The Salvadoran government, through the Ministerio de Hacienda, sent to the Asamblea Legislativa a request to authorize new borrowing of $344 million, which would be used to cover the State’s general obligations or for liability management, that is, to service debt.

The request was entered into the correspondence registry of Wednesday’s plenary session and was referred for study to the Comisión de Hacienda (Finance Committee), which has been convened to meet on Friday.

Resource mobilization would take place through the issuance of Credit Securities, to be placed either in the domestic or international market.

“So that they may be used to address the Government’s strategic priorities, as well as to support needs across social, environmental, and/or economic sectors, among others, this being the purpose pursued with the submission of the aforementioned draft decree,” reads the letter signed by the Minister of Finance, Jerson Posada.

The draft decree’s third whereas clause adds that the pursuit of borrowing is intended “to be able to meet various and emerging general obligations of the State, as well as the possibility of carrying out liability management operations aimed at improving the debt profile and managing the risks associated with the debt portfolio.”

The government therefore considers it “necessary to confer the corresponding authorities” to execute such operations in line with market practice and in a manner beneficial to the country.

If secured, the funds may be allocated in the remainder of the current year or in subsequent fiscal years to address “the Government’s strategic priorities, the State’s general obligations that in their various forms require sources of liquidity, various transfers,” although the request does not specify which priorities or obligations would be covered.

The Banco Central de Reserva de El Salvador (Central Reserve Bank of El Salvador, BCR) may act as the State’s Financial Agent, subject to a contract with the Ministerio de Hacienda.

Ratification of loans

In addition, the government also sent requests to approve two loan agreements to finance the programa Surf City Fase II (Surf City Phase II program).

One is for $70 million with the Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OPEC Fund for International Development, OFID), which was signed on October 9, 2025. The term of the contract is up to 20 years, including a five-year grace period.

The funds are part of investment in public infrastructure in selected areas with economic and tourism potential; to ensure road connectivity across the highway network “efficiently and safely”; and to provide adequate and sufficient sanitation infrastructure for wastewater treatment, as part of the economic development strategy, stimulating private investment.

The second loan to be ratified is for $65 million, signed on October 30, 2025, with the Banco Centroamericano de Integración Económica (Central American Bank for Economic Integration, CABEI).

The aim is to widen the CA-2 (Litoral) highway from two to four lanes over an 8.2-kilometer segment, from the area of the Xanadú residential development to El Zonte, and to build sidewalks, parking areas, U-turn bays, and bike lanes.

EDH: https://www.eldiariodehoy.com/noticias/gobierno-pide-nueva-deuda-por-344-millones/45399/2025/

Gobierno pide nueva deuda por $344 millones

El gobierno salvadoreño, por medio del Ministerio de Hacienda, envió a la Asamblea Legislativa una solicitud de autorización de un nuevo endeudamiento por $344 millones, que serían para cubrir obligaciones generales del Estado o para manejo de pasivo, es decir, para el pago de deuda.

La solicitud ingresó en la correspondencia de la plenaria de este miércoles y fue enviada a estudio de la Comisión de Hacienda, convocada a sesionar el viernes.

La gestión de recursos se haría a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito, a ser colocados indistintamente en el mercado nacional o internacional.

«Para que sean destinados a atender prioridades estratégicas del Gobierno, así como para apoyar necesidades en sectores sociales, ambientales y/o económicos, entre otros, siendo ello el objeto a perseguir con la presentación del susodicho proyecto de decreto», dice la nota firmada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada.

En el considerando tercero del proyecto de decreto se añade que la búsqueda de los recursos de endeudamiento tiene el fin de «poder atender diferentes y emergentes obligaciones generales del Estado; así como también, la posibilidad de llevar a cabo operaciones de manejo de pasivos, orientadas a mejorar el perfil de la deuda y administrar los riesgos asociados al portafolio de la misma».

Y el gobierno considera que por eso se vuelve «necesario otorgar las facultades correspondientes», para ejecutar dichas operaciones, de acuerdo a las prácticas del mercado y que sean favorables al país.

De obtener los recursos podrán destinarse en lo que resta del presente año o en los siguientes ejercicios fiscales, para atender «prioridades estratégicas del Gobierno, Obligaciones Generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuentes de liquidez, transferencias varias», aunque no se especifica cuáles son las prioridades ni las obligaciones a cubrir.

El Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) podrá actuar como Agente Financiero del Estado, previo contrato con el Ministerio de Hacienda.

Ratificación de préstamos

Además, el gobierno también envió las solicitudes de aprobación de dos contratos de préstamo para financiar el programa Surf City Fase II.

Uno es por $70 millones con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, el cual fue suscrito el 9 de octubre de 2025. El plazo del contrato es hasta 20 años, incluyendo cinco años de período de gracia.

Los recursos forman parte de la inversión en infraestructura pública en algunas zonas focalizadas con potencial económico y turístico; así como para garantizar la conectividad vial en la red de carreteras «de forma eficiente y segura»; disponer de una infraestructura de saneamiento adecuada y suficiente para el tratamiento de aguas residuales, como parte de la estrategia de desarrollo económico, estimulando la inversión privada.

El segundo préstamo a ratificar es por $65 millones, suscrito el 30 de octubre de 2025, con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Se pretende ejecutar la ampliación de la carretera CA-2 (Litoral) de dos a cuatro carriles en un tramo de 8.2 kilómetros, desde la zona de la residencial Xanadú hasta El Zonte, la construcción de aceras, zonas de estacionamiento, retornos y ciclovías.

EDH: https://www.eldiariodehoy.com/noticias/gobierno-pide-nueva-deuda-por-344-millones/45399/2025/