The debt tied to the pension system surged by $544.7 million between January and September 2025, according to the latest report from the Ministry of Finance. This pushed the total balance of this obligation to $11,070.6 million, equivalent to 30.2 percent of gross domestic product (GDP).
The increase underscores the heightened financing needs of the state to meet pension commitments, chiefly payments to retirees from the public system and compensation to the Administradoras de Fondos de Pensiones (Pension Fund Administrators, AFP).
Of that total amount, $8,394.8 million corresponds to Certificados de Financiamiento de Transición (Transition Financing Certificates, CFT) and $2,675.8 million to Certificados de Obligaciones Previsionales (Pension Obligation Certificates, COP), two debt instruments the government uses to meet pension obligations.
These resources finance the pensions of retirees from the public system, which was shuttered at the end of the 1990s. The Instituto Salvadoreño de Pensiones (Salvadoran Pension Institute, ISP) issues these securities, which by law the Pension Fund Administrators (AFP) are required to purchase.
From April 2023 to date, COPs account for $2,675.8 million. This is in addition to $8,394.8 million in CFTs, securities that, following a reform approved by the Asamblea Legislativa (Legislative Assembly) in December 2022, will pay neither principal nor interest for four years.
According to the International Monetary Fund (IMF), this reform has led to 89 percent of the assets managed by the AFP—which reached $14.9 billion in 2024—being invested “in public debt securities, either directly or indirectly through banks and financial institutions.”
The IMF has also warned that pensions from the private system are beginning to draw on resources from the Cuenta de Garantía Solidaria (Solidarity Guarantee Account, CGS), a pooled fund used when affiliates exhaust their individual savings.
According to the Fund, the fund could be depleted by 2027, making a comprehensive overhaul of the pension system urgent.
The commitments the government made to the organization under a $1.4 billion financing agreement include approving a pension reform by February 2026, a deadline that remains in effect.
The expansion of pension debt has fueled the rise in total public debt, which now exceeds $32.2 billion, equivalent to 88.2 percent of GDP.
Deuda de pensiones subió $544.7 millones hasta septiembre
La deuda vinculada al sistema de pensiones aumentó en $544.7 millones entre enero y septiembre de 2025, según el más reciente reporte del Ministerio de Hacienda. Con ello, el saldo total de esta obligación llegó a $11,070.6 millones, equivalentes al 30.2 % del Producto Interno Bruto (PIB).
El incremento refleja el mayor financiamiento que el Estado ha necesitado para cubrir los compromisos previsionales, principalmente los pagos a los jubilados del sistema público y las compensaciones a las AFP.
De ese monto total, $8,394.8 millones corresponden a Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) y $2,675.8 millones a Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), dos instrumentos de deuda que el Gobierno utiliza para honrar los pagos de pensiones.
Estos recursos son utilizados para financiar las pensiones de los jubilados del sistema público, cerrado a finales de la década de 1990. El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emite los títulos valores, que por ley las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas a comprar.
Desde abril de 2023 hasta la fecha, los COP suman $2,675.8 millones. A ello se agregan $8,394.8 millones en CFT, títulos que, tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2022, no pagan capital ni intereses durante cuatro años.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), esta reforma provocó que el 89 % de los activos administrados por las AFP, que alcanzaron $14,900 millones en 2024, estén invertidos «en títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras».
El FMI también ha advertido que las pensiones del sistema privado están comenzando a financiarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo común que se utiliza cuando los afiliados agotan sus ahorros individuales.
Según el organismo, ese fondo podría agotarse hacia 2027, por lo que considera urgente una reforma integral del sistema previsional.
Parte de los compromisos que el gobierno adquirió con el organismo a través de un acuerdo de financiamiento de $1400 millones, incluyen aprobar una reforma de pensiones para febrero de 2026, cuya fecha se mantiene vigente.
El crecimiento de la deuda de pensiones ha contribuido al aumento de la deuda pública total, que ya supera los $32,200 millones, equivalentes al 88.2 % del PIB.