An appeal in the judicial proceedings against Rubén Zamora, former ambassador of El Salvador to the United States, has been pending for twenty months before the Cámara de lo Penal de la Tercera Sección del Centro de Oriente (Third Criminal Chamber of the Eastern-Central Region).
In December 2023, Judge Mirtala Portillo issued an arrest warrant against him for the offense of accessory after the fact (encubrimiento personal) in the El Mozote Case, for having voted to approve the General Amnesty Law.
Three months later, the judge in Gotera vacated the arrest warrant. Zamora is currently subject to alternatives to detention, including a prohibition on leaving the country without court authorization.
Miguel Girón, the former diplomat’s attorney, stated that they filed the appeal because the court, in their view, lacks both jurisdiction and venue to hear the case, as the events—if any crime was committed at all—would have occurred in San Salvador, not Morazán.
“The Gotera judge clearly states that the crime of accessory after the fact, which she alleges was committed, occurred when this General Amnesty Law for the Consolidation of Peace—the law passed on March 20, 1993—was debated and approved,” Girón said.
They have also appealed based on the judge’s lack of jurisdiction because, according to the attorney, Article 125 of the Constitution of the Republic stipulates that no lawmaker shall at any time be held liable for the opinions they express or the votes they cast.
“This is enshrined in the 1974 Penal Code, which is the one being applied, and that code also states that judges have no jurisdiction to pursue criminal proceedings by virtue of that constitutional provision,” said the defense attorney.
Vote Against the Amnesty
The former diplomat’s defense submitted to the Chamber documents sent by the Asamblea Legislativa (Legislative Assembly) with which they seek to establish that Zamora played no part in the alleged cover-up.
According to that report, Zamora did not introduce the amnesty bill and, according to the Assembly’s minutes, the former lawmaker opposed the measure.
“We have documented the vote against the bill by the parliamentary group to which Dr. Zamora belonged, including his own, and we have the decree signed by the Assembly’s leadership at that time, on which his signature does not appear,” Girón said.
“The chamber already has the documentation from the Assembly, so it can decline to rule on the matter, in which case the judge will have to. This point is indisputable because the documents are there; they are not hidden or surprise documents. They are documents that have always been available, but she, the judge, refused to request them,” he added.
Zamora stands accused of the alleged offense of accessory after the fact (encubrimiento personal) in favor of several military officers charged with the 1981 El Mozote Massacre and in neighboring hamlets. If found guilty, he could be sentenced to between six months and six years in prison.
Caso contra Rubén Zamora sigue sin definirse a casi dos años de orden de captura
Veinte meses han transcurrido desde que la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección del Centro de Oriente tiene en su poder una apelación sobre el proceso judicial en contra del exembajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora.
En diciembre de 2023, la jueza Mirtala Portillo giró una orden de captura en su contra por el delito de encubrimiento personal en el «Caso El Mozote», por haber aprobado la Ley General de Amnistía.
Tres meses después, la jueza de Gotera dejó sin efecto la orden de captura. Actualmente, Zamora tiene medidas alternas a la detención, como no poder salir del país sin permiso judicial.
Miguel Girón, abogado del exdiplomático, aseguró que presentaron la apelación porque según ellos este juzgado no tiene jurisdicción y tampoco competencia para conocer sobre el proceso, ya que los hechos, sí es que existiera delito, habrían ocurrido en San Salvador y no en Morazán.
«Claramente señala la jueza de Gotera que el delito de encubrimiento que ella dice que se ha cometido ocurrió al aprobarse y discutirse esta Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz, que es la ley que se aprobó el 20 de marzo de 1993», dijo Girón.
También han apelado por la falta de jurisdicción del juez porque, según el abogado, el artículo 125 de la Constitución de la República detalla que ningún diputado tendrá responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan.
«Esto está recogido en el Código Penal de 1974, que es el que se está aplicando y también en ese código se dice que no hay jurisdicción de los jueces para poder seguir juicio penal en virtud de esa disposición constitucional», dijo el defensor.
Voto contra la amnistía
La defensa del exdiplomático presentó ante la Cámara de Oriente una documentación enviada por la Asamblea Legislativa, con la que pretenden establecer que no hubo participación de Zamora en el supuesto caso de encubrimiento.
Según ese informe, la iniciativa de la Ley de Amnistía no fue llevada por Zamora y, según las actas de la Asamblea, el exdiputado se opuso a la referida normativa.
“Tenemos contabilizado el voto en contra del grupo parlamentario al que pertenecía el doctor Zamora, incluyéndolo a él, y tenemos el decreto firmado por la directiva de aquel entonces de la Asamblea en donde no aparece la firma de él”, dijo Girón.
“La cámara ya tiene la documentación de la Asamblea, entonces pueden decir que no se pronunciara sobre eso y entonces lo va a tener que hacer la jueza. Y como eso ya ni siquiera es discutible, porque ahí están los documentos ni siquiera son documentos escondidos, sorpresivos, son documentos que siempre han estado ahí, pero que ella, la jueza, no quiso pedirlos”, añadió.
Zamora es acusado del supuesto delito de encubrimiento personal a favor de varios militares a quienes les imputan la “Masacre de El Mozote» y lugares aledaños, ocurrida en 1981. Si es encontrado culpable podría ser condenado a penas que oscilan entre los seis meses a los seis años de prisión.