Un recuento realizado a estadísticas publicadas sobre demandas de hábeas corpus presentados ante la Sala entre abril de 2022 a septiembre de 2025 detalla que solamente un 2% de estos recursos fueron admitidos en 42 meses, es decir, la Sala rechazó 98 de cada 100 recursos, según las estadísticas disponibles en el portal de Transparencia del Órgano judicial.
Los magistrados de la Sala sostienen que las demandas vinculadas a hechos en el contexto del régimen de excepción ha sido un factor para el incremento de la carga laboral en la referida sede de la CSJ, y aceptaron que esta situación “ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita”.
Indacochea considera que esa no debería ser una excusa para que estos procesos no sean resueltos a la brevedad. “Esa no es una excusa porque, además, los hábeas corpus son prioritarios. Si tu tienes carga de otras cosas tienes que ponerlas detrás de los hábeas”, mencionó.
Añadió que eso pudo ser una excusa en el primer año, pero no en el segundo o incluso en el tercero. “Así como el Estado tiene el deber de proteger la libertad, también existe una obligación que tiene que ver con adecuar la institucionalidad, contratar más jueces, contratar más asistentes, crear salas especiales para evaluar y resolver estos habeas corpus”, aseguró.
Además, calificó como “insólita” la cantidad de sentencias favorables durante este periodo. Según el recuento realizado por El Diario de Hoy, de las 158 demandas admitidas, únicamente 44 tuvieron un desenlace positivo para los ciudadanos.
“En El Salvador la mayoría de demandas que se presentaron (entre 2022 y 2023) o eran rechazadas por razones formales o se le solicitaba al demandante una serie de cosas que eran irrazonables y en plazos muy cortos para luego rechazarlos porque no los cumplían. Entonces, los que pasaban esos dos filtros permitían una decisión sobre el fondo; pero aún así el grupo de las que eran fundados eran más chicos todavía. Que me digas que ahora siguen habiendo 44 sentencias es insólito”, comentó.