The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) has decided to examine the complaint filed by Cristosal regarding the arbitrary dismissal and transfer of judges in El Salvador—a measure that, according to the organization, undermined judicial independence and eroded confidence in the justice system.
The case stems from 2021, when an amendment to the Judicial Career Law triggered forced retirements and transfers that, as Cristosal asserts, were driven by political motives rather than legal grounds. These actions reportedly affected even landmark proceedings, such as the El Mozote massacre case.
The complaint was submitted on behalf of 76 judges who claim they were removed from their positions without due process. For Cristosal, this situation formed part of a broader consolidation of power that began with the ousting of magistrates from the Constitutional Chamber in May 2021.
The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) acknowledged that the Salvadoran state failed to provide effective mechanisms for the judges to defend themselves and emphasized the need to scrutinize these events due to their repercussions on judicial independence and the safeguarding of human rights.
With this decision, the Commission paves the way for an analysis that could establish a vital precedent in upholding the rule of law and protecting those who serve justice in El Salvador.
YSUCA: https://ysuca.org.sv/2025/10/cidh-analiza-retiro-forzoso-de-76-jueces-en-el-salvador/
CIDH analiza retiro forzoso de 76 jueces en El Salvador
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió analizar la denuncia presentada por Cristosal sobre el cese y traslado arbitrario de jueces y juezas en El Salvador, una medida que, según la organización, debilitó la independencia judicial y afectó la confianza en el sistema de justicia.
El caso se originó en 2021, cuando una reforma a la Ley de la Carrera Judicial provocó jubilaciones forzosas y traslados que, de acuerdo con Cristosal, respondieron a motivos políticos más que legales. Estas acciones habrían impactado incluso en procesos emblemáticos como el de la masacre de El Mozote.
La denuncia fue presentada en nombre de 76 jueces y juezas que aseguran haber sido apartados de sus cargos sin el debido proceso. Para Cristosal, esta situación formó parte de un proceso de concentración de poder que comenzó con la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que el Estado salvadoreño no ofreció mecanismos efectivos para que los jueces pudieran defenderse y destacó la importancia de revisar estos hechos por su impacto en la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos.
Con esta decisión, la Comisión abre la puerta a un análisis que podría marcar un precedente en la defensa del Estado de derecho y en la protección de quienes trabajan por la justicia en El Salvador.
YSUCA: https://ysuca.org.sv/2025/10/cidh-analiza-retiro-forzoso-de-76-jueces-en-el-salvador/