This first monitoring report on the agreement with the IMF finds that the Salvadoran government is delayed on, or in breach of, most of its pledges, particularly on fiscal transparency, anti-corruption efforts, public procurement, and Bitcoin management.
So reports Acción Ciudadana (Citizen Action) in its first follow-up study on the agreement, after analyzing each of the government’s commitments to the IMF and the Fund’s July review.
The report concludes that “the majority of commitments have not been fulfilled, either because the deadline has not yet elapsed or because no information was found demonstrating any progress.”
Key areas of concern include the lack of transparency in public procurement, where the Fund required the publication of the ultimate beneficial owners of all government contracts.
The document notes that “the guideline with the exceptions was found, but not the Presidential Decree,” and that “the ultimate beneficial owners have not been published” on the official portal.
The new anti-corruption framework—meant to include a National Anti-Corruption Center and the disclosure of asset declarations—has also not been implemented, the report states, adding that there is no public evidence of compliance with these obligations.
As for fiscal transparency, although the Legislative Assembly approved a new Fiscal Responsibility Law in June, the study underscores that it was introduced “via a fast-track process and without in-depth analysis.”
It also notes that information regarding state-owned companies remains under seal, including in the cases of Diario El Salvador and Constructora El Salvador, which “allegedly concealed their financial statements,” according to the report.
Another area of noncompliance flagged by Acción Ciudadana is the handling of cryptocurrencies.
Despite the commitment to reduce public exposure to Bitcoin, the report indicates that “no information was found on the financial statements of companies participating in the Bitcoin project,” nor on the process to dismantle Chivo Wallet.
Acción Ciudadana emphasizes the issue of pension reform, which was to include an independent actuarial assessment no later than September 30, 2025. That deadline has passed, the study remains pending, and there is no information on when it will be released.
“The evaluation itself has not been conducted,” the report states, urging the government to publish the information under seal held by the Banco Central (Central Bank) and the Superintendencia del Sistema Financiero (Superintendency of the Financial System).
Finally, the Acción Ciudadana report concludes that the IMF, in its first review, warned that deficiencies in judicial independence, access to information, and public spending controls could undermine the credibility of the agreed-upon financial program.
The IMF and El Salvador reached a staff-level agreement on the program under the Servicio Ampliado (Extended Fund Facility, EFF) for about $1.4 billion in financing over forty months, setting out the program’s elements and El Salvador’s commitments.
As part of the Fund’s monitoring of such programs, in July 2025 it posted on its website that the Executive Board had concluded the Article IV Consultation, thereby completing the arrangement’s first review—on which Acción Ciudadana’s report is based.
The organization’s document urges the State to accelerate institutional reforms and to publish key information on the use of public resources and digital assets. The report, more than 30 pages long, concludes with documentary evidence such as photographs and screenshots of the Fiscal Responsibility Law and of the Dirección Nacional de Compras (National Procurement Directorate) website, among other images.
Acción Ciudadana advierte incumplimiento de mayoría de compromisos de transparencia y gobernanza con el FMI
Se trata del primer informe de seguimiento al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que revela que el Gobierno salvadoreño mantiene retrasos o incumplimientos en la mayoría de los compromisos adquiridos, especialmente en materia de transparencia fiscal, lucha anticorrupción, compras públicas y gestión del Bitcoin.
Así lo señala la organización Acción Ciudadana, en su primer estudio del seguimiento del acuerdo, luego de analizar uno a uno los compromisos del Gobierno pactados con el FMI y tras la revisión hecha por el Fondo en julio.
El informe concluye que “la mayoría de los compromisos no han sido cumplidos, ya sea porque no ha culminado la fecha establecida o porque no se encontró información que demuestre algún nivel de avance”.
Entre los puntos críticos se encuentra la falta de transparencia en las compras públicas, donde el Fondo exigió la publicación de los beneficiarios finales de todos los contratos estatales.
El documento detalla que “se encontró el lineamiento con las excepciones, pero no el Decreto Presidencial” y que “no se han publicado los beneficiarios finales” en el portal oficial.
Sobre el nuevo marco anticorrupción, que debía incluir un Centro Nacional Anticorrupción y la divulgación de declaraciones patrimoniales, tampoco se ha implementado, dice el documento y además recalca que no hay evidencia pública del cumplimiento de estas obligaciones.
En cuanto a la transparencia fiscal, aunque la Asamblea Legislativa aprobó en junio una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, el estudio subraya que esta fue introducida “con dispensa de trámite y sin análisis profundo”
Además, señala que persisten reservas de información sobre empresas estatales, incluyendo el caso de Diario El Salvador y Constructora El Salvador, que “habrían ocultado sus estados financieros”, según se documenta en el informe
Otro punto de incumplimiento advertido por Acción Ciudadana es el manejo de criptomonedas.
Pese al compromiso de reducir la exposición pública al Bitcoin, el informe indica que “no se encontró información sobre estados financieros de las empresas que participan en el proyecto Bitcoin” ni sobre el proceso de desmantelamiento de la Chivo Wallet.
Acción Ciudadana hace énfasis en el tema de la reforma de pensiones que debía incluir una evaluación actuarial independiente a más tardar el 30 septiembre de 2025, la fecha se cumplió y hasta el momento el estudio sigue pendiente y no hay información de cuándo será divulgado.
“No se ha realizado la evaluación como tal”, afirma el reporte, que insta al Gobierno a publicar la información reservada por el Banco Central y la Superintendencia del Sistema Financiero
Finalmente, el informe de Acción Ciudadana concluye que el FMI en su primera revisión advirtió que las deficiencias en independencia judicial, acceso a la información y control del gasto público podrían afectar la credibilidad del programa financiero acordado.
El Fondo Monetario Internacional y El Salvador llegaron a un acuerdo técnico sobre el programa en el marco del Servicio Ampliado (SAF) por unos $1,400 mil millones de financiamiento por un periodo de cuarenta meses, estableciéndose los elementos del programa y los compromisos adquiridos por El Salvador.
Por el seguimiento que realiza el Fondo sobre estos programas, en julio de 2025 publicó en su sitio web que el Directorio Ejecutivo había finalizado la Consulta del Artículo IV completando así la primera revisión del acuerdo, sobre la que se basa el informe de Acción Ciudadana.
El documento de la organización exhorta al Estado a acelerar las reformas institucionales y a publicar información clave sobre el uso de recursos públicos y activos digitales. El informe con más de 30 páginas, cierra con pruebas documentales como fotografías o capturas de pantalla de la Ley de Responsabilidad Fiscal, de la página de la Dirección Nacional de Compras, entre otras imágenes.