The Salvadoran state has failed to comply with precautionary measures issued by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to guarantee constitutional lawyer Salvador Enrique Anaya, detained since last June, access to his defense team and protection for his health.
On September 22, the IACHR called on the state to adopt the necessary measures to protect Anaya’s rights to life, personal integrity, and health.
However, sources familiar with the case affirmed that, to date, the state has not provided any communication regarding its compliance with these requests.
These sources stated that the defense team has petitioned the court overseeing Anaya’s case to hold a hearing to review the measures, so that he may be granted alternatives to detention, as the IACHR requested.
“The Commission recognizes that Enrique Anaya’s situation is grave and urgent with regard to his rights to health, life, and personal integrity. The gravity is such that he is on the verge of suffering irreparable harm,” the source stated.
On June 20, the Supreme Court of Justice (CSJ) admitted a habeas corpus petition (locally known as exhibición personal) on behalf of Anaya Barraza, citing the violation of his rights to health and an adequate defense.
However, the defense has also petitioned the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice (CSJ) to report on the status of the writ filed before that body.
The IACHR requested that El Salvador, within 15 days of the resolution’s notification, provide a detailed account of its adoption of the required precautionary measures and to update this information periodically.
Anaya was captured on June 7, 2025, and has been held incommunicado since being transferred to a penitentiary. “There is no certainty regarding his current situation or his health, considering his chronic medical conditions,” the IACHR stated. The lawyer is accused of money laundering.
The constitutional lawyer was reportedly transferred on July 10 to the La Occidental Penitentiary Center in Santa Ana.
The press office of the Cancillería (Foreign Ministry), the institution responsible for communications with the IACHR, was asked whether the Salvadoran state had issued a response to the international body, but no reply was received by press time.
Enrique Anaya sigue sin ver a sus abogados, pese a medidas de CIDH
El Estado salvadoreño sigue sin cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar al abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya, detenido desde junio pasado, acceso a sus defensores y garantías de su salud.
La CIDH solicitó al Estado el pasado 22 de septiembre que adoptara las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Anaya.
Sin embargo, fuentes vinculadas al caso afirmaron que hasta la fecha aún no existe comunicación por parte del Estado con respecto al cumplimiento de estas peticiones.
Estas fuentes aseguraron que el equipo de defensa ha solicitado al Tribunal que lleva el proceso de Anaya que realice una diligencia de revisión de medidas, para que pueda recibir medidas alternas a la detención, como solicitó la CIDH.
«La Comisión reconoce que la situación de Enrique Anaya es grave y urgente en lo que se refiere en su derecho de salud, a la vida y a integridad personal. Esa gravedad es tal que su situación se encuentra a pasos de tener daños irreparables», mencionó la fuente consultada.
La CSJ admitió el pasado 20 de junio el recurso de hábeas corpus (conocido como exhibición personal) a favor de Anaya Barraza, por la vulneración de sus derechos a la salud y a la defensa adecuada.
Sin embargo, la defensa también ha solicitado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que informe sobre el avance del recurso presentado en esta instancia judicial.
La CIDH solicitó a El Salvador que detallara, en un plazo de 15 días, contados a partir de la notificación de la resolución, sobre la adopción de medidas cautelares requeridas y que actualizaran la información en forma periódica.
Anaya fue capturado el 7 de junio de 2025 y desde que fue enviado a un centro penal se encuentra en una situación de incomunicación absoluta, «no se tendría certeza sobre su situación actual ni su condición de salud considerando sus padecimientos crónicos», menciona la CIDH. El abogado es acusado del delito de lavado de dinero.
Según se conoció, el constitucionalista fue enviado el 10 de julio al Centro Penal La Occidental, ubicado en Santa Ana.
Se consultó al equipo de prensa de la Cancillería, que es la institución encargada de entablar comunicaciones con la CIDH, para saber si el Estado salvadoreño ha emitido alguna respuesta a esta instancia internacional pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta a la pregunta enviada.