“Dear Humberto, we are certain we will meet and embrace again in the house of the Lord. You will live eternally in our hearts, and we will honor your memory as the good son, husband, father, brother, grandson, nephew, and best friend you were,” reads the plaque on the tomb of Humberto Adonay Escobar Mónico, who was imprisoned in May 2025 and died shortly after entering the facility.
On May 27 of this year, he traveled to Guatemala to purchase merchandise, and upon his return, members of the Armed Forces of El Salvador (FAES) detained him at a vehicle checkpoint and demanded receipts for the products, which he lacked. They subsequently summoned the police (PNC), who arrested him on suspicion of smuggling.
Humberto was held in the holding cells of the 911 facility in Santa Ana Centro and was then transferred to the La Esperanza Penal Center, known as Mariona, where he stayed for a matter of days.
“He operated a business selling products online since 2021. He noticed items on sale in Guatemala and decided to go because they were discounted. He had never traveled to buy goods before, but that time he did, and regrettably, he was detained,” recounts a family member who requests anonymity.
Yet the greatest shock for his family came when they received a call informing them of Humberto’s death on July 6, 2025—that is, 15 days after his detention. His relatives began inquiring what had happened, as he had been admitted in stable health. He was 35 years old at the time of his death.
The death certificate issued by the Institute of Legal Medicine (IML) determined that the cause of death was “pulmonary edema,” the same cause cited in the majority of deaths among those deprived of liberty during the state of exception. Judicial sources affirm, however, that his body showed bruises, contusions, and a fractured jaw, leading them to presume he suffered a violent death in prison.
“I could see that his jaw was fractured, along with other blows to his body. We feel devastated because he entered in good condition, without any circumstance that threatened his health or physical integrity,” recounts one of the sources.
Humberto’s tomb lies in the San Antonio Abad general cemetery in San Salvador. Family members seek to adorn it with flowers, arrangements, and a commemorative plaque honoring his legacy in life.
Human rights organizations have documented and denounced the deaths of those deprived of liberty within the framework of the state of exception. Legal Humanitarian Aid (SJH) recorded, as of October 15 of this year, 447 individuals who died under state custody, of whom they presume 43 percent suffered a violent death.
These organizations highlight that families harbor fear of reporting the deaths and that the figure may be higher. In Humberto’s case, the organizations noted that his death was reported as a homicide to the Prosecutor’s Office and to the Office of the Human Rights Ombudsman (PDDH), and are demanding that the case be investigated.
“Siempre lo recordaremos; no merecía terminar así”
“Querido Humberto, tenemos la certeza que volveremos a encontrarnos y abrazarnos en la casa del Señor. Vivirás eternamente en nuestros corazones y honraremos tu memoria como buen hijo, esposo, papá, hermano, nieto, sobrino y mejor amigo que fuiste”, dice la placa en la tumba de Humberto Adonay Escobar Mónico, quien estuvo en prisión en mayo de 2025 y falleció a los pocos días de entrar al penal.
El 27 de mayo de este año, él fue a Guatemala para comprar una mercadería y a su regreso elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) lo retuvieron en un control vehicular y le pidieron los comprobantes de los productos, los cuales no tenía. Llamaron posteriormente a la Policía Nacional Civil (PNC) y lo arrestaron por supuesto contrabando.
Humberto estuvo detenido en las bartolinas del 911 de Santa Ana Centro y luego fue enviado al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, donde estuvo por cuestión de días.
“Él tenía un negocio en el que vendía productos en línea desde el año 2021. Él vio que estaban vendiendo productos en Guatemala y decidió ir porque estaban en oferta. Él nunca había viajado para comprar, pero esa vez fue y lastimosamente fue detenido”, relata un familiar que pide el anonimato.
Pero la mayor sorpresa de su familia fue cuando recibieron una llamada informándoles de la muerte de Humberto, el 6 de julio de 2025, es decir, 15 días después de ser detenido. Sus familiares comenzaron a preguntar qué había pasado, pues había sido internado con una salud estable. Tenía 35 años de edad al momento de su muerte.
La esquela recibida por parte del Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que la causa de muerte fue por “edema pulmonar”, misma que exponen en la mayoría de las muertes de privados de libertad durante el régimen de excepción. Pero fuentes judiciales afirman que su cuerpo tenía golpes, moretones y la mandíbula fracturada, por lo que suponen que sufrió una muerte violenta en prisión.
“Pude notar que su mandíbula estaba fracturada, así como otros golpes en el cuerpo. Nos sentimos mal porque él ingresó bien, sin ninguna situación que atentara con su salud e integridad física”, relata una de las fuentes.
La tumba de Humberto está en el cementerio general de San Antonio Abad, en San Salvador. Familiares buscan adornarlo con flores, arreglos y una placa conmemorativa por su legado en vida.
Organizaciones de derechos humanos han documentado y denunciado las muertes de privados de libertad en el marco del régimen de excepción. El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) tenía el registro, hasta el 15 de octubre de este año, de 447 personas que murieron bajo custodia del Estado, de los cuales presumen que el 43 % tuvo una muerte violenta.
Estas organizaciones exponen que las familias tienen temor de denunciar las muertes y que la cifra puede ser mayor. En el caso de Humberto, las organizaciones señalaron que fue denunciado como un homicidio ante la Fiscalía y ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), por lo que piden que el caso sea investigado.