Lawmaker Claudia Ortiz, of Vamos, requested the inclusion of an initiative to reform the Ley de Acceso a la Información Pública (Law on Access to Public Information), after a journalistic investigation exposed a case of possible corruption in the government and revealed that the Ministerio de Agricultura (Ministry of Agriculture) had placed information under seal regarding the agromarkets program.
The law regulates access to information about government actions and the use of public resources and assets. Compliance with this right of the citizenry has diminished during Nayib Bukele’s administration, as indicated by various reports from international and national organizations.
This week, the digital newspaper El Faro published an investigation revealing that Jana Nemcova, a professional dancer from the Czech Republic and associate of the son of Presidential Commissioner Carolina Recinos, secured contracts worth more than $5.6 million to sell face masks and thermometers to the Ministerio de Salud (Ministry of Health). According to documents reviewed by the outlet, Nemcova “breached the contracts on two occasions and funneled thousands of dollars in public funds from El Salvador that were received in China and ultimately ended up in the United States.”
In addition, LA PRENSA GRÁFICA reported that the Ministerio de Agricultura placed all information related to agromarkets and supply centers under seal—a policy that encompasses one-third of the ministry’s budget.
“There are $114 million under seal for seven years. The public will not be able to know what is being done with those resources, where the products are being purchased from, who they are being bought from, who is benefiting from those contracts, until 2032. We do not know how much more of the state budget is under seal,” Ortiz stated.
Following the lawmaker’s proposal, the legislative plenary voted against incorporating the initiative, which garnered only three votes in favor. Lawmakers from Nuevas Ideas and allied parties abstained from voting, with the exception of officialist lawmaker Eduardo Amaya, who voted against it.
Claudia Ortiz pide reformar ley de acceso a la información tras reserva a datos sobre agromercados
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió incorporar una iniciativa para reformar la Ley de Acceso a la Información Pública, luego de que una investigación periodística revelara un caso de posible corrupción en el Gobierno y que se diera a conocer la reserva de información al programa de agromercados por parte del Ministerio de Agricultura.
La normativa regula el acceso a la información sobre las acciones del Gobierno y el uso de recursos y bienes públicos. El cumplimiento de este derecho de la ciudadanía se ha reducido durante la gestión de Nayib Bukele, según apuntan diversos informes de organizaciones internacionales y nacionales.
Esta semana el periódico digital El Faro publicó una investigación en la que revela que Jana Nemcova, una bailarina profesional de República Checa, socia del hijo de la comisionada presidencial Carolina Recinos, obtuvo contratos por más de $5.6 millones para vender mascarillas y termómetros al Ministerio de Salud. De acuerdo con los documentos consultados por el medio, Nemcova “incumplió los contratos en dos ocasiones y trianguló miles de dólares de fondos públicos de El Salvador que fueron recibidos en China y que luego terminaron en Estados Unidos”.
Además, LA PRENSA GRÁFICA informó que el Ministerio de Agricultura colocó toda la información relacionada con los agromercados y centrales de abasto bajo reserva, una política que concentra la tercera parte del presupeusto de la cartera.
“Hay $114 millones de dólares están en reserva por siete años. La población no va a poder saber qué se está haciendo con esos recursos, de dónde se están comprando los productos, a quién se los están comprando, quién se está beneficiando de esos contratos, hasta 2032. No sabemos cuánto más del presupuesto del Estado está bajo reserva”, indicó Ortiz.
Tras la propuesta de la diputada, el pleno legislativo votó por no incorporar la iniciativa, que obtuvo solo tres voto a favor. Los diputados de Nuevas Ideas y partidos aliados se abstuvieron de votar, a excepción del diputado oficialista Eduardo Amaya, que votó en contra.