The Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (Office of the Human Rights Ombudsman, PDDH) has placed under seal information related to expenditures for the first Cumbre Global sobre Derechos Humanos (Global Summit on Human Rights), an event organized by this institution in early September of this year.

The PDDH responded to an information request that sought the total cost of the event, itemized by rental payments for the venue where it took place and expenses incurred for the congress invitees, which included foreign panelists.

The event occurred from September 2 to 4, with invitees including ombudsmen from various countries and government officials, such as the minister of security.

In its resolution, the PDDH clarifies that the basis for sealing this information stems from article 19, clauses “g” and “h.” It asserts that public disclosure could “compromise state strategies and functions in ongoing judicial or administrative proceedings.”

Furthermore, it contends that this could “confer an undue advantage to one person to the detriment of a third party,” an argument outlined in the Ley de Acceso a la Información Pública (Law on Access to Public Information, LAIP) when a bidding process is underway.

Human rights attorney Henri Fino asserts that none of the clauses used to justify the seal applies.

“The hallmark of the ombudswoman’s administration is utter opacity; if we carefully examine the clauses on which this seal rests, they bear no relevance—one pertains to judicial processes and the other to advantages for third parties, neither of which fits,” he stated.

“In truth, the aim is obfuscation, opacity, ensuring that the Salvadoran people remain unaware of how resources funded through taxes are invested in these institutions,” he added.

Regarding clause “g,” Fino noted that it relates to proceedings in progress: “What does an event attended by human rights representatives from various countries have to do with that? It is an event, a gathering; it has absolutely nothing to do with proceedings, it does not compromise strategies, there are no judicial or administrative processes underway, and thus it is inapplicable,” he challenged.

Moreover, the human rights defender opined that this seal “mirrors the opacity that has defined the ombudswoman across all her terms” and that it is baseless, “serving only to sow doubts about how the ombudswoman manages institutional resources.”

For his part, Eduardo Escobar, director of Acción Ciudadana, concurred with Fino’s assessment, deeming the clauses applied by the Office of the Human Rights Ombudsman wholly inapplicable since the event has already taken place.

“It might apply if the information were requested during the event’s preparations or amid the event itself, as it could harm the ombudsman’s office by revealing payment amounts that suppliers might exploit,” he maintained.

However, the request was submitted on October 12, a month after the congress concluded. In that regard, Escobar emphasized that no undue advantage arises from disclosing this information, given that the referenced event is over.

“It lacks any legal, factual, or logical foundation. Typically, these resolutions offer no reasoning for classifying the information this way; they simply add it to the index of sealed information without explaining the grounds,” he argued.

He added that this pattern of sealing information by the Office of the Human Rights Ombudsman aligns with findings from a transparency monitoring effort, which concluded that the institution publishes only 60% of the required proactive information.

EDH: https://www.eldiariodehoy.com/noticias/pddh-reserva-informacion-sobre-gastos-en-congreso/45165/2025/

PDDH reserva información sobre gastos en congreso

La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) puso en reserva la información vinculada a los gastos para realización de la primera Cumbre Global sobre Derechos Humanos, un evento organizado por esta institución a inicios de septiembre de este año. 

La PDDH respondió a una solicitud de información en la que se requirió el costo total del evento, detallado por el pago de alquiler del local donde se realizó el evento y los gastos incurridos en los invitados al congreso, en el que participaron panelistas extranjeros.

El evento se realizó entre el 2 y 4 de septiembre y entre los invitados hubo procuradores de diferentes países y funcionarios de Gobierno, como el ministro de Seguridad. 

En la resolución, la PDDH aclara que el fundamento para poner en reserva esta información fue el artículo 19 letras “g” y “h”. Aseguran que al ser pública esta podría “comprometer estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso”.

Además, consideran que esta también “puede generar ventaja indebida  a una persona en perjuicio de un tercero”, un argumento contemplado en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) cuando una licitación está en curso.

El abogado defensor de derechos humanos Henri Fino asegura que ninguno de los literales usados en la reserva es aplicable.

“La característica de la administración de la procuradora es total opacidad, si leemos con cuidado los literales en los que se basa esa reserva no tiene ninguna aplicación, una está referida a procesos judiciales y otra a ventaja de terceros, ninguna de las dos es aplicable”, mencionó. 

“Realmente el objetivo es el oscurantismo, la opacidad, que el pueblo salvadoreño no se entere en que se invierte los recursos que por la vía de los impuestos se financian estas instituciones”, añadió.

Con respecto al literal “g”, Fino mencionó que está vinculada a procedimientos que están en trámite, “¿qué tiene que ver el evento en el que concurrieron representantes de derechos humanos de diversos países? Es un evento, una reunión, no tiene absolutamente nada que ver con procedimientos, no compromete estrategias, no hay procedimientos judiciales o administrativos en trámite en consecuencia no es aplicable”, cuestionó. 

Además, el defensor de derechos opinó que esta reserva es “un reflejo de la opacidad que ha caracterizado a la procuradora en todas sus administraciones” y que está infundada  y que “lo único que genera es la duda de cómo administra la procuradora los recursos institucionales”. 

Por su parte, el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, coincidió con el planteamiento de Fino, ya que considera que los incisos aplicados por la PDDH no tienen ninguna aplicación porque el evento ya ocurrió. 

“Podría ser si en el transcurso de los preparativos del evento o en el evento mismo se pide la información porque podría afectar a la procuraduría en el sentido que se sepa cuánto es que va a pagar y que se aprovechen de eso los proveedores”, sostuvo.

Sin embargo, la solicitud fue realizada el 12 de octubre un mes después de realizado el congreso. En ese sentido, Escobar mencionó que no existe ninguna ventaja indebida de revelar esta información porque el evento citado ya pasó. 

“No tiene asidero ni jurídico, ni fáctico, ni lógico. Por lo general en estas resoluciones no hacen un razonamiento de porque califican de esta manera la información, sino que simplemente se agrega al índice de información reservada pero no se explican las razones”, argumentó. 

Añadió que este comportamiento de  la PDDH de reservar información es consistente con los resultados que obtuvieron en un monitoreo sobre transparencia, en el que concluyeron que esta institución cumple con publicar solamente el 60% de la información oficiosa.

EDH: https://www.eldiariodehoy.com/noticias/pddh-reserva-informacion-sobre-gastos-en-congreso/45165/2025/