“What is the point of saying anything? I cannot get my son’s life back.” These are the words of the father of Kevin Balmore Valencia Guillén, who died on Friday, October 24, after suffering an electric shock while performing labor for the Zero Idleness program, run by the Dirección General de Centros Penales (General Directorate of Penal Centers, DGCP).
Valencia Guillén, 28, was arrested at his home in Izalco, Sonsonate, on May 19, 2022, under the state of exception. The young man was held in La Esperanza prison (Mariona) for over three years, during which time no crime was proven against him, according to the Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movement of Victims of the State of Exception, MOVIR).
“That Friday, the 24th, the funeral home called the family to tell them the young man had died and to offer their services,” said MOVIR spokesperson Samuel Ramírez in an interview on Monday, October 27. After that call, staff from the prison administration contacted relatives to tell them they needed to retrieve Kevin’s body.
Kevin’s father gives the same account. Outraged and grief-stricken, he says: “We found out from a call from the funeral home. We have not received any help whatsoever. I cannot bring my son back to life.”
According to Kevin Balmore’s death certificate, issued by the Instituto de Medicina Legal (Institute of Legal Medicine) to the Valencia family, the young man died of pulmonary edema—a cause of death repeatedly listed on the many certificates the institution has issued for inmates who have died in prison. “We have left things in God’s hands,” his father says.
The communications office of the General Directorate of Penal Centers was asked yesterday what information it had about the case and the circumstances of the incident, but there was no response.
“We want due process to be followed. We do not defend gang members; we do not defend the indefensible. There are judges who have issued release orders because they have found sufficient evidence of people’s innocence, and they have not been freed,” Ramírez notes.
Since the state of exception began in 2022, the number of homicides has plummeted dramatically; at the same time, organizations began to report allegations of arbitrary arrests and human rights violations in the prisons.
Deaths in Prison
According to figures from Socorro Jurídico Humanitario (Legal Humanitarian Aid), another organization that receives complaints, as of October 25, 448 detainees had died under the state of exception, now in its 42nd month. According to the organization, “94% of the people did not fit a gang profile and died in State custody and in total impunity.”
Legal Humanitarian Aid also clarifies that these figures represent only the cases known to them and that the actual number could be even higher.
For its part, MOVIR states that it has submitted more than 150 complaints of human rights violations in Salvadoran prisons. Moreover, on August 15 it filed a constitutional challenge with the Sala de lo Constitucional (Constitutional Chamber), arguing that the state of exception no longer has legitimacy.
“I do recognize that there is security in the country, but under the state of exception, they are arresting people without due process and leaving them to die in prison,” Ramírez adds.
The Movement finally pointed to alleged irregularities within the judicial system, such as “detainees being released on the condition that they implicate others for prosecution, food that families buy for a detained relative being eaten by the guards, as well as scams by alleged fake lawyers who claim to represent MOVIR and have access to inmates’ case files. It appears there are powerful connections within the judicial system that grant these ‘lawyers’ access to that information,” the organization’s leader detailed.
This past August, Cristosal, another human rights organization, released a report on documented cases of corruption in Salvadoran prisons.
“Ya no puedo revivir a mi hijo”: padre de reo fallecido por descarga eléctrica
“Para qué vamos a seguir diciendo esto y esto, si la vida de mi hijo ya no la puedo recuperar”. Son las palabras del padre de Kevin Balmore Valencia Guillén, quien falleció el pasado viernes 24 de octubre tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores para el programa Cero Ocio, de la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
Valencia Guillén, de 28 años, fue capturado bajo el régimen de excepción, cuando estaba en su vivienda, ubicada en Izalco, Sonsonate, el 19 de mayo de 2022. El joven estuvo recluido en el penal La Esperanza (Mariona) por más de tres años, tiempo en el que no se le comprobó ningún delito, según afirma el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR).
“Ese viernes 24, la funeraria le llamó a la familia para decirle que el joven había muerto y para ofrecerle sus servicios”, mencionó el vocero de MOVIR, Samuel Ramírez, en una entrevista, el lunes 27 de octubre. Luego de esa llamada, personal de Centros Penales se comunicó con los parientes para decirles que debían retirar el cuerpo de Kevin.
La misma versión da el padre de Kevin, quien indignado y con gran pesar señala: “nosotros nos dimos cuenta por una llamada de la funeraria. No hemos recibido ninguna ayuda de nada, ya no puedo revivir a mi hijo”.
De acuerdo al documento de defunción de Kevin Balmore, entregado por el Instituto de Medicina Legal a la familia Valencia, el joven murió debido a un edema pulmonar, una causal que recurrentemente se ha plasmado otras muchas esquelas que la institución ha extendido a familiares de reos fallecidos en prisión. “Las cosas se las hemos dejado a Dios”, dice el padre.
Se consultó ayer a la oficina de comunicaciones de Centros Penales qué información tienen sobre el caso, y en qué circunstancias ocurrió, pero no se obtuvo respuesta.
“Queremos que se cumpla el debido proceso. No defendemos pandilleros, no defendemos lo indefendible. Hay jueces que han entregado cartas de libertad porque han encontrado pruebas suficientes de que las personas son inocentes y no los han liberado”, señala, por su parte, Ramírez.
Desde que inició el régimen de excepción, en 2022, la cantidad de homicidios se redujo de manera drástica; al mismo tiempo empezaron a surgir denuncias de organizaciones sobre posibles capturas arbitrarias y violaciones de derechos humanos en las cárceles.
Muertos en prisión
Según datos de Socorro Jurídico Humanitario, otra organización que recibe denuncias, hasta el 25 de octubre se registran 448 privados de libertad fallecidos bajo el régimen de excepción, que ya lleva 42 meses. De acuerdo a la organización, “94 % de las personas no tenían perfil de pandilleros y murieron en tutela del Estado y en total impunidad”.
Socorro Jurídico Humanitario aclara también que estos son datos de los que tienen conocimiento, pero que la cifra podría ser aún mayor.
Por su parte, MOVIR asegura que han entregado más de 150 denuncias de violaciones a derechos humanos en las cárceles salvadoreñas. Además, el pasado 15 de agosto presentó ante la Sala de lo Constitucional un recurso de inconstitucionalidad argumentando que el régimen de excepción ya no tiene legitimidad.
“Sí reconozco que hay seguridad en el país, pero con el régimen de excepción están capturando sin el debido proceso y los dejan morir en la cárcel”, añade Ramírez.
El Movimiento finalmente señaló presuntas arbitrariedades dentro del sistema judicial como “detenidos que están siendo liberados bajo la condición de señalar a otras personas para que sean condenadas, la comida que familiares compran para un pariente detenido se la comen los custodios, así como estafas por presuntos falsos abogados que aseguran representar a MOVIR y que tienen acceso a los expedientes de reos. Parece que hay conexiones muy fuertes dentro del sistema judicial para que estos ‘abogados’ tengan esa información”, detalló el líder de la organización.
En agosto pasado, Cristosal, otra organización que defiende derechos humanos, presentó un informe de casos documentados de corrupción en las cárceles salvadoreñas.