On Monday, the Movimiento de Víctimas del Régimen (Movement of Victims of the Regime, MOVIR) denounced the death of an inmate at Izalco Prison, located in the municipality of Sonsonate Este. The death occurred Monday morning while the inmate was hospitalized at Jorge Mazzini Hospital, in the municipality of Sonsonate Centro.
The organization identified the inmate as Manuel de Jesús Hernández Aguilar, 46, a native of the district of Alegría, in the municipality of Usulután Norte.
MOVIR did not explain why Hernández Aguilar had been hospitalized or the potential cause of his death. The Instituto de Medicina Legal (Institute of Legal Medicine, IML), along with other agencies, arrived at the hospital to recover the body.
The body was then transferred to the IML’s facilities, where it awaits collection by family members. As of this writing, a source noted that no relatives had yet come forward to identify the body.
Another Case
This marks the second death in a week reported by MOVIR involving an inmate hospitalized in Sonsonate. On October 27, the organization reported via its X account the death of another inmate from Izalco Prison, identified as José Roberto Juárez Romero, 49.
He died at 7:30 p.m. while at Jorge Mazzini Hospital. Juárez was a native of the district of Sesori, in San Miguel Norte. In neither case were the charges for which the two men were imprisoned disclosed.
Meanwhile, Socorro Jurídico Humanitario (Legal Humanitarian Aid), an organization that documents deaths in Salvadoran prisons, reported as of last Wednesday, October 31, a total of 450 deaths in various Salvadoran prisons since the state of exception was implemented on March 27, 2022.
The organization stated that 94% of the deceased had no gang profiles and died while in state custody.
“The death toll may exceed one thousand, but information suggests efforts to conceal it in mass trials,” the organization stated in the post on its Facebook account.
Centros Penales (General Directorate of Prisons) was asked to comment on the Hernández Aguilar case, but no response had been received by press time.
The Legislative Assembly recently approved another extension of the state of exception. It will remain in effect from November 2 to December 1, 2025.
The state of exception suspends constitutional guarantees, including the right to legal counsel and to be immediately informed of the reason for detention; extends the administrative detention period from 72 hours to 15 days; and suspends the right to the inviolability of correspondence and telecommunications.
MOVIR denuncia muerte de reo que estaba recluido en penal de Izalco
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) denunció este lunes la muerte de un interno del Penal de Izalco, ubicado en el municipio de Sonsonate Este. El deceso ocurrió el lunes por la mañana cuando el reo se encontraba ingresado en el Hospital Jorge Mazzini, en el municipio de Sonsonate Centro.
El reo fue identificado por la organización como Manuel de Jesús Hernández Aguilar, de 46 años, quien era originario del distrito de Alegría, en el municipio de Usulután Norte.
MOVIR no explicó porqué Hernández Aguilar estaba ingresado en el centro asistencial y la posible razón de su deceso. El Instituto de Medicina Legal (IML), entre otras instituciones, llegó al hospital para realizar el levantamiento del cadáver.
Luego fue trasladado hacia sus instalaciones con la finalidad de que sea retirado por sus familiares. Al cierre de esta nota, una fuente señaló que aún no se habían presentado familiares para el reconocimiento del cuerpo.
Otro caso
Este es el segundo fallecido que MOVIR denuncia, en una semana, y que se encontraba ingresado en hospital de Sonsonate. El pasado 27 de octubre señaló, a través de su cuenta de X, sobre la muerte de otro reo del penal de Izalco, quien fue identificado como José Roberto Juárez Romero, de 49 años.
Su deceso ocurrió a las 7:30 de la noche, cuando se encontraba ingresado en el Hospital Jorge Mazzini. Juárez era originario del distrito de Sesori, en San Miguel Norte. En ninguno de los casos se informó sobre los delitos por el que ambos guardaban prisión.
Mientras que Socorro Jurídico Humanitario, una organización que documenta muertes en las cárceles salvadoreñas, informó hasta el miércoles pasado 31 octubre, 450 muertes en diferentes cárceles salvadoreñas desde que se implementó el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022.
Dicha organización señaló que el 94% de las personas fallecidas no tenían perfiles de pandillero y que murieron bajo la tutela del Estado.
«La cifra de muertes puede superar las mil; pero se tiene información que se quieren ocultar en los juicios masivos», señaló en la denuncia, en su cuenta de Facebook.
Se consultó a Centros Penales sobre el caso de Hernández Aguilar, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta nota.
La Asamblea Legislativa aprobó recientemente una nueva prórroga al régimen de excepción. La misma estará vigente del 2 de noviembre al 1 de diciembre de 2025.
El estado de excepción suspende garantías constitucionales del derecho a la defensa técnica y de ser informado inmediatamente del motivo de la detención; amplía de 72 horas a 15 días el plazo de la detención administrativa; y suspende el derecho de inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.