The Salvadoran state informed the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) that Irvin Jeovanny Quintanilla García, a Salvadoran deported on March 15, 2025, along with 238 Venezuelans, is confined in the Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana (Santa Ana Industrial Center for Sentence Enforcement and Rehabilitation).
The young man’s family had filed a complaint of enforced disappearance with the IACHR, as following his deportation, they did not know his whereabouts. Nearly seven months passed before they learned where he was.
On October 3, 2025, the Commission granted Irvin precautionary measures, finding that he is in a “situation of grave and urgent risk of irreparable harm to his rights in El Salvador.”
The measures were granted because the State had initially informed the international body that it did not know Irvin’s whereabouts, based on searches conducted with the Dirección General de Migración (General Directorate of Migration), the Fiscalía General de la República (Office of the Attorney General, FGR), the Dirección General de Centros Penales (General Directorate of Prisons, DGCP), and the Policía Nacional Civil (police, PNC).
However, the State submitted a new response to the IACHR on October 20, asserting that Irvin is indeed in the system, specifically at the Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana. Furthermore, it stated that he is in good health.
“Regarding his current status and health conditions, he presents no symptoms or ailments that affect his health. He is therefore healthy, hemodynamically stable, and is evaluated periodically by the center’s clinic,” it declared.
This communication emerged from the exchange of responses between the State and the IACHR.
Following this State response, on October 27 Irvin’s attorney filed a motion with the Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, CSJ) of El Salvador, asking that chamber to confirm the information the State provided to the IACHR.
This filing was a follow-up to the writ of habeas corpus the lawyer submitted in May 2025, to which he has never received a response, he told LA PRENSA GRÁFICA.
“I need the court to determine whether he is, in fact, being held there; the nature of his detention, if any; whether he has the right to see his family; and whether he has the right to defense counsel,” he asserted.
In the attorney’s view, Irvin should never have been detained upon entering the country; hence his interest in knowing why he is in prison. He maintains that he should be at liberty.
He also said that his client faces no criminal charges in the United States and that when he was arrested in December 2024 by agents from U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), he was accused of possessing drugs, but the case did not move forward. He was then deported to El Salvador, where he also has no pending charges.
The lawyer said he will be awaiting the response from the Constitutional Chamber, though he fears it could take years.
Salvadoreño reportado como desaparecido está en penal de Santa Ana, según informe del Estado a la CIDH
El Estado salvadoreño informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Irvin Jeovanny Quintanilla García, salvadoreño deportado el 15 de marzo de 2025 junto a 238 venezolanos, se encuentra recluido en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana.
La familia del joven había denunciado su desaparición forzada ante la CIDH, ya que tras su deportación no conocían su paradero. Y tuvieron que pasar casi siete meses para que lo conocieran.
El 3 de octubre de 2025 la Comisión otorgó medidas cautelares a Irvin porque consideró que está en una “situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en El Salvador”.
Las medidas fueron otorgadas porque el Estado había informado preliminarmente al organismo internacional que desconocía el paradero de Irvin, de acuerdo con la búsqueda que habían realizado en la Dirección General de Migración, la Fiscalía General de la República (FGR), la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y la Policía Nacional Civil (PNC).
Pero el Estado envió una nueva respuesta a la CIDH el 20 de octubre y sostuvo que Irvin sí está en el sistema, específicamente en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana. Además, dijo que está en buen estado de salud.
En relación a su estado actual y condiciones de salud, no presenta ningún síntoma o padecimiento que afecte su salud, por lo que se encuentra sano, hemodinámicamente estable y es evaluado de forma periódica por parte de la Clínica de dicho centro”, manifestó.
Esta comunicación surge en el intercambio de respuestas entre el Estado y la CIDH.
Tras esta respuesta del Estado, el 27 de octubre el abogado de Irvin presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador un escrito para que dicha instancia confirme la información que brindó el Estado a la CIDH.
Este documento fue en seguimiento al habeas corpus que el litigante presentó en mayo de 2025 y del cuál nunca recibió respuesta, dijo a LA PRENSA GRÁFICA.
Me interesa que se determine si es cierto que allí está, cuál es la clase de detención, si es que existe, si tiene derecho a ver a la familia y si tiene derecho a un defensor”, aseveró.
Para el abogado, Irvin nunca tuvo que ser detenido cuando ingresó al país y por eso el interés de saber por qué está en un cárcel. Sostiene que él debería estar en libertad.
También dijo que su cliente no tiene delitos imputados en Estados Unidos y que cuando fue detenido en diciembre de 2024 por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), lo acusaron de portar droga pero el caso no avanzó y fue deportado a El Salvador, donde tampoco tiene acusaciones pendientes.
El abogado dijo que estará pendiente de la respuesta de la Sala de lo Constitucional, aunque teme que la respuesta podría llevar hasta años.